Está admitido que existe una estrecha relación entre las personas con discapacidad y el riesgo de pobreza. Las personas con discapacidad también tienen más probabilidades de tener un menor acceso a los mercados de trabajo y a empleos bien remunerados. Las barreras psicológicas y físicas que persisten en la sociedad civil y que contribuyen también al aumento de la exclusión de estas personas.

Según el Sr. Hans-Horst Konkolewsky, Secretario General de la AISS: “Los sistemas de seguridad social desempeñan un papel crucial en la ayuda a las personas con discapacidad, no solo porque les proporcionan acceso a prestaciones y servicios, sino también al empleo. Para satisfacer las necesidades de esas personas, es necesario que las administraciones de la seguridad social cuenten con la capacidad adecuada en materia de gestión de la discapacidad y elaboren programas de regreso al trabajo”.

En la International Social Security Review (Vol. 70, No. 4), la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Sra. Catalina Devandas Aguilar, declaró que las desigualdades a las que se enfrenta este grupo diverso en lo que respecta al acceso a los sistemas de protección de la seguridad social, acentúan la exclusión social y económica en la que viven estas personas.

La inadecuación del diseño administrativo de estos sistemas constituye uno de los obstáculos que hay que superar, al igual que la promoción del acceso y el regreso al trabajo.

La importancia de las instituciones

El logro de la igualdad en el ejercicio del derecho humano a la seguridad social suele considerarse como una cuestión de procedimiento, es decir, una cuestión que depende de la voluntad política y de la capacidad y de las competencias administrativas. Desde este punto de vista, la extensión de la cobertura depende simplemente de un proceso político y burocrático dotado de recursos adecuados.

A menudo, las burocracias convencionales fueron concebidas para atender las necesidades de todas las personas, sobre la base de procedimientos y resultados comunes para esos casos “típicos”. Con el tiempo, se ha llegado a la conclusión de que su funcionamiento óptimo dependía de su capacidad de proponer lo que podrían denominarse soluciones únicas válidas para todos.

Por otra parte, esos enfoques burocráticos no fueron elaborados necesariamente para ofrecer flexibilidad o para contar con recursos que permitan establecer distinciones entre las diferentes necesidades de las personas.

En la búsqueda de la igualdad de acceso al derecho a la seguridad social para todos, en particular para las personas con discapacidad, esta observación merece una reflexión.

Innovación y enfoques adaptado

La adopción en 2006 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad constituye un hito en lo que respecta a las iniciativas coordinadas a nivel internacional para lograr una protección social más inclusiva. En el artículo 28 de la Convención, se afirma que la protección social debe adaptarse a las necesidades de las personas con discapacidad.

Es a nivel nacional, especialmente en el lugar de trabajo, donde es necesario adoptar medidas prácticas y coordinadas para apoyar a las personas con discapacidad. En lo referente al lugar de trabajo, las Directrices de la AISS sobre el Regreso al Trabajo y la Reintegración, así como el informe sobre La rentabilidad de la reintegración al trabajo, ponen de manifiesto que las inversiones en medidas de rehabilitación son beneficiosas para los empleadores, los regímenes de seguridad social y la sociedad.

En términos generales, es el momento de cuestionar el modelo burocrático convencional y la prestación de servicios de protección de la seguridad social. En términos prácticos, son necesarias soluciones innovadoras para poder ofrecer respuestas graduales, mensurables y sujetas a un plazo concreto. A este respecto, la base de datos de Buenas Prácticas en la Seguridad Social de la AISS, puede brindar apoyo a los organismos de seguridad social, al igual que los objetivos fundamentales establecidos en las Directrices de la AISS sobre la Calidad de los Servicios.

Dos elementos fundamentales de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, surgen de esta cuestión. En la búsqueda de respuestas innovadoras adecuadas, la cobertura universal no es el único reto inmediato, sino que también es necesario lograr la igualdad de acceso a una cobertura adaptada a las necesidades de cada persona. Esta cobertura no debe ofrecer tan solo protección, sino también debe contemplar la prevención y, de conformidad con el artículo 26 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, medidas de habilitación y rehabilitación.

El papel de las instituciones

Las consecuencias para las instituciones de seguridad social son evidentes. Por una parte, el acceso universal a la protección de la seguridad social debe suponer niveles de prestaciones y servicios adaptados a las necesidades de las personas, incluidas las necesidades y los gastos relacionados con la discapacidad; las personas con discapacidad tienen que asumir gastos diarios que no han de asumir las demás personas. Por la otra, los servicios prestados por los sistemas de seguridad social, así como su infraestructura física, deben estar al alcance de todos. El objetivo previsto es brindar un apoyo adecuado a las personas con discapacidad para que puedan lograr y mantener su capacidad física, mental, social y profesional, y facilitar su inclusión y participación en la sociedad.

El logro de la igualdad de acceso para favorecer la cobertura universal requiere, por lo tanto, la movilización de recursos considerables que permitan atender las necesidades mal definidas o insatisfechas y eliminar las barreras físicas, económicas y sociales innecesarias. De este modo, se podrá responder mejor a las crecientes expectativas de la población en materia de prestación de servicios de seguridad social, tal y como se señala en el informe de la AISS titulado Diez desafíos mundiales para la seguridad social.

La planificación urbana, el transporte y las políticas relativas al mercado de trabajo forman parte integrante de una respuesta nacional necesariamente coordinada. Ocurre lo mismo con las tecnologías de la información y de la comunicación más avanzadas, que prometen la mejora de la administración y el suministro de prestaciones de seguridad social y de servicios rentables. Puede que uno de los obstáculos sociales más enraizados esté relacionado con las actitudes negativas hacia las personas con discapacidad y la estigmatización a la que están sometidas en la sociedad.

En un momento en el que la comunidad internacional se dispone a celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, urge transmitir la idea de que el objetivo de garantizar la igualdad de acceso a la seguridad social y de consolidar la cobertura universal como un derecho humano, solo podrá alcanzarse si las necesidades individuales de todas las personas, entre ellas las de las personas con discapacidad, se respetan y satisfacen a lo largo de toda la vida. En aras de lograr este importante objetivo, la AISS firmó recientemente un acuerdo de cooperación con la organización y red mundial Rehabilitación Internacional (RI).

Referencia principal

Devandas Aguilar, C. 2017. “Social protection and persons with disabilities” (Protección social y personas con discapacidad), en International Social Security Review, vol. 71, Nº. 4.