Hace veinte años, International Social Security Review publicó un artículo que presentaba un nuevo término relacionado con el desarrollo y la protección social: microseguro. Hoy, dos décadas más tarde, conviene hacer un balance de cómo los microseguros han contribuido a la promoción de la cobertura y de la seguridad social. En el artículo se repasan las principales lecciones de estos últimos 20 años, entre ellas el claro valor de la propuesta de microseguros de salud, un análisis de la demanda de microseguros, el proceso para una aplicación satisfactoria y las condiciones necesarias para realizar operaciones escalonadas y sostenibles. Se explica también el contexto que condujo a una divergencia considerable en la esfera de los microseguros, se examinan problemas no resueltos y se reflexiona sobre el futuro del microseguro. El artículo llega a la conclusión de que los microseguros pueden florecer si existen los cuatro pilares necesarios para su puesta en práctica, a saber, un apoyo político que facilite su integración, un mayor conocimiento del seguro por parte de los clientes, una asistencia técnica que permita la administración personalizada de los regímenes y la disponibilidad de capital inicial. Otra condición es que los clientes perciban que el microseguro ofrece un bienestar superior que no puede obtenerse por otros medios.

Desde la década de 1980, muchos países latinoamericanos han restringido el acceso a las pensiones contributivas. La sostenibilidad financiera es una de las principales preocupaciones. Los estudios sugieren que una proporción considerable de contribuyentes no podría cumplir unas condiciones de acceso más estrictas, ya que la densidad de cotizaciones observada es baja. Si bien la mayoría de los países latinoamericanos carecen de registros vida laboral completos, la densidad de cotizaciones observada muestra de modo irrefutable historiales de cotización cortos, en particular en el caso de los trabajadores de bajos ingresos y de las mujeres. En la última década, estos hechos impulsaron una nueva ola de reformas, con requisitos de elegibilidad menos exigentes para acceder a las pensiones y la incorporación de una perspectiva de género. El Uruguay participó en ambos procesos: aumentó los períodos de cotización exigidos en 1996 y, en 2008, los bajó y estableció créditos de cuidado infantil. En este artículo se analizan los efectos que tendrían unos requisitos de elegibilidad menos estrictos en los derechos de pensión en el Uruguay y se estiman historiales de cotización completos utilizando los registros administrativos. Los registros de vida laboral empezaron a mantenerse a partir de abril de 1996, razón por la cual aún no se dispone de historiales laborales completos. El estudio revela que los derechos de pensión aumentarían, en particular para las mujeres. El principal efecto se debería a los menores requisitos de cotización. Además, los créditos de cuidado infantil reducirían aún más la brecha de género en el acceso a las prestaciones. El caso del Uruguay es significativo en el contexto regional, ya que la mayoría de los países latinoamericanos está envejeciendo rápidamente y puede aprender de la experiencia del Uruguay, país cuyas estadísticas de vida son cercanas a las de los países desarrollados. Además, las recientes reformas en la región muestran que las cuestiones relativas a los derechos de pensión y a la brecha de género son preocupaciones comunes a muchos países.

Durante la última década, el uso de tecnología biométrica para identificar y autenticar a los beneficiarios de los programas de protección social ha aumentado. Sin embargo, los gobiernos, los donantes y las organizaciones de la sociedad civil no han debatido mucho acerca de las posibles repercusiones de esta tecnología en la inclusión de los sectores más vulnerables de la población ni acerca de la seguridad y la protección de la privacidad y los datos personales. En este artículo se pretende colmar el vacío existente. En primer lugar se repasa cómo se usa la tecnología biométrica en varios programas de protección social de todo el mundo. Luego se examinan los riesgos y los desafíos potenciales del uso de la tecnología biométrica en los programas de protección social. Por último, se evalúan las condiciones necesarias para que la tecnología biométrica se aplique de conformidad con las normas del derecho internacional. Se hace hincapié en los países en desarrollo, donde el uso de la tecnología biométrica en los sistemas de identificación ha aumentado considerablemente en los últimos años. Una de las principales conclusiones del artículo es que la adopción de la tecnología biométrica, a menudo promovida por los donantes, debe estar precedida por un debate democrático en el que se examinen todas las alternativas. Antes de adoptar esta tecnología, se debe proceder a una evaluación contextual de los riesgos y a la adopción de un marco jurídico e institucional apropiado para proteger los derechos y velar por que los miembros más vulnerables y desfavorecidos de la población no queden excluidos.

El punto de partida de este estudio es la adopción de políticas activas del mercado de trabajo orientadas a los jóvenes aparentemente similares en Grecia y Portugal. Ambos países han experimentado altas tasas de desempleo juvenil y se han visto forzados a reestructurar su mercado de trabajo como parte de los programas de rescate adoptados durante la crisis de la deuda soberana en Europa. A pesar de la convergencia de las trayectorias políticas, existe una divergencia significativa en los resultados del empleo. En Portugal, las políticas orientadas a los jóvenes tenían un objetivo más específico y se estructuraron mejor. Su puesta en práctica fue más efectiva e hizo intervenir a los interlocutores sociales desde el comienzo de la crisis. En Grecia, los errores de diseño de las políticas, las deficiencias administrativas y las condiciones macroeconómicas desfavorables limitaron los efectos de las políticas orientadas a los jóvenes, lo que aumentó la precariedad de este grupo de población. Esta antítesis sugiere que la convergencia en el contenido de las políticas puede producir divergencias en los resultados.

En 1997, México reemplazó su principal sistema de pensiones de vejez por un sistema de capitalización individual. En 2021, la primera cohorte se jubilará con arreglo al nuevo sistema. Mediante la utilización de un modelo que proyecta variables demográficas y laborales y de simulaciones de Monte Carlo, los resultados de este estudio muestran que, en 2051, el porcentaje de hombres que no dispondrán de una pensión aumentará del 38 al 59 por ciento, y el de mujeres pasará del 44 al 66 por ciento. La tasa de sustitución para el trabajador mexicano medio caerá del 70 al 30 por ciento. El número de personas en situación de extrema pobreza aumentará en casi 2,8 millones, lo que representa el 9,44 por ciento de la población. Se proponen escenarios alternativos que consisten en aumentar la tasa de cotización y elevar la edad de jubilación.

La digitalización de la economía puede considerarse una revolución industrial, una serie de innovaciones tecnológicas que generan nuevas prácticas y nuevos modelos de negocio. Como en las revoluciones industriales anteriores, una etapa de destrucción de los sistemas y las estructuras existentes produce una profunda transformación en el mundo del trabajo y la aparición de nuevos empleos y sectores de actividad, con cambios en el mercado de trabajo y en los tipos de empleo creados. Esto pone en peligro la posición de las clases medias y presenta nuevos desafíos para la protección social. Este artículo trata de comprender los efectos de las tecnologías digitales en la economía y el empleo, así como los fenómenos de polarización del mercado de trabajo. En el artículo se describen las nuevas formas de empleo en la era digital y se analizan los riesgos sociales y las posibles consecuencias para las clases medias. A su vez, se examinan las nuevas posibilidades de protección social. El artículo concluye que es necesario reevaluar los empleos que consisten en la prestación de servicios personales y de atención, entre otras cosas para respaldar la inversión social y mejorar las perspectivas de las clases medias fragilizadas.

La economía de plataformas plantea una serie de cuestiones jurídicas complejas relacionadas con el derecho del trabajo y la protección de la seguridad social. En particular, las relaciones de trabajo atípicas características de muchas plataformas en línea (por ejemplo, trabajo multilateral, temporal, externo, autónomo), que a menudo se consideran contrataciones independientes, han puesto en jaque la aplicación de las leyes laborales y de salud y seguridad en el trabajo de muchos países del mundo, ya que la aplicación de estas leyes suele depender de la existencia de una “relación de trabajo”. Esta evolución se combina con el aumento general del empleo atípico, en particular como resultado de la crisis financiera y económica de 2007-2008. En general, los tribunales han debido resolver las diferencias entre las plataformas en línea y sus trabajadores, pero algunos Estados miembros de la Unión Europea, como Francia, han tomado medidas legales específicas en respuesta a estos desafíos. Además, la UE interviene cada vez más, por ejemplo a través del fallo del Tribunal de Justicia en el caso de Uber, que ofrece orientación sobre la “cuestión del empleo”, y una iniciativa legislativa pendiente relativa a una Directiva sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles que puede proporcionar una protección laboral mínima a los trabajadores de plataformas de la UE. En este artículo se analiza el problema del derecho del trabajo en la economía de plataformas y se examinan las diversas respuestas de los tribunales y los responsables de la formulación de políticas de la UE, que pueden sentar precedentes para casos similares fuera de la UE.

A nivel mundial, se estima que entre 2010 y 2030 serán necesarios 734 millones de empleos para adaptarse a los cambios demográficos recientes y en curso, incorporar los posibles cambios a las tasas de actividad y alcanzar tasas de desempleo de un 4 por ciento como máximo para los adultos y de un 8 por ciento como máximo para los jóvenes. El hecho de que la mayoría de los nuevos empleos son necesarios en países donde hay menos empleos “decentes” y donde los trabajadores de muchos sectores se enfrentan cada vez más al riesgo de automatización, dificulta más aún el desafío de crear empleos, que ya es bastante importante desde una perspectiva histórica. Si no se crean los empleos necesarios de aquí a 2030, los sistemas de seguridad social actualmente activos se verán sometidos a presión y se socavarán los esfuerzos por garantizar los pisos nacionales de protección social consagrados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En todo el mundo, la digitalización está transformando las sociedades y las economías a una escala y a un ritmo sin precedentes. La automatización y la digitalización han generado, en diversas profesiones y sectores, la aparición de nuevas formas de empleo, como la economía de plataformas. La aparición de estas nuevas formas de empleo requiere que los sistemas de protección social existentes se adapten a la situación y a las necesidades específicas de los trabajadores de plataformas, a fin de materializar el derecho humano a la seguridad social para todos. La actual cobertura de protección social para los trabajadores de plataformas digitales de trabajo colaborativo presenta numerosas brechas. Los trabajadores de plataformas que se benefician de una cobertura de seguridad social suelen recibirla como resultado de empleos anteriores o adicionales, o indirectamente por medio de sus cónyuges u otros miembros de la familia. Esto plantea interrogantes acerca de las plataformas digitales que hacen caso omiso de la economía tradicional en lo relativo a la financiación de la seguridad social. ¿Cómo pueden los sistemas de protección social adaptarse a los cambios en las formas de empleo para garantizar una cobertura completa y efectiva a todos los trabajadores, cualquiera sea su forma de empleo? ¿Cómo proteger a los trabajadores de todo tipo de empleo, incluso de plataformas digitales, de manera adecuada e integral, combinando mecanismos contributivos y no contributivos, y sobre la base de mecanismos de financiación equitativos y sostenibles, para garantizar una protección social adecuada para todos?

Este número especial de International Social Security Review examina los temas multidisciplinarios de la economía digital y la seguridad social. La selección de artículos que componen este número ofrece diversos puntos de vista sobre el entorno cambiante y cada vez más complejo en el que operan las instituciones de seguridad social, así como una evaluación fundamental de cómo este entorno puede afectar a las instituciones de seguridad social y cómo éstas pueden responder a los desafíos previstos. Las instituciones de seguridad social no controlan los factores externos que pueden tener un efecto negativo en la financiación y la cobertura de los programas de seguridad social. Sin embargo, la transición a la economía digital plantea el desafío de gestionar un proceso de cambio sin precedentes. Si bien la principal preocupación es garantizar la continuidad de los servicios, también es necesario mejorar el suministro de servicios a todas las partes interesadas y elaborar soluciones para hacer frente a los nuevos desafíos operacionales y a los riesgos de cobertura emergentes. En particular, en las economías más desarrolladas, la transición a la economía digital provoca cambios en el mercado de trabajo y desafíos socioeconómicos que a menudo se consideran un riesgo de aumento de la precariedad. Independientemente de ello, el objetivo de las políticas mundiales sigue siendo garantizar una seguridad social que proteja a todos de manera sostenible y adecuada.

Las nuevas tecnologías están cambiando los mercados de trabajo. El principal objetivo de este artículo es examinar las diferencias en la capacidad de adaptación de los sistemas de protección social de Europa a los cambios en los mercados de trabajo. Estas diferencias en la capacidad de adaptación sugieren que algunos sistemas de protección social están más preparados que otros, por ejemplo en su capacidad para garantizar una financiación sostenible. En los próximos años, se prevé que los efectos del desarrollo tecnológico en los mercados de trabajo serán enormes. Uno de los efectos será una mayor dualidad y nuevas divisiones entre los “privilegiados” y los “marginados”. Se esperan menos empleos industriales. Además, existe el riesgo de que el empleo disminuya en el sector de los servicios, debido a la automatización. Si bien es probable que se creen nuevos empleos, es difícil predecir si reemplazarán todos los empleos desaparecidos, y muchas personas cuyas competencias se volverán obsoletas corren el riesgo de quedar desempleadas a corto y largo plazo. Por otro lado, incluso si se crea el mismo número de empleos, habrá un período de transición en el que los sistemas de protección social deberán adaptarse. No solo deberán encontrar la manera de financiar sus actividades, sino también de hacer frente a la amenaza que plantearán a la cohesión social los “ganadores” y los “perdedores” del mercado de trabajo y el mayor riesgo de aumento de las desigualdades. El artículo sugiere cómo los sistemas de protección social pueden hacer frente a los cambios en su financiación y cómo las políticas activas del mercado de trabajo pueden contribuir a atenuar los drásticos cambios esperados. También es necesario debatir el promedio de horas que las personas trabajarán por año y cómo esto podría ser un factor para reducir el nivel de desempleo en el futuro.

Durante el período 1998-2007, la mayoría de los gobiernos de Europa central y oriental promulgaron leyes que obligaban a los trabajadores a ahorrar para la jubilación en cuentas individuales de gestión privada. Los gobiernos financiaron estas cuentas asignándoles parte de los ingresos de las pensiones públicas, lo que generó o incrementó el déficit de los regímenes públicos. Tras el inicio de la crisis financiera y económica mundial de 2008, la mayor parte de estos países de Europa central y oriental redujeron estas transferencias de fondos y, por lo tanto, el importe de las cuentas. Una década después de la crisis, este artículo analiza las prestaciones que estas cuentas comienzan a pagar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación. Muestra que, en general, estas prestaciones son menos favorables que las pensiones públicas. En algunos casos, las prestaciones se pagan en forma de una única suma de cuantía fija en lugar de pensiones mensuales. La mayoría de ellas no se ajustan periódicamente a la inflación. También se da el caso de que las mujeres perciben prestaciones inferiores a las de los hombres, si bien el saldo de las cuentas es idéntico. En muchos países, los pensionistas titulares de una cuenta individual perciben prestaciones inferiores a las de aquellos que no poseen una cuenta de este tipo. Para no perjudicar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación, algunos países de Europa central y oriental les ofrecen la posibilidad de reembolsar el saldo de su cuenta para que puedan percibir la totalidad de la pensión pública. Si bien esta estrategia incrementa la insatisfacción de los trabajadores, también ejerce presión en las finanzas de los regímenes de pensiones públicas. Para ayudar a los titulares de cuentas de pensiones de segundo pilar sin debilitar los regímenes de pensiones públicas, los gobiernos deberían plantear la posibilidad de que el ahorro en una pensión privada sea de carácter voluntario y separar su financiación de la de las pensiones públicas, es decir, garantizar dicha financiación mediante las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, y, de ser posible, mediante la ayuda directa del Estado.

El Gobierno de Camboya ha puesto en marcha iniciativas de reforma ambiciosas para mejorar su sistema de protección social de la salud. En enero de 2018, anunció que el Fondo de Equidad Sanitaria (Health Equity Fund – HEF), financiado conjuntamente por el Gobierno y los donantes para garantizar el copago de los servicios de salud pública de la población pobre, se ampliaría a determinados grupos de trabajadores informales miembros de asociaciones, así como a los jefes de municipios y aldeas. Desde 2017, la Caja Nacional de Seguridad Social de Camboya, ofrece un seguro social de salud a los trabajadores de la economía formal de las empresas que cuentan con ocho o más empleados. En enero de 2018, este seguro se extendió a los funcionarios públicos y al conjunto de los empleados, con independencia del tamaño de la empresa. Sin embargo, en el artículo se destaca que esta ambiciosa reforma no está acompañada de una planificación rigurosa en términos de la financiación, la prestación de servicios, los recursos humanos y las características institucionales. El objetivo de este artículo es, por lo tanto, analizar los principales desafíos y problemas que Camboya debe afrontar en lo que respecta a la generación de recursos, la cobertura de la población, la estrategia de adquisiciones y la gobernanza para llevar a cabo la ambiciosa reforma de su sistema de protección social de la salud.

En muchos países europeos se da cada vez más importancia a las políticas de mercado de trabajo en las que los empleadores participan activamente en la reinserción de los desempleados. Estas políticas orientadas al empleador se centran en la demanda de fuerza de trabajo de las empresas y tratan de influir en su voluntad de contratar, formar y orientar a grupos de desempleados, a menudo desfavorecidos. Utilizando datos de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas en el  marco de un programa destinado a empleadores de una ciudad sueca de tamaño medio, el presente artículo tiene como objetivo recoger información sobre cómo se utilizan estas políticas para alentar a los empleadores a contratar a trabajadores desempleados y sobre las diferencias entre los empleos creados en este contexto y los empleos ordinarios.. En el artículo se sostiene que la creación de puestos de trabajo mediante nuevos acuerdos que fomenten la división del empleo y que permitan liberar al personal de plantilla de las tareas no cualificadas, puede incitar a los empleadores a contratar a desempleados, si dichos acuerdos están relacionados con otras medidas. Por otra parte, el artículo también pone de manifiesto que esta nueva división del trabajo, en la que los participantes en el programa realizan principalmente tareas no cualificadas, es difícil de poner en práctica, ya que los nuevos empleados ejecutan cada vez más tareas ordinarias.

A pesar de que cada vez se hace más hincapié en la adopción de medidas activas del mercado de trabajo, las prestaciones de desempleo siguen constituyendo un elemento clave de la protección del empleo. En este artículo se presentan los casos de cuatro economías de Asia Oriental, a saber, China, el Japón, la República de Corea y Taiwán (China), que suelen estar dotadas de sistemas de bienestar con una notable orientación al desarrollo y la productividad, con el objeto de analizar si las prestaciones de desempleo son restrictivas y excluyentes, como a veces se sostiene. Para ello, se examina la lógica en la que se basa el diseño de las prestaciones de desempleo y se argumenta que estas son efectivamente de carácter progresivo y justas en lo que respecta al pago. Sin embargo, la escasa cobertura efectiva y la baja cuantía de las prestaciones imposibilitan la consecución de su objetivo de redistribución y de indemnización.