International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
En este estudio se analizan los cambios previstos en las pensiones de sobrevivientes resultantes de las disposiciones permanentes de la reforma de las pensiones que se llevó a cabo en el Brasil en 2019. Las anualidades actuariales se utilizan para los perfiles de trabajadores representativos. La dispersión de los valores de la tasa de sustitución disminuye, con excepción de los niveles de ingresos más altos. Las tasas necesarias para financiar las pensiones de sobrevivientes descienden relativamente más que las tasas para las pensiones de vejez. Las tasas internas de rentabilidad descienden de manera considerable. Se ha producido un cambio heterogéneo en los aspectos distributivos del sistema de pensiones. La reforma afectará a la idoneidad y a la equidad intergeneracional de las pensiones de vejez y de sobrevivientes.
En este artículo se facilitan datos empíricos sobre los efectos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), prestación que se puso en marcha en la Argentina en 2020. Se investiga cómo afecta el IFE al papel que desempeña la mujer en la contribución al ingreso del hogar y a la distribución de las funciones en los hogares para saber cómo se refleja en el empoderamiento de la mujer. A partir de una serie de encuestas de hogares, en el estudio se comparan a las mujeres elegibles para percibir la transferencia de la prestación con las que no lo son. Se utiliza para ello una metodología de diferencias en diferencias (DD) para medir los efectos mencionados. Los resultados sugieren que, tras la puesta en marcha del IFE, la contribución de las mujeres al ingreso de la pareja y al ingreso del hogar aumentó alrededor de un 8 y un 11 por ciento, respectivamente, y la probabilidad de que las mujeres sean las únicas responsables de las tareas del hogar se redujo un 4 por ciento.
La prestación de cuidados de larga duración y su financiación son cuestiones cada vez más importantes en todas las economías con un elevado índice de envejecimiento. Es por ello que uno de los principales desafíos para los responsables de la formulación de políticas es lograr un equilibrio entre unos cuidados adecuados y una financiación sostenible. En este estudio se evalúa la propuesta de un denominado factor de sostenibilidad para el seguro de cuidados de larga duración en Alemania. Teniendo en cuenta los cambios en la relación entre beneficiario y cotizante, la propuesta pretende incorporar normas en la dinámica demográfica con la finalidad de disminuir la presión sobre la financiación de los cuidados de larga duración. Mediante el marco de la contabilidad generacional se demuestra que esta propuesta puede tener un efecto de mitigación de la presión sobre las finanzas, en función de la cuota de participación de las generaciones actuales y futuras. Además, puede ser una buena opción para los sistemas de cuidados de larga duración basados en el reparto de todo el mundo que necesitan reducir los efectos del envejecimiento de las sociedades. Por lo tanto, este artículo está dirigido a los responsables de la formulación de políticas encargados de elaborar un modelo de financiación sostenible para el seguro de cuidados de larga duración. De igual forma, en este artículo se demuestra que el factor de sostenibilidad representa un avance hacia las finanzas sostenibles y, por consiguiente, podría ser uno de los componentes de un paquete de reformas más amplio.
En 2022, tras un decenio de austeridad sin precedentes, Grecia ha cambiado bruscamente la forma de reforzar su sistema de pensiones y ha adoptado la controvertida financiación por transferencia de las pensiones (carve-out pension funding). De acuerdo con este enfoque, una parte de las cotizaciones al régimen de reparto se desvía para financiar los ahorros para la jubilación de las personas, lo que pone en peligro la financiación de las pensiones de reparto actuales. La reforma griega de 2022, si bien se inspira en el plan de privatización de las pensiones del Banco Mundial de 1994, supone un importante cambio de política, puesto que se confía la gestión de los ahorros para la jubilación de las personas a un organismo gubernamental específico, con el objetivo de intentar corregir los fallos del mercado en cuanto a la prestación de las pensiones privadas. Tal como ocurrió con las reformas que se realizaron anteriormente en Europa Oriental, en Grecia se han subestimado enormemente los costos de transición hacia la financiación por transferencia de las pensiones, que tardará varios decenios en materializarse. Esta situación generará dificultades presupuestarias en los próximos años cuando los costos de transición anuales sean considerables y las condiciones de financiación internacional, actualmente favorables, comiencen a cambiar. A menos que se establezca un compromiso político firme para aplicar las medidas necesarias a fin de financiar los costos de transición, es posible que Grecia tenga que abandonar su reforma, como ya se ha hecho en toda Europa Oriental.
En 2019, el Gobierno de Egipto promulgó un nuevo marco jurídico para su sistema de seguro social. Las nuevas disposiciones, además de proporcionar un régimen unificado que abarcaba distintos grupos de trabajadores, permitían realizar reformas sistémicas y paramétricas destinadas en gran medida a hacer frente al problema que plantea la baja tasa de afiliación de los trabajadores a la seguridad social, en particular de los trabajadores del sector informal. Gracias a las reformas se ha reducido la tasa de cotización que pagan los empleados y los empleadores, se han aumentado las sanciones para los empleadores que no declaran a sus trabajadores, y se ha mejorado la estructura de las prestaciones. La ley también prevé disposiciones específicas para facilitar la afiliación de los trabajadores informales cubriendo la parte de sus cotizaciones que corresponde al empleador. Sin embargo, la ley limita ese acceso mejorado a nueve categorías específicas de trabajadores informales, por lo que no reconoce la diversidad de formas de trabajo informales. Tomando como base un análisis de las características de los cotizantes del sistema anterior, en este artículo se sostiene que es probable que los obstáculos estructurales a los que se enfrentan un gran número de trabajadores que perciben salarios bajos y de empresas del sector informal de la economía impidan que la afiliación al sistema aumente a pesar de las reformas jurídicas.
En este artículo se analiza el sistema de pensiones de Cuba de 2006 a 2021 desde la perspectiva de su sostenibilidad financiera y actuarial, y de las repercusiones que tiene en la población. Se aborda el envejecimiento de la población, los drásticos recortes del gasto social que se han realizado desde 2009, el déficit de financiación de las pensiones y las repercusiones de la reforma paramétrica de 2008, la devaluación de las pensiones, las reformas estructurales, la expansión de la pobreza y las restricciones en materia de asistencia social, los efectos de la crisis económica actual en las pensiones y las proyecciones sobre la futura sostenibilidad financiera de las pensiones.
Los efectos de la pandemia de COVID 19 amenazan la viabilidad del sistema de pensiones de cotización definida, puesto que menoscaban su situación financiera y exponen su vulnerabilidad a riesgos políticos. La crisis de la COVID 19 ha llevado a la aprobación, en tres ocasiones y con carácter de emergencia, de la retirada del 10 por ciento de los ahorros para las pensiones (a partir de abril de 2021). Recurrir a los fondos de pensiones durante una crisis económica no es nuevo ni inusual. Durante la Gran Recesión, en varios países de Europa Central y Oriental se emplearon fondos de pensiones de cotización definida para hacer frente a la presión fiscal. Mientras Chile se prepara para redactar una nueva constitución, prosiguen los debates sobre la eficiencia y la equidad del sistema de pensiones. A este respecto, y como han puesto de manifiesto las medidas políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia, el sistema de pensiones de cotización definida no ha cumplido la promesa de acabar con los riesgos políticos y de evitar que se desvíen los fondos de pensiones para otros gastos.
En este estudio se utiliza el análisis del discurso de los medios de información para investigar el muy controvertido proceso de privatización de las pensiones en Lituania. En 2016, Lituania comenzó a estudiar la posibilidad de realizar reformas para reestructurar su poco eficiente régimen de pensiones de “segundo pilar”, a saber, los regímenes obligatorios individuales de cotización definida financiados por capitalización y de gestión privada. La reforma de las pensiones se conceptualiza en este artículo como un proceso de contestación discursiva frente al consenso neoliberal ortodoxo que prevaleció al diseñar e introducir un sistema de pensiones privado a principios del decenio de 2000. Para 2018, cuando la nueva ley de pensiones institucionalizó un régimen privado de ahorro para la jubilación, subvencionado y que actuaba como catalizador, este proceso ya estaba legitimado por una emergente y notoria ideología paternalista libertaria. En el presente artículo se abordan las repercusiones que la estrategia discursiva sobre las reformas de las pensiones tuvo en los resultados.
La prestación universal se ha ido implantando gradualmente en el Reino Unido desde 2013 como una prestación integral sujeta a verificación de recursos, que sustituye seis transferencias de prestaciones distintas por un pago mensual único. Antes, estas prestaciones se concedían por distintos motivos, y en el caso de ser solicitadas por una pareja, podían llegar a pagarse a ambos miembros. El pago único de la prestación universal plantea varias preocupaciones, como el hecho de que podría favorecer el maltrato en el hogar, reforzar relaciones de poder más desiguales en las parejas, restar autonomía financiera a las personas y hacer que el pago de las prestaciones deje de estar etiquetado con un fin específico. En este artículo se estudian las posibilidades de conceder la prestación universal individualmente a uno de los miembros de la pareja como una prestación integral evaluada conjuntamente y sujeta a verificación de recursos, incluidos los distintos enfoques de las autoridades descentralizadas del Reino Unido, principalmente Irlanda del Norte y Escocia. Si bien realizar un pago a cada miembro de la pareja sea probablemente más viable en el caso de prestaciones sujetas a verificación de recursos por separado en lugar de integrales, se concluye que la mejor manera de lograr la verdadera autonomía financiera de los miembros de una pareja es mediante prestaciones individuales no sujetas a verificación de recursos.
Desde la década de 1980, muchos países latinoamericanos han restringido el acceso a las pensiones contributivas. La sostenibilidad financiera es una de las principales preocupaciones. Los estudios sugieren que una proporción considerable de contribuyentes no podría cumplir unas condiciones de acceso más estrictas, ya que la densidad de cotizaciones observada es baja. Si bien la mayoría de los países latinoamericanos carecen de registros vida laboral completos, la densidad de cotizaciones observada muestra de modo irrefutable historiales de cotización cortos, en particular en el caso de los trabajadores de bajos ingresos y de las mujeres. En la última década, estos hechos impulsaron una nueva ola de reformas, con requisitos de elegibilidad menos exigentes para acceder a las pensiones y la incorporación de una perspectiva de género. El Uruguay participó en ambos procesos: aumentó los períodos de cotización exigidos en 1996 y, en 2008, los bajó y estableció créditos de cuidado infantil. En este artículo se analizan los efectos que tendrían unos requisitos de elegibilidad menos estrictos en los derechos de pensión en el Uruguay y se estiman historiales de cotización completos utilizando los registros administrativos. Los registros de vida laboral empezaron a mantenerse a partir de abril de 1996, razón por la cual aún no se dispone de historiales laborales completos. El estudio revela que los derechos de pensión aumentarían, en particular para las mujeres. El principal efecto se debería a los menores requisitos de cotización. Además, los créditos de cuidado infantil reducirían aún más la brecha de género en el acceso a las prestaciones. El caso del Uruguay es significativo en el contexto regional, ya que la mayoría de los países latinoamericanos está envejeciendo rápidamente y puede aprender de la experiencia del Uruguay, país cuyas estadísticas de vida son cercanas a las de los países desarrollados. Además, las recientes reformas en la región muestran que las cuestiones relativas a los derechos de pensión y a la brecha de género son preocupaciones comunes a muchos países.
En 1997, México reemplazó su principal sistema de pensiones de vejez por un sistema de capitalización individual. En 2021, la primera cohorte se jubilará con arreglo al nuevo sistema. Mediante la utilización de un modelo que proyecta variables demográficas y laborales y de simulaciones de Monte Carlo, los resultados de este estudio muestran que, en 2051, el porcentaje de hombres que no dispondrán de una pensión aumentará del 38 al 59 por ciento, y el de mujeres pasará del 44 al 66 por ciento. La tasa de sustitución para el trabajador mexicano medio caerá del 70 al 30 por ciento. El número de personas en situación de extrema pobreza aumentará en casi 2,8 millones, lo que representa el 9,44 por ciento de la población. Se proponen escenarios alternativos que consisten en aumentar la tasa de cotización y elevar la edad de jubilación.
Durante el período 1998-2007, la mayoría de los gobiernos de Europa central y oriental promulgaron leyes que obligaban a los trabajadores a ahorrar para la jubilación en cuentas individuales de gestión privada. Los gobiernos financiaron estas cuentas asignándoles parte de los ingresos de las pensiones públicas, lo que generó o incrementó el déficit de los regímenes públicos. Tras el inicio de la crisis financiera y económica mundial de 2008, la mayor parte de estos países de Europa central y oriental redujeron estas transferencias de fondos y, por lo tanto, el importe de las cuentas. Una década después de la crisis, este artículo analiza las prestaciones que estas cuentas comienzan a pagar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación. Muestra que, en general, estas prestaciones son menos favorables que las pensiones públicas. En algunos casos, las prestaciones se pagan en forma de una única suma de cuantía fija en lugar de pensiones mensuales. La mayoría de ellas no se ajustan periódicamente a la inflación. También se da el caso de que las mujeres perciben prestaciones inferiores a las de los hombres, si bien el saldo de las cuentas es idéntico. En muchos países, los pensionistas titulares de una cuenta individual perciben prestaciones inferiores a las de aquellos que no poseen una cuenta de este tipo. Para no perjudicar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación, algunos países de Europa central y oriental les ofrecen la posibilidad de reembolsar el saldo de su cuenta para que puedan percibir la totalidad de la pensión pública. Si bien esta estrategia incrementa la insatisfacción de los trabajadores, también ejerce presión en las finanzas de los regímenes de pensiones públicas. Para ayudar a los titulares de cuentas de pensiones de segundo pilar sin debilitar los regímenes de pensiones públicas, los gobiernos deberían plantear la posibilidad de que el ahorro en una pensión privada sea de carácter voluntario y separar su financiación de la de las pensiones públicas, es decir, garantizar dicha financiación mediante las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, y, de ser posible, mediante la ayuda directa del Estado.
En muchos países europeos se da cada vez más importancia a las políticas de mercado de trabajo en las que los empleadores participan activamente en la reinserción de los desempleados. Estas políticas orientadas al empleador se centran en la demanda de fuerza de trabajo de las empresas y tratan de influir en su voluntad de contratar, formar y orientar a grupos de desempleados, a menudo desfavorecidos. Utilizando datos de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas en el marco de un programa destinado a empleadores de una ciudad sueca de tamaño medio, el presente artículo tiene como objetivo recoger información sobre cómo se utilizan estas políticas para alentar a los empleadores a contratar a trabajadores desempleados y sobre las diferencias entre los empleos creados en este contexto y los empleos ordinarios.. En el artículo se sostiene que la creación de puestos de trabajo mediante nuevos acuerdos que fomenten la división del empleo y que permitan liberar al personal de plantilla de las tareas no cualificadas, puede incitar a los empleadores a contratar a desempleados, si dichos acuerdos están relacionados con otras medidas. Por otra parte, el artículo también pone de manifiesto que esta nueva división del trabajo, en la que los participantes en el programa realizan principalmente tareas no cualificadas, es difícil de poner en práctica, ya que los nuevos empleados ejecutan cada vez más tareas ordinarias.
En este artículo se utiliza un modelo de microsimulación basado en una cohorte compuesta solo de hombres para analizar los efectos intrageneracionales y distributivos de la transición en Estonia de un régimen de pensiones de prestaciones definidas financiadas en base al reparto a un régimen basado en varios pilares con elementos de seguro basados en las cotizaciones y un régimen financiado por capitalización. Este análisis contribuye a la literatura sobre microsimulación al demostrar cómo la introducción de elementos de seguro basados en las cotizaciones y de regímenes de cotización definida obligatorios puede incrementar la desigualdad en el ámbito de las pensiones. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, cuando se observa un alto nivel de desigualdad en los ingresos laborales y un incremento de las tasas del desempleo de larga duración, como en el caso en Estonia, la introducción de una estrecha vinculación entre las cotizaciones y las prestaciones futuras genera un aumento de la desigualdad de los ingresos procedentes de las pensiones, como lo demuestra el coeficiente de Gini. Los resultados de la simulación en el caso de Estonia sugieren que la desigualdad de los ingresos procedentes de las pensiones de vejez es más del doble cuando la reforma se consolida. Sin embargo, la desigualdad disminuye en relación con la tasa de sustitución.
Los procesos de elaboración y puesta en práctica de políticas públicas en la región de Oriente Medio y Norte de África no se han estudiado suficientemente. Este artículo presenta un estudio de caso sobre la reforma de las políticas públicas para extender la cobertura del seguro de salud en Egipto. Se basa en un análisis temático de estudios (examinados por homólogos o no) y artículos publicados en la prensa escrita entre 2005 y 2015, particularmente en el período 2005-2011. El análisis pone de manifiesto que las iniciativas de reforma fracasaron durante gran parte de este período debido a desacuerdos fundamentales entre los principales actores sobre los objetivos, las propuestas y el proceso político para introducir el cambio. El éxito de las reformas previstas en Egipto puede depender de la importancia que se conceda a las diferentes agendas de estos actores y de la evolución de sus relaciones de poder, en particular si se tienen en cuenta los profundos problemas políticos, sociales y económicos a los que se enfrenta el sistema de salud del país.
Los regímenes de pensiones de cotizaciones teóricas definidas se han implementado con éxito desde mediados de la década de 1990 en varios países europeos como Italia, Letonia, Noruega, Polonia y Suecia. El enfoque de cotizaciones teóricas definidas incluye el vínculo entre cotizaciones y prestaciones durante toda la vida de un régimen de cuentas individuales de cotizaciones definidas pero sobre la base del método del reparto. Al principio, los compromisos en términos del reparto del anterior sistema de prestaciones definidas se convierten en cuentas individuales y ello facilita la transición del modelo de prestaciones definidas al de cotizaciones definidas, al tiempo que elude los altísimos costos de la transición entre el régimen tradicional de reparto de prestaciones definidas y un régimen de capitalización total y de cotizaciones definidas. El enfoque de una aplicación normativa de un sistema de cotizaciones teóricas definidas permite gestionar los riesgos económicos y demográficos inherentes a un régimen de pensiones y, por su diseño, genera la sostenibilidad financiera. Como en cualquier régimen de pensiones, el eje entre la estabilidad financiera y la adecuación es la edad de jubilación. En el modelo de cotizaciones teóricas definidas, el individuo selecciona por sí mismo su edad de jubilación, por encima de la edad mínima. Por medio de incentivos, la edad de jubilación efectiva debería aumentar en consonancia con el envejecimiento de la población. Como enfoque de reforma sistémica, el modelo de cotizaciones teóricas definidas se ha convertido en un importante competidor de las reformas paramétricas parciales de los regímenes tradicionales de prestaciones teóricas definidas. Si bien son frecuentes, estas reformas no son transparentes y por lo general son demasiado ligeras y llegan tarde para garantizar la sostenibilidad financiera y proporcionar al mismo tiempo pensiones adecuadas para el cotizante medio. Este artículo ofrece una presentación en buena medida no técnica de los regímenes de cotizaciones teóricas definidas, sus elementos básicos y sus ventajas con respecto a los regímenes de prestaciones teóricas definidas, las principales limitaciones técnicas del enfoque y las experiencias de los países con regímenes de cotizaciones teóricas definidas.
En este artículo se evalúa la trayectoria de las políticas de pensiones en los 11 países ex socialistas que se han incorporado a la Unión Europea desde 2004. El análisis, que se centra principalmente en el período posterior a 2004, aborda los resultados cuantitativos más relevantes de las reformas de las pensiones en estos países en relación con la reducción de la pobreza, la adecuación de las pensiones y la sostenibilidad presupuestaria. Además de los elementos cuantitativos, se estudia la calidad de los regímenes de pensiones de los 11 países desde el punto de vista de la igualdad y la eficiencia, y se hace hincapié en los errores de diseño menos visibles presentes en dichos regímenes. Hasta ahora no se ha prestado mucha atención a estos errores, si bien pueden perjudicar a los regímenes de pensiones en diversos aspectos, en particular, su sostenibilidad presupuestaria.
Unas menores tasas de actividad laboral a lo largo de la vida de las mujeres, un mayor número de interrupciones en su vida profesional y las diferencias salariales, contribuyen a crear desigualdades de género en las pensiones en el momento de la jubilación. El diseño de los sistemas de seguridad social puede acentuar o atenuar estas desigualdades. En este artículo se presentan datos nuevos sobre la repercusión de las desigualdades de género en el acceso a las pensiones y en los ingresos en concepto de pensiones en cuatro países del Cono Sur de América Latina. Asimismo, se analiza la evolución de dichos países entre 2000 y 2013 y se señalan las mejoras importantes conseguidas en la igualdad salarial y de género, que varían de un país a otro. La disminución de la desigualdad por razón de género que afecta a los ingresos en concepto de pensiones, ha sido especialmente significativa en Argentina y Brasil. En ambos casos, los mayores aumentos del valor de las pensiones durante ese período se corresponden con los percentiles que tienen los ingresos más bajos, donde las mujeres están sobrerepresentadas. En estos países, la puesta en marcha de políticas redistributivas, que tienen como objetivo reducir la pobreza y la desigualdad, pero que no se centran necesariamente en la igualdad de género, ha tenido consecuencias positivas y probablemente inesperadas en relación con la reducción de las desigualdades por razón de género en las pensiones.
El sistema nacional de seguridad social de Georgia ofrece una cobertura de pensión básica no contributiva casi completa. Hasta la fecha, la pensión básica ha resultado eficaz en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, las restricciones fiscales de Georgia y el envejecimiento de la población, también ponen de relieve la importancia de la mejora del sistema de pensiones a fin de garantizar su sostenibilidad. Este artículo presenta las decisiones en materia de reforma de las políticas, que sugieren que en Georgia la reforma de las pensiones podría incluir un aumento de la edad de jubilación legal y una disminución de la cuantía de las prestaciones por medio de una comprobación de los recursos. El caso de la pensión básica no contributiva de Georgia es valioso para algunos países de ingresos bajos y medios que estén considerando la implementación o la extensión de la cobertura de un régimen de pensiones no contributivas.
En muchos países, las disposiciones que rigen las pensiones de sobrevivientes se crearon en periodos en los que la participación femenina en el mercado laboral era más baja que en la actualidad. Sin embargo, en numerosos países de América Latina, se observa en la actualidad una tendencia al incremento de esa participación. En Brasil, donde se permite acumular las pensiones de jubilación y de sobrevivientes y donde hasta hace poco, se podía obtener una pensión vitalicia sin condiciones, no sólo aumentó la acumulación de dichas prestaciones, sino que también se observan señales de que estas reglas han tenido un efecto negativo en la participación de las mujeres en el mercado laboral. El análisis del caso brasileño revela la necesidad de que las normas de seguridad social se adapten a los cambios en el mercado laboral y pone de manifiesto la necesidad de reconocer que las disposiciones relativas a la seguridad social pueden realmente influir en el mercado laboral.