La celebración del Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre brinda la oportunidad de poner de relieve las devastadoras consecuencias que ha provocado la pandemia de COVID-19 para los trabajadores migrantes de todo el mundo. En un informe reciente de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se describe la labor realizada por los gobiernos y las instituciones de seguridad social para que los trabajadores migrantes puedan beneficiarse de las medidas de protección social adoptadas frente a la crisis.
La AISS ha hecho de las respuestas de la seguridad social a la pandemia una de sus prioridades principales, colaborando con instituciones de seguridad social para intercambiar enfoques nacionales e institucionales y buenas prácticas, y aprovecharlos. Los trabajadores migrantes son especialmente vulnerables, ya que, por un lado, los movimientos transfronterizos afectan al acceso de estos trabajadores a la seguridad social y, por el otro, realizan una parte excesiva de los trabajos informales y precarios. Como consecuencia, se encuentran entre los primeros en sufrir las consecuencias de una crisis como la causada por la pandemia de COVID-19 en la sociedad y la economía.
Según la OIT, a mediados de 2020, se habían perdido alrededor de 500 millones de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, y alrededor de 2 200 millones de trabajadores, o el 70 por ciento de la mano de obra mundial, se han visto afectados por medidas de confinamientos. Habida cuenta de que 164 millones de trabajadores migrantes representan el 4,7 por ciento de la mano de obra mundial, más de 111 millones de trabajadores migrantes se han visto afectados, según una estimación modesta.
En el informe de la serie “Foco en la protección social” titulado Protección social para los trabajadores migrantes: una respuesta necesaria a la crisis de la COVID-19 publicado por la AISS y la OIT en junio de 2020, se describen los problemas a los que se enfrentan los trabajadores migrantes y cómo han abordado la situación los gobiernos y las instituciones de seguridad social. En el informe se hace hincapié en los efectos de la pérdida de empleos en la cobertura del seguro social y se destaca la importancia de garantizar la protección social para todos. Se analizan las medidas a corto plazo, entre ellas las sanitarias, el apoyo financiero y la seguridad en el trabajo, y se extraen conclusiones para el largo plazo sobre cómo mejorar la cobertura de protección social para los trabajadores migrantes.
Pérdida de empleo y protección social
Proporcionalmente, los migrantes están excesivamente representados en muchos trabajos de primera línea, en particular en la atención de salud, los servicios de limpieza y la agricultura, en los que están más expuestos al virus. Además, los cierres de empresas y las restricciones al movimiento, junto con el acceso limitado o inexistente a la protección social, han exacerbado la vulnerabilidad de los migrantes.
La crisis afecta a los migrantes de distintas maneras en función de su situación migrante y laboral. Los migrantes regulares con empleos formales sufren desempleo, recortes salariales, suspensiones y degradación de las condiciones laborales, y pueden tener acceso a todas o a algunas prestaciones de protección social, mientras que el resto tiene muy poco o ningún apoyo. En particular, la falta de acceso a los servicios sanitarios puede ser vital en una situación como la provocada por la pandemia de COVID-19, no solo para el migrante y su familia, sino también para la sociedad en su conjunto, debido al riesgo de propagación del virus.
Garantizar una protección social básica para todos
En consonancia con los objetivos internacionales establecidos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la AISS y la OIT trabajan en favor de la protección social para todos. Con el apoyo de organizaciones internacionales, regionales y de la sociedad civil, los gobiernos y las instituciones de seguridad social han reaccionado para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la crisis, y mitigarlos. Algunas de las medidas adoptadas brindan protección social a los trabajadores migrantes. Todos los migrantes, independientemente de cómo o por qué hayan migrado o de su situación legal, necesitan acceder a algún tipo de protección social, y para poder proporcionarla, es necesaria la colaboración de los países de origen, tránsito y destino.
Los acuerdos bilaterales y multilaterales para coordinar los regímenes de seguridad social entre países son esenciales para garantizar el acceso de los trabajadores migrantes a la protección social. Para el caso particular de los trabajadores fronterizos, es decir, los trabajadores que viven en un estado y trabajan en otro, y habida cuenta del teletrabajo obligatorio decretado en muchos países, algunos gobiernos de la Unión Europea han acordado adoptar medidas especiales para evitar cambios en su situación relativa a la seguridad social.
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto el papel fundamental de la protección social para hacer frente a una grave crisis social y económica, y la importancia crucial de crear pisos de protección social para todos, incluidos los trabajadores migrantes. Además de las respuestas inmediatas a la crisis, hay que prestar más atención a la ratificación y aplicación de las normas internacionales pertinentes, como los Convenios y las Recomendaciones de la OIT en el ámbito de la protección social y la negociación de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales de seguridad social. Además, deberían formularse estrategias nacionales, políticas, marcos jurídicos y sistemas administrativos. Las Directrices de la AISS sobre Soluciones Administrativas para la Extensión de la Cobertura son la referencia profesional internacional reconocida para contribuir al desarrollo y la aplicación de los regímenes de seguridad social para los trabajadores migrantes.