Las tecnologías digitales están transformando radicalmente el diseño y la prestación de servicios públicos. En este artículo se analiza en detalle la aplicación de las estrategias de inclusión digital en las instituciones europeas miembros de la AISS.

Si bien las administraciones de la seguridad social han aplicado gradualmente estrategias digitales a lo largo de los últimos decenios, la crisis de la COVID-19 ha acelerado su proceso de transformación digital. La resiliencia y la escalabilidad de los sistemas digitales para dar respuesta a las necesidades sin precedentes pese a las limitaciones operativas ha tenido un efecto decisivo en la “digitalización por defecto” de las organizaciones. Este artículo se basa en las experiencias de las instituciones de seguridad social de Europa. 

Los sistemas de seguridad social de la región de Europa tienen un historial de promoción del crecimiento inclusivo y la cohesión social. Además del seguro social de los trabajadores, los sistemas suelen abordar la pobreza económica y sus causas profundas por medio de transferencias de ingresos y asistencia social financiadas con cargo a los impuestos. En cuanto a la protección social, resulta prioritario adoptar un enfoque que abarque toda la vida, especialmente para los sistemas integrales de la región. En términos generales, la protección social en Europa mitiga los riesgos desde el nacimiento hasta el inicio de la vida laboral, además de en el trabajo y durante los periodos de desempleo, incapacidad para trabajar o cuando ya no se puede seguir trabajando.

La región de Europa se caracteriza por la diversidad de sus sistemas nacionales de seguridad social, así como por el alcance de la cobertura que ofrecen.

Las instituciones de seguridad social de la región de Europa están adoptando medidas para mejorar su gobernanza y desempeño, y utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para lograr la excelencia en los servicios en el marco de los programas que administran.

Los gobiernos europeos han puesto en marcha planes de estímulo económico más amplios para dar respuesta a la segunda ola de COVID-19. En este contexto, se prorrogan las medidas consistentes en el aplazamiento temporal de la recaudación de las cotizaciones a la seguridad social y en la exención de obligaciones o la reducción de las tasas de cotización para algunos grupos de población. Hasta la fecha, 68 países han adoptado al menos una de estas medidas (monitor de la AISS sobre el coronavirus: medidas por país). En una comunicación de abril de 2020, la Comisión Europea respaldó estas medidas y las describió como una “valiosa herramienta para reducir las dificultades de liquidez de las empresas y preservar el empleo” durante la crisis provocada por la COVID-19 (EC, 2020a).

En Europa, debido a la segunda ola del coronavirus, se han vuelto a introducir medidas de distanciamiento físico, restricciones de la actividad económica, el teletrabajo, toques de queda y confinamientos desde el mes de septiembre. Sin saber a ciencia cierta cuánto durará la crisis sanitaria y qué efectos colaterales tendrá en la economía, los gobiernos han evaluado de nuevo la situación de las prestaciones y medidas de seguridad social introducidas desde el inicio de la pandemia.

La pandemia de COVID-19 ha transformado drásticamente las modalidades de trabajo. El teletrabajo se ha adoptado o extendido en todo el mundo para reducir el riesgo de infección en el lugar de trabajo. Esta decisión también ha afectado a los trabajadores fronterizos de la Unión Europea (UE). Dado que suelen trabajar en un país y residir en otro, el hecho de trabajar desde casa puede influir en la legislación nacional de seguridad social que les es aplicable.