El fraude se ha convertido en una grave amenaza para los sistemas de atención de salud de todo el mundo. Las instituciones de seguridad social tratan constantemente de optimizar los procesos con la ayuda de análisis avanzados y de la inteligencia artificial (IA) para detectar y supervisar el fraude de forma más eficaz y eficiente, si bien la adopción de esas tecnologías emergentes plantea desafíos importantes.

Las instituciones de seguridad social son un elemento importante de la administración pública y los líderes políticos de los distintos países las utilizan como barómetros de la opinión pública. Esta es una razón de peso que lleva a los administradores a esforzarse por alcanzar la excelencia en la administración de los programas de seguridad social.

En las Américas, como en el resto del mundo, la seguridad social es un poderoso instrumento mediante el cual los ciudadanos sienten la presencia del gobierno. La calidad de la experiencia con la seguridad social es un indicador importante de la satisfacción de los ciudadanos con el gobierno y los líderes políticos; por lo tanto, los administradores tienen una razón de peso para esforzarse por alcanzar la excelencia en la administración de los programas de seguridad social.

La detección y la prevención de los errores, la evasión y el fraude (EEF) son esenciales para los sistemas de seguridad social, puesto que estos tienen repercusiones directas en diferentes aspectos de la seguridad social. Por un lado, los efectos económicos relativos a la falta de recaudación de las cotizaciones y a las prestaciones abonadas indebidamente pueden socavar la sostenibilidad económica de los regímenes de seguridad social. Por otro lado, existen consecuencias no económicas relacionadas con la pérdida de derechos sociales por los trabajadores y las personas a su cargo, lo cual, a su vez, merma la competencia económica leal mediante el dumping social y la pérdida de confianza en el sistema de seguridad social (Goveia y Sosa, 2016).

Los problemas de evasión y fraude en la seguridad social tienen un alto costo social y económico, crean desequilibrios en las cuentas de seguridad social y, en última instancia, provocan daños económicos que son perjudiciales para el funcionamiento y la competitividad de la economía nacional. Tienen además consecuencias políticas, ya que socaban la reputación de las instituciones que administran los programas de seguridad social. Se calcula que la evasión y el fraude causan un déficit de ingresos de entre un 3 y un 5 por ciento en los sistemas de seguridad social, y equivalen a hasta un 2 por ciento del producto interno bruto de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (RAND Europe, 2014). Estas cifras son probablemente más altas en los países con economías menos formales.