La institución adopta una ley, decreto o reglamento que define las atribuciones y responsabilidades del consejo de administración en materia de errores, evasión y fraude. Estas están claramente diferenciadas de las atribuciones y responsabilidades de la dirección. No hay áreas de ambigüedad, dilema o conflictos de intereses entre el consejo de administración y la dirección, ni entre la institución y otras partes interesadas.