Según las estimaciones del ACNUR, el Organismo de la ONU para los Refugiados, hay más de 22 millones de refugiados en todo el mundo. Los instrumentos internacionales definen y afirman el estatuto legal de los refugiados. Los más importantes son la Convención de 1951 de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (véase el cuadro).

Los hogares de refugiados en general carecen de recursos y su situación legal suele excluirlos del acceso a las mismas prestaciones de protección social que la población local. Gracias al apoyo de la comunidad internacional, este desafío en el ámbito de las políticas que consiste en satisfacer las necesidades de protección social de los refugiados, está hoy más presente en la agenda de las políticas.

Experiencias nacionales

A nivel internacional, una serie de respuestas de políticas de protección social destinadas a satisfacer las necesidades de las poblaciones refugiadas, permite extraer lecciones en materia de políticas que facilitan la aplicación de buenas prácticas. Las cuestiones contextuales dictan la elección de las políticas y prácticas en función del entorno nacional.

Los refugiados que han perdido todas sus posesiones y fuentes de ingresos por lo general requieren medidas específicas. Uganda, el país africano con más refugiados, casi 1 millón de personas, está ayudando a establecer las pautas a ese respecto. Los derechos conferidos a los refugiados incluyen el derecho a trabajar y a recibir una donación de tierras cultivables. Otro derecho concedido es el acceso de los niños refugiados a la educación primaria. En todos los contextos, más del 50 por ciento de los refugiados son menores de 18 años.

También en África, el enfoque centrado en las necesidades de los niños refugiados, impulsó la Estrategia Nacional de Protección de los Niños Refugiados de Etiopía 2017-2019, elaborada por el ACNUR y sus asociados.

En 2015, la apertura de las fronteras de algunos países europeos a los refugiados permitió dar visibilidad en Europa a la manera en que las autoridades nacionales abordan los desafíos humanos y de políticas inmediatos, entre ellos la satisfacción de las necesidades de seguridad social de las poblaciones refugiadas.

El Instituto Federal de Alemania del Seguro de Pensiones (Deutsche Rentenversicherung Bund), es una de las administraciones de la seguridad social que ha participado en la tarea de toda la sociedad de integrar a los refugiados. Como respuesta práctica, asignó personal para el procesamiento de las solicitudes de asilo y proporcionó equipos de oficina a las autoridades competentes.

Además, estableció un equipo especial para abordar cuestiones relacionadas con los refugiados, como la elaboración de opciones coordinadas para acciones sostenibles con las demás instituciones y autoridades del seguro de pensiones.

Un reciente artículo de Hagen-Zanker, Ulrichs y Holmes, publicado en International Social Security Review, analiza el caso de Jordania. El Pacto de Jordania de 2016 es un acuerdo entre el gobierno de Jordania y la comunidad internacional, cuyos objetivos consisten en crear empleos para los jordanos y los refugiados sirios, respaldando al mismo tiempo a la comunidad siria tras el conflicto, financiar y generar resiliencia en las comunidades de acogida y movilizar donaciones y fondos para sostener el marco macroeconómico de Jordania.

Se estima que la gran mayoría de los refugiados sirios en Jordania vive por debajo del umbral de pobreza nacional y queda atrapada en la pobreza. El trabajo infantil es una estrategia común de los refugiados para obtener ingresos para el hogar.

Jordania constituye un estudio de caso interesante ya que las transferencias humanitarias proporcionadas a los refugiados, se determinan mediante una evaluación de la vulnerabilidad. Se otorgan transferencias mensuales a los mismos beneficiarios durante varios años, lo cual demuestra la incidencia positiva de las transferencias monetarias en las familias y los hogares de refugiados.

Efectos positivos directos e indirectos

La experiencia de Jordania demuestra que las transferencias monetarias a las poblaciones refugiadas pueden tener efectos positivos directos e indirectos en los resultados económicos y sociales.

• Las principales partidas de gastos a las que están destinadas las transferencias monetarias son los costos de vivienda y las facturas de servicios públicos.
• La percepción de transferencias monetarias permite superar los obstáculos financieros al acceso a bienes y servicios, como los costos de los medicamentos, las facturas de servicios de salud, los uniformes y el material escolar.
• Las transferencias monetarias pueden tener efectos indirectos con posibles repercusiones en el acceso a los servicios y al empleo. La percepción de una fuente de ingresos regular y alternativa permite al hogar disponer de otros  ingresos eventuales.
• La percepción de un ingreso fiable también puede reducir la necesidad de buscar mecanismos dañinos, como la utilización de los recursos del hogar o el l trabajo infantil.
• El acceso a una fuente de ingresos fiable también contribuye a mejorar el bienestar, la participación en la comunidad y la inclusión social.

Si se suma la ayuda en efectivo y en especie prestada por Turquía y Líbano a las familias de refugiados, se amplía la experiencia internacional y la lección general de las políticas queda clara.

Los hogares de refugiados no son diferentes de los hogares vulnerables de la comunidad de acogida. Los ingresos monetarios regulares proporcionados por los programas de protección social generan autonomía y permiten a las personas y a los hogares gestionar los riesgos por su cuenta y atravesar de manera más segura el ciclo de vida, sin que nadie se quede atrás.

Fuentes

Hagen-Zanker, J.; Ulrichs, M.; Holmes, R. 2018. “What are the effects of cash transfers for refugees in the context of protracted displacement?”, in International Social Security Review, Vol. 71, No. 2.

ACNUR. 2018. Figures at a glance. Ginebra, ACNUR.