Las medidas de seguridad social han sido un componente importante de la respuesta de emergencia de los gobiernos a la crisis de la COVID-19. Mientras que algunos países se vieron obligados a seguir el camino fácil ofreciendo unas prestaciones mínimas debido a las restricciones financieras y la presión política, muchos otros optaron por adoptar una estrategia de alto nivel e invertir en reforzar sus sistemas de protección social (OIT, 2021a, p. 18). Las medidas de estímulo fiscal, la adaptación de las cotizaciones y prestaciones de seguridad social, y los ajustes en los procesos operativos y la prestación de servicios han ayudado a reducir, de manera efectiva, los efectos económicos y sociales de la crisis.

En abril de 2021, según el Ranking de Resiliencia a la COVID-19 establecido por Bloomberg, ocho de los diez primeros países de esta lista eran economías de Asia y el Pacífico, ocupando Singapur, Nueva Zelandia y Australia los primeros puestos (Strait Times, 2021). En este capítulo se describen las medidas políticas y administrativas que se aplicaron en los países de la región para hacer frente a la pandemia, y se resumen los principales mensajes que se extraen de la experiencia.

Aplicación de programas y políticas para garantizar una protección adecuada y oportuna a la población

Los gobiernos nacionales de la región han aplicado muchas políticas y programas para contener la propagación del virus, garantizar un acceso efectivo a la atención de salud y apoyar la seguridad del empleo y de los ingresos de las personas afectadas por la crisis.

Asignación de fondos presupuestarios adicionales por parte de los gobiernos al sistema de salud

Muchos países de la región han transferido recursos fiscales adicionales al sistema de salud mediante la adopción de medidas de estímulo para hacer frente a la COVID-19.

En China (Ke y Zhang, 2020) y en la República de Corea, el Gobierno central se comprometió a asumir los gastos que no cubriera el seguro de enfermedad, con el fin de garantizar pruebas diagnósticas y tratamiento médico gratis a todos los pacientes de COVID-19 y posibles infectados. El Gobierno de Indonesia prometió cubrir todos los gastos relativos a los tratamientos médicos de la COVID 19 con el presupuesto general, y, del mismo modo, el Gobierno de Singapur decidió asumir todos los gastos relativos a la atención hospitalaria de los pacientes de COVID-19 y posibles infectados.

En la India, mientras que el número de muertos aumentaba y la cuarta ola de la COVID-19 afectaba a casi todas las familias, el Ministro Principal de Delhi puso en marcha, en julio de 2021, un régimen y un portal en línea para suministrar una ayuda económica de 50 000 rupias indias (INR) a título graciable a las familias que hubieran perdido a algún miembro a causa del virus, y de 2 500 INR adicionales al mes si la persona fallecida era el único sostén de la familia (Times of India, 2021).

En junio de 2021, Malasia anunció un paquete de medidas de ayuda económica para hacer frente a la COVID-19 de 150 mil millones de ringits (MYR) [(36 mil millones de dólares de los Estados Unidos (USD)], que incluían transferencias directas en efectivo a los ciudadanos, asistencia a las pequeñas y medianas empresas, y un gasto adicional en atención médica. El paquete destina 10 mil millones de MYR del gasto fiscal directo a ayudas en efectivo, prestaciones por desempleo y subsidios salariales (Das, 2021).

En el Pakistán, una de las medidas iniciales que adoptó el Gobierno fue reforzar el Programa Benazir de Apoyo a los Ingresos (Benazir Income Support Program – BISP), programa nacional de ayuda social, con el fin de brindar apoyo adicional a los 4,5 millones de beneficiarias de este programa. El Gobierno también amplió en 2020 su emblemático programa de transferencias monetarias, Ehsaas Kafalat, para incluir a 7,5 millones de familias más, que se habían visto perjudicadas por la crisis, lo que representó un incremento del 85 por ciento del presupuesto anual que suele destinar a las transferencias monetarias (Khan y Jamy, 2020).

Ampliar y garantizar el acceso efectivo a la atención de salud

Tailandia aumentó la protección financiera en relación con los gastos en salud por motivos de COVID-19 de los residentes nacionales y extranjeros, proporcionándoles acceso a la cobertura universal para pacientes de emergencia (Universal Coverage for Emergency Patients – UCEP). Esta medida permite a los pacientes recibir un tratamiento gratuito en el hospital privado o en los hospitales públicos más cercanos (OIT, 2020).

En Filipinas, la Corporación del Seguro de Enfermedad, además de ofrecer un paquete de medidas que incluye pruebas de detección de la COVID-19, derivación de casos y cuarentena, adelantó 30 mil millones de pesos filipinos (PHP) (lo que corresponde a 583 millones de USD) a los hospitales acreditados. Un mecanismo de reembolso provisional proporciona a los proveedores de atención de salud liquidez para hacer frente al aumento de la demanda (OIT, 2020).

En la ciudad de Wuhan (China), donde, a principios de 2020, el brote de COVID-19 colapsó el sistema hospitalario local, el Gobierno nacional trasladó a 42 600 médicos y enfermeras de otras regiones para prestar ayuda en esta ciudad. En apenas 10 y 12 días se construyeron dos hospitales nuevos, uno con 1 000 camas y otro con 1 600.

Medidas provisionales para el pago de las cotizaciones de la seguridad social y las obligaciones tributarias

En el marco de las medidas adoptadas por los gobiernos, muchos regímenes de seguridad social facilitaron el aplazamiento, la reducción o incluso la exención del pago de impuestos y cotizaciones de la seguridad social por parte de las empresas durante un tiempo determinado.

En Brunei Darussalam, el plan de medidas de estímulo ofrecía a todas las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas de menos de 100 empleados un aplazamiento de seis meses para el pago de las cotizaciones obligatorias al Fondo Fiduciario para Empleados y al plan complementario de pensiones contributivas para los empleados locales que ganaran menos de 1 500 dólares de Brunei (BND) al mes.

A partir de febrero de 2020, los empleadores de las empresas unipersonales y las pequeñas y medianas empresas de China podían beneficiarse de la exención del pago de las cotizaciones de los empleadores a los regímenes de seguro de vejez, desempleo y accidentes de trabajo durante un máximo de cinco meses. En lo referente a las grandes empresas, estas cotizaciones podían reducirse un 50 por ciento durante un máximo de tres meses. Además, las administraciones locales dispusieron de cierta flexibilidad para adaptar las cotizaciones de los empleadores al fondo del seguro médico básico entre febrero y junio de 2020. Se permitió a las empresas que hubieran sufrido una reducción considerable de los ingresos debido a la crisis aplazar el pago de las cotizaciones de la seguridad social durante un máximo de seis meses sin ninguna penalización. Ante la persistencia de la pandemia, que pone a algunas empresas bajo una gran presión financiera, la política de reducción progresiva de las cotizaciones del seguro de desempleo y del seguro de accidentes de trabajo se amplió un año, hasta el 30 de abril de 2021 (AISS, 2020).

Viet Nam eximió de pagar las cotizaciones del seguro social a la caja de las pensiones de jubilación y de supervivencia, durante un máximo de 12 meses y sin ninguna penalización por retraso, a las empresas que se encontraran en dificultades debido a la pandemia de COVID-19 (OIT, 2020e).

Políticas de fomento del empleo y de protección contra el desempleo para varios grupos sociales

Si bien la protección social se financia por diversos medios, depende en última instancia de la capacidad de las personas para trabajar y percibir un salario (OIT, 2017). Varios gobiernos de la región de Asia y el Pacífico han dado gran importancia a las políticas de mantenimiento del empleo y de protección en caso de desempleo durante la crisis de la COVID-19.
 
En abril de 2020, el Gobierno de Hong Kong (China) anunció un paquete de ayudas de 137,5 mil millones de dólares de Hong Kong (HKD), que incluía el régimen de apoyo al empleo (Employment Support Scheme). Este régimen cubría el 50 por ciento de los salarios de los empleados (hasta un máximo de 9 000 HKD). La prestación se pagó a más de 1,5 millones de empleados, por medio de 260 mil empleadores, durante seis meses y en dos tramos. Los trabajadores por cuenta propia titulares de una cuenta activa en la Caja de Previsión Obligatoria al 31 de marzo de 2020 también tenían derecho a la prestación (Fastlane Group, 2020).

A principios de febrero de 2021, Indonesia introdujo el Programa de Prestaciones por Desempleo para los trabajadores que cotizaran al régimen de la atención de salud y al régimen de pensiones del país. Los empleados cuyo contrato hubiera sido suspendido temporalmente tenían derecho a recibir prestaciones en efectivo durante un máximo de seis meses, así como formación y orientación profesional (Akset, 2021).

Jordania presentó en abril de 2020 cinco programas para apoyar a los trabajadores desempleados durante la pandemia. Dos de ellos consisten en la concesión de prestaciones por suspensión de la actividad laboral, tanto para los empleadores que estuvieran cubiertos por la seguridad social (Tadamun I) como los que no (Tadamun II). Los otros tres, a saber, Musaned I, Musaned II y Musaned III (que significa “apoyo” en árabe) incluyen prestaciones monetarias en función del nivel de ingresos y la posibilidad para los empleados de retirar hasta 450 dinares jordanos (JOD) de las cuentas de desempleo durante un periodo de tres meses (AISS, 2021b).

El Japón redujo los requisitos para tener derecho al Subsidio para el Ajuste del Empleo, con el fin de incentivar a los empleadores a mantener a los trabajadores por medio de licencias parcialmente remuneradas. El subsidio reembolsa a las pyme dos tercios de las prestaciones por licencia, y a las empresas grandes, la mitad (OIT, 2020).

En junio de 2020, el Gobierno de Nueva Zelandia anunció que concedería a los empleadores que estuvieran formando a aprendices un subsidio de 390 millones de dólares neozelandeses (NZD). Este plan se aplicaba al aprendizaje en todos los ámbitos, duraba 20 meses (a partir de agosto de 2020) y beneficiaba a 18 000 empleados. Se pagaría a las empresas 1 000 NZD al mes por cada aprendiz en su primer año de formación, y 500 NZD al mes durante el segundo año de formación (Stuff, 2020).

Apoyo a los ingresos mediante la asistencia social, las transferencias monetarias y otro tipo de ayudas

Para hacer frente a la COVID-19, los gobiernos han adoptado medidas de apoyo a los ingresos en forma de prestaciones de asistencia social y otras prestaciones financiadas con cargo a los impuestos. Los desembolsos en efectivo a los grupos de ingresos bajos y medianos les permiten satisfacer sus necesidades diarias y estabilizan la economía gracias su efecto multiplicador.

Por ejemplo, Australia amplió el acceso a las ayudas a los ingresos destinadas a las personas que cuidan de los contagiados. Se efectuó un pago único de 750 dólares australianos (AUD) (lo que equivale a 431,90 USD) a las personas que cumplían los requisitos para tener derecho a las prestaciones de seguridad social, las prestaciones destinadas a los veteranos de guerra y otros tipos de apoyo a los ingresos, en total, unos 6,5 millones de australianos de ingresos más bajos (Borys, 2020).

Desde marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, el Gobierno japonés empezó a conceder subsidios a las empresas para ayudarlas a cubrir los costos de las licencias remuneradas de los trabajadores que tuvieran que cuidar de sus hijos debido al cierre de las escuelas impuesto en el contexto de la COVID-19. El subsidio máximo diario por persona, que se estableció en un principio, era de 8 330 yenes (JPY), y se aumentó a 15 000 JPY el 1 de abril de 2020 (OCDE, 2020; AISS, 2021c; Anshin Immigration & Social Security, 2020).

En Tailandia, el Gobierno anunció en marzo de 2020 la introducción de un programa de transferencias monetarias de 5 000 bahts (THB) de tres meses de duración, destinadas a 9 millones de trabajadores del sector informal que no estaban cubiertos por la Caja de Seguridad Social (Gentilini, Almenfi y Orton, 2020).

Medidas administrativas y operativas para mejorar las prestaciones y los servicios

Como pone de relieve la base de datos de buenas prácticas de la AISS (AISS, 2021a), las instituciones de seguridad social han introducido un gran número de medidas innovadoras para mejorar las prestaciones y los servicios. Estos ajustes en materia de funcionamiento y prestación de servicios han hecho posible la adopción de medidas de emergencia y la continuidad del suministro de las prestaciones de seguridad social a pesar de las restricciones impuestas por la COVID-19.

Puesta en marcha de medidas de socorro y asistencia especial ante la emergencia

En el marco de la respuesta de los gobiernos, las instituciones de seguridad social han adoptado medidas para ayudar a los miembros a hacer frente a la pandemia.
 
En mayo de 2020, el Fondo Nacional de Previsión de Fiji abonó a sus 7 000 pensionistas activos una suma global de entre 300 y 900 dólares fiyianos (FJD) para ayudarlos a hacer frente a la COVID-19.

En Malasia, la Organización de la Seguridad Social fue más allá de su mandato, brindando su apoyo al programa específico de detección de la COVID-19.

En la Arabia Saudita, poco después del brote de la COVID-19, la Organización General del Seguro Social permitió a los empleadores suspender temporalmente el pago de los salarios y, en su lugar, compensar a los empleados por medio del SANED, programa de seguro de desempleo. De este modo, los empleados conservaron su empleo.

En Singapur, el Consejo de Administración del Fondo Central de Previsión, por medio de su Centro de Excelencia para el Pago a los Ciudadanos, administró los regímenes de transferencias sociales del Gobierno para ayudar a los singapurenses.

Simplificación de los trámites administrativos

En China, con vistas a optimizar y garantizar los procedimientos de desembolso de prestaciones, los organismos del seguro social simplificaron los trámites para solicitar las prestaciones por desempleo, en particular la eliminación de los requisitos relativos a la documentación, el plazo de presentación de la solicitud y otras condiciones relacionadas.

En Fiji, el Fondo Nacional de Previsión puso en marcha su proyecto de automatización robotizada de procesos (Robotic Process Automation) para automatizar los procesos de registro, solicitud, aprobación y pago, que ha facilitado mucho estas tareas. Gracias a las innovaciones realizadas en la aplicación móvil FNPF (FNPF Mobile App), los miembros pueden solicitar directamente la retirada de fondos sin necesidad de visitas presenciales.

En Indonesia, la Organización de Seguridad Social para la Salud (BPJS Kesehatan) introdujo PANDAWA, una aplicación para los servicios administrativos, y CHIKA, un chatbot para facilitar el acceso a la información y alentar a los miembros a utilizar sus teléfonos inteligentes para expresar su opinión. Estas medidas ayudaron a prestar los servicios de forma fácil, rápida y fiable, y minimizaron el contacto físico entre los miembros y el personal de la Organización.

En Jordania, la Institución de Seguridad Social estableció un centro de llamadas unificado, disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para recibir las solicitudes que no podían presentarse por medios electrónicos. Un servicio digital procesaba y completaba las transacciones electrónicas en un único lugar. En 2020 se realizaron un total de 1 111 967 transacciones electrónicas (respecto de las 443 789 en 2019), lo que corresponde al 93,5 por ciento del número total de transacciones realizadas en 2020 (respecto del 75,1 por ciento en 2019).

En Filipinas, el Instituto de Seguridad Social aceleró sus proyectos de transformación digital para aumentar la capacidad de respuesta de sus procedimientos administrativos, así como su eficiencia y efectividad durante la pandemia, y creó nuevos canales de prestación de servicios, como varias aplicaciones móviles y plataformas en línea.

Desarrollo de la capacidad del personal y teletrabajo

Si bien en algunos países el teletrabajo se viene practicando desde el decenio de 1970, la pandemia de COVID-19 ha hecho que sea obligatorio en la región de Asia y el Pacífico, al igual que en el resto del mundo, para mitigar las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis (OIT, 2021b).

En Australia, poco después del inicio de la pandemia de COVID-19, más de 2 100 funcionarios fueron destinados a Services Australia, con el objetivo de responder a las llamadas para solicitar ayuda. La demanda alcanzó su máximo en abril de 2020, y 11 898 empleados prestaron ayuda a este organismo, de las cuales 3 414 eran empleados reubicados de Services Australia. Gracias a la movilización, formación y despliegue sin precedentes del personal, Services Australia pudo gestionar de manera efectiva todas las llamadas y solicitudes.

En Malasia, la Organización de la Seguridad Social (PERKESO) estableció un comité para la gestión de la pandemia, con el objetivo de debatir y adoptar decisiones sobre los asuntos relacionados con la COVID-19. Los empleados de la PERKESO encargados de realizar tareas esenciales se dividieron en dos equipos que iban rotando cada semana para tramitar las solicitudes y realizar otras actividades diarias. A los empleados no esenciales se les pidió que trabajaran desde casa. Todas las reuniones se celebraban en línea y el personal contaba con el apoyo de los programas Enrich de la Organización, por medio de los cuales recibían formación e información sobre temas como la higiene, la salud mental, las ideas preconcebidas sobre la COVID-19 y las nuevas normas (Azman, 2020).

En Filipinas, el Instituto de Seguridad Social respetó las medidas de distanciamiento físico en todas las oficinas locales, programó las operaciones en determinadas ramas específicas, digitalizó algunos procedimientos, permitió a parte del personal teletrabajar y brindó apoyo a los empleados que acudían a trabajar a las oficinas (Ignacio, 2020).

Cuando la Arabia Saudita cerró todos los organismos gubernamentales como medida de seguridad frente a la pandemia, la Agencia Pública de Pensiones garantizó la continuidad de todas sus operaciones y servicios por medios electrónicos a través de su sitio web y de las aplicaciones móviles, de Twitter, de un sistema automático de respuesta de voz y de centros de atención a los usuarios. Se impartieron a los empleados un total de 19 cursos de formación a distancia, con el fin de mantener la calidad y la eficacia de su trabajo, de los cuales 5 cursos estaban destinados a los empleados de las distintas ramas y 14 cursos, a los empleados de los centros de atención, con el fin de mantener un nivel alto de la calidad del servicio.

Hacia los servicios de telemedicina

Beijing fue una de las primeras ciudades de China en proponer las consultas en línea y las recetas electrónicas entre los hospitales acreditados desde febrero de 2020. Esto ha permitido a los pacientes, en particular a los grupos de alto riesgo, como las personas de edad avanzada o las personas con enfermedades crónicas, recibir servicios médicos en casa, pagar las facturas en línea y elegir el modo de entrega de los medicamentos. Para las personas mayores de 65 años con una enfermedad crónica o con discapacidad, los servicios de salud comunitarios han estado entregando los medicamentos a domicilio durante la pandemia (AISS, 2020).

A partir de marzo de 2020, la Organización de Seguridad Social para la Salud de Indonesia implantó el servicio de teleconsulta para los procedimientos curativos, preventivos y de rehabilitación. La aplicación Mobile KJN, los centros de llamadas, los SMS y otras aplicaciones para el envío de mensajes a través de las plataformas garantizaron el acceso a la información. La teleconsulta, junto con el sistema de farmacia en línea introducido en 2018, han garantizado el acceso de los miembros a los servicios de salud de manera fácil, rápida y efectiva. Esto es especialmente importante para los pacientes con enfermedades crónicas que tienen que hacerse revisiones mensuales.

En el Irán, el brote de la COVID-19 impulsó y aceleró la telemedicina y las recetas electrónicas. Para mediados de 2021, 47 000 de los 49 800 centros médicos contratados por la Organización de Seguridad Social ya dispensaban recetas electrónicas. Al mismo tiempo, 11 600 proveedores de servicios de salud no afiliados utilizaban una interfaz de programación de aplicaciones (API) para las recetas electrónicas. Actualmente, el 90 por ciento de las recetas son electrónicas.

Hacia los servicios electrónicos sin contacto físico

Para reducir el riesgo de infecciones cruzadas, todas las instituciones de seguridad social de Asia y el Pacífico han reducido al mínimo los servicios presenciales y han limitado los movimientos del personal que trabaja en los puestos de atención. Esto ha permitido acelerar la adopción de los servicios electrónicos, que no implican contacto físico, y establecerlos como el principal canal de prestación de los servicios.
 
En Australia, cuando se aplicaron las medidas de confinamiento en marzo de 2020, Services Australia aceleró el pago de prestaciones correspondiente al volumen sin precedentes de solicitudes de las personas que buscaban empleo, mediante la ampliación del servicio de procesamiento totalmente automatizado (Straight Through Processing) existente. Más del 99 por ciento de estas decisiones de pago automatizadas son exactas, lo que está muy por encima de los objetivos de la institución.

En el Irán, la Organización de Seguridad Social adoptó una serie de medidas para hacer frente a la COVID 19, entre las que figuraban la creación de cuentas de usuarios en línea para cada miembro, la puesta en marcha de un sistema inteligente para la presentación de las declaraciones relativas a los seguros y las nóminas. A ello se añade: a) la digitalización de las notificaciones por las que se informa a los empleados sobre las cantidades adeudadas; b) la comunicación electrónica de la liquidación de cotizaciones a los empleadores/contratistas; c) el pago electrónico de las cotizaciones; y d) el pago digital de las prestaciones por desempleo en el marco del proyecto 3070, es decir, 30 servicios digitales para reducir las visitas presenciales en 70 millones.

En la Arabia Saudita, en 2020 se creó una plataforma electrónica llamada Taqdeer destinada a los afiliados de la Organización General del Seguro Social para hacer frente a los desafíos que planteaba la COVID-19. La plataforma electrónica ofrece varios canales de comunicación: la función “contáctenos” (Contact us), para presentar reclamaciones y hacer consultas; los servicios prestados por las distintas ramas, para presentar solicitudes; un chat en vivo, el servicio telefónico Call Me; y el sistema de reserva de citas virtuales. Para la Agencia Pública de Pensiones, la transformación digital es uno de los pilares principales de su plan estratégico para el año 2022. Ha fusionado las distintas ramas, reduciendo su número de 61 a 17, ha digitalizado todos sus servicios y ha garantizado una prestación de servicios a los usuarios sin necesidad de visitas presenciales.

En los Emiratos Árabes Unidos, el Fondo de Pensiones de Abu Dabi mantuvo su actividad en 2020, de forma que sus servicios estuvieron disponibles al 99,9 por ciento y sin que el sistema quedara inactivo en ningún momento, gracias a los esfuerzos realizados en los años anteriores a la pandemia para prestar un conjunto completo de servicios a través de una ventanilla única, en cualquier lugar y a cualquier hora.

Bibliografía