Este año se conmemora el 75º aniversario de la que, desde enero de 1967, se conoce como International Social Security Review (Revista Internacional de la Seguridad Social), publicada por primera vez en abril de 1948 bajo el título Bulletin of the International Social Security Association (Boletín de la Asociación Internacional de la Seguridad Social). Con motivo de esta importante efeméride, se presenta este número especial doble titulado “El derecho humano de las personas de edad avanzada a los cuidados de larga duración: Ampliación de la función de los programas de seguridad social”, en el que se recogen los debates actuales sobre la extensión de la cobertura de seguridad social en un contexto de envejecimiento de la población. Existen motivos de peso para revisar las normas internacionales de seguridad social a fin de que los cuidados de larga duración de las personas de edad avanzada gocen de reconocimiento oficial, por ejemplo, como una rama específica de la seguridad social. Este debate se articula en torno a las cuestiones que deben abordar todos los países, a saber, las funciones que los sistemas de seguridad social pueden y deben desempeñar para ayudar a satisfacer las necesidades de las personas de edad avanzada en materia de asistencia médica y social de larga duración.

En este artículo se estudian los desafíos que el envejecimiento plantea en la esfera de los cuidados de larga duración. El análisis se divide en tres etapas. En la primera se calcula la demanda potencial de cuidados en 30 países desarrollados sobre la base de las previsiones relativas al envejecimiento y la discapacidad entre las personas de edad avanzada. En la segunda se exponen los problemas que los sistemas de salud afrontan debido a la escasez de proveedores de cuidados, el aumento de los requisitos en materia de cualificaciones impuestos a dichos proveedores, los obstáculos que impiden un acceso universal y equitativo a los cuidados y la contención de los costos con sujeción a una calidad adecuada de la asistencia prestada. En el tercero se comparan los sistemas de cuidados de Alemania, Israel, el Japón, los Países Bajos y la República de Corea, con el fin de identificar soluciones para hacer frente a estos desafíos.

Debido a la aceleración del envejecimiento de la población, el envejecimiento saludable se está convirtiendo en una necesidad para todos. Los sistemas de protección social pueden desempeñar un papel importante a este respecto. Mediante un enfoque basado en el ciclo de vida, estos sistemas pueden contribuir a: i) prevenir la discapacidad entre las personas de edad avanzada (esto es, gestionando los determinantes sociales de la salud y la rehabilitación), ii) ofrecer un acceso efectivo a cuidados de larga duración que no conlleven dificultades para las personas que los precisan, y iii) proporcionar un trabajo decente en la economía del cuidado. Para ello, será necesario adoptar un enfoque transformador en materia de género. Sin duda, la representación de las mujeres es desproporcionadamente alta entre el conjunto de personas de edad avanzada y de proveedores de cuidados de larga duración. Además, para fomentar de forma adecuada el envejecimiento saludable y el acceso efectivo a los cuidados de larga duración sin dificultades, los sistemas de protección social han de establecer una estrecha coordinación entre las políticas de atención de salud, de atención social y las políticas sociales de otra índole. En el artículo se destacan los principales puntos de entrada mediante los cuales los sistemas de protección social pueden contribuir al Decenio de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable a partir de un enfoque basado en los derechos humanos y las normas internacionales en materia de seguridad social.

Actualmente, la familia ocupa un lugar central en el actual sistema de cuidados de larga duración de la India. Sin embargo, los arreglos familiares informales no serán suficientes para dar respuesta a las necesidades cada vez mayores de la India en materia de cuidados de larga duración debido al aumento de la longevidad y la movilidad geográfica, la prevalencia de las enfermedades crónicas, la discapacidad entre las personas de edad avanzada y el hecho de que los miembros de la familia extensa viven cada vez menos juntos. Para hacer frente a la creciente demanda de cuidados de larga duración, será necesario mejorar de forma significativa el actual sistema de cuidados de larga duración, sobre todo sus componentes no familiares. Esta reforma precisará inversiones en infraestructuras, recursos humanos y marcos jurídicos y reguladores. El estudio tiene los siguientes objetivos: i) proporcionar un resumen y un análisis descriptivos del sistema de cuidados de larga duración de la India en los que se preste especial atención a la heterogeneidad interestatal y a los factores financieros, sociales y culturales que obstaculizan el funcionamiento de este sistema; ii) calcular y evaluar las necesidades actuales y futuras de cuidados de larga duración y sus contribuciones financieras y humanas fundamentales; y iii) analizar y debatir, desde una perspectiva crítica, las instituciones y las políticas, las tecnologías y los comportamientos necesarios para ajustar la capacidad a las necesidades de cuidados de larga duración.

Los cuidados de las personas de edad avanzada constituyen uno de los problemas socioeconómicos más importantes que se derivan del envejecimiento de la población. Debido a la disminución de la mano de obra en los sectores de los cuidados y de la salud, ya se observan dificultades a la hora de satisfacer plenamente las necesidades de atención. Asimismo, la desinstitucionalización, que implica una transición de la atención institucional a la atención comunitaria, precisa que se dediquen más recursos humanos a los sectores de los cuidados y de la salud. El artículo aborda los sistemas de cuidados de larga duración a disposición de las personas de edad avanzada y los factores que condicionan la posibilidad de que los países de Visegrad (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) pasen de un modelo postsocialista (familiarismo por defecto o familiarización sin asistencia) a un modelo de atención europeo basado en la desinstitucionalización. Otro de los objetivos del artículo consiste en poner de relieve algunas de las diferencias existentes en Europa Central en lo relativo a la prestación de cuidados de larga duración a personas de edad avanzada, así como enfatizar que es preciso considerar sus características específicas al planificar y formular políticas públicas y directrices en materia de política social en la Unión Europea.

La pandemia de COVID-19 ha afectado de forma desproporcionada a las personas de la tercera edad y sus proveedores de cuidados. Muchos países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han adoptado medidas encaminadas a evitar que la infección se propague y aumentar el número de proveedores de cuidados. A pesar de ello, la crisis sanitaria está poniendo de relieve y agravando los problemas estructurales existentes en el sector de los cuidados de larga duración. En muchos países miembros de la OCDE, la contratación de un número suficiente de proveedores de cuidados de larga duración sigue constituyendo un desafío y las condiciones de trabajo de dichos proveedores son complejas. Incluso en circunstancias normales, se registran hospitalizaciones evitables debido a competencias inadecuadas y a la escasa integración con el resto del sistema de atención de salud. Habida cuenta de la velocidad a la que envejece la población, es probable que estos problemas se agraven si no se adoptan medidas al respecto. Se precisan políticas que tengan por objetivo mejorar la contratación y abordar la retención mediante programas de formación, mejoras en materia de coordinación y de productividad, e iniciativas de aprovechamiento de las tecnologías digitales.

En el artículo se exponen elementos clave del programa de acción destinado a mejorar la integración de la atención de salud y los servicios sociales destinados a las personas de edad avanzada de los países de ingresos altos, y se pone de manifiesto su mayor pertinencia para los países de ingresos medios y bajos. En el artículo se estudia seguidamente el contexto que rodea a este programa en el Brasil, que incluye la creciente demanda de cuidados de larga duración y las medidas institucionales adoptadas. A continuación se analiza un proyecto de estudio de caso consistente en la colaboración en materia de cuidados de larga duración entre organismos encargados de la asistencia social y de la salud en la ciudad brasileña de Belo Horizonte. En el documento se destacan los desafíos y los posibles beneficios de este modelo de colaboración y se ofrecen análisis políticos sobre los cuidados de larga duración en el Brasil y otros países.

En este artículo se presenta un panorama general de los cuidados de larga duración en países de ingresos bajos y medios a partir de un análisis y una síntesis de los resultados de diferentes revisiones bibliográficas. El artículo empieza con una breve evaluación de las necesidades en el ámbito de los cuidados de larga duración desde la perspectiva de la demanda, y luego se comparan los servicios formales de cuidados de larga duración disponibles con la prestación de cuidados informales desde el punto de vista de la oferta. A continuación se describe y se aborda el papel que las políticas gubernamentales desempeñan en la prestación y gobernanza de los cuidados de larga duración. Por último se destacan y se ofrecen consideraciones prácticas para la formulación de políticas en materia de cuidados de larga duración para los países de ingresos bajos y medios, las cuales se han extraído de las experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas de países de ingresos altos.

Sobre la base de datos originales de la Red Europea de Política Social (REPS), en el artículo se investiga hasta qué punto se incluyó a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores atípicos, menos cubiertos por los sistemas de protección social “ordinarios”, en los regímenes “extraordinarios” de protección de los ingresos y de mantenimiento del empleo durante la pandemia de COVID-19 en la Unión Europea (UE) y el Reino Unido. Con la llegada de la crisis, los países adoptaron rápidamente medidas de emergencia sin precedentes para garantizar la sustitución de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia. No obstante, la mayoría de estos regímenes solo prestaron una ayuda básica en forma de pagos únicos que, en algunos casos, estaban sujetos a diversas condiciones de elegibilidad. En general, los trabajadores atípicos fueron incluidos en los regímenes de mantenimiento del empleo, pero en algunos países siguió habiendo deficiencias importantes. En el artículo se analiza cómo se abordaron esas deficiencias en cinco Estados miembros de la UE, y concluye destacando algunas pautas políticas para que la protección de los ingresos “extraordinaria” en tiempos de crisis sea mejor y más adecuada para los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores atípicos.

La cobertura sanitaria universal y la protección social de la salud son objetivos de política fundamentales que abarcan todos los aspectos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Comprender estos dos conceptos, sus principios básicos y su interrelación mejoraría la formulación y la aplicación de las políticas en materia de salud y ayudaría a conseguir la cobertura sanitaria universal, proteger eficazmente la salud y los medios de subsistencia de las personas y salvar vidas. La pandemia de COVID-19 ha permitido extraer lecciones muy útiles sobre la manera de mejorar las actividades multisectoriales para fortalecer y financiar los sistemas de protección social y de salud. Este artículo pretende aclarar conceptualmente la contribución de los marcos mundiales de protección social de la salud a la consecución del objetivo de política de la cobertura sanitaria universal. De este modo, el artículo participa en el debate político sobre la financiación de la salud y la seguridad social, y aboga por que se adopten las medidas políticas integradas tan necesarias tanto a nivel mundial como nacional. En él se analizan los orígenes de los dos conceptos y la importancia de la protección social de la salud en la financiación de los sistemas de salud para lograr la cobertura sanitaria universal. Aunque la situación varía de un país a otro, se destacan y se resumen los resultados principales, en particular los de los países de ingresos bajos y medianos.

En 2019, el Gobierno de Egipto promulgó un nuevo marco jurídico para su sistema de seguro social. Las nuevas disposiciones, además de proporcionar un régimen unificado que abarcaba distintos grupos de trabajadores, permitían realizar reformas sistémicas y paramétricas destinadas en gran medida a hacer frente al problema que plantea la baja tasa de afiliación de los trabajadores a la seguridad social, en particular de los trabajadores del sector informal. Gracias a las reformas se ha reducido la tasa de cotización que pagan los empleados y los empleadores, se han aumentado las sanciones para los empleadores que no declaran a sus trabajadores, y se ha mejorado la estructura de las prestaciones. La ley también prevé disposiciones específicas para facilitar la afiliación de los trabajadores informales cubriendo la parte de sus cotizaciones que corresponde al empleador. Sin embargo, la ley limita ese acceso mejorado a nueve categorías específicas de trabajadores informales, por lo que no reconoce la diversidad de formas de trabajo informales. Tomando como base un análisis de las características de los cotizantes del sistema anterior, en este artículo se sostiene que es probable que los obstáculos estructurales a los que se enfrentan un gran número de trabajadores que perciben salarios bajos y de empresas del sector informal de la economía impidan que la afiliación al sistema aumente a pesar de las reformas jurídicas.

En este artículo se analiza el sistema de pensiones de Cuba de 2006 a 2021 desde la perspectiva de su sostenibilidad financiera y actuarial, y de las repercusiones que tiene en la población. Se aborda el envejecimiento de la población, los drásticos recortes del gasto social que se han realizado desde 2009, el déficit de financiación de las pensiones y las repercusiones de la reforma paramétrica de 2008, la devaluación de las pensiones, las reformas estructurales, la expansión de la pobreza y las restricciones en materia de asistencia social, los efectos de la crisis económica actual en las pensiones y las proyecciones sobre la futura sostenibilidad financiera de las pensiones.

Con el propósito establecer una cobertura sanitaria universal, el Senegal ha creado dos unidades departamentales del seguro de salud para extender la cobertura dicho seguro a las comunidades rurales. Con esta iniciativa innovadora se pretendía, entre otras cosas, que el seguro de salud dejara de estar administrado por voluntarios y pasara a estarlo por profesionales. Las dos unidades departamentales siguen funcionando eficazmente varios años después de haber finalizado el proyecto en 2017, que apoyaba la creación inicial de dichas unidades. El objetivo de este estudio, que utiliza diferentes métodos, es comprender los factores que han contribuido a la viabilidad de las unidades departamentales y analizar los desafíos pendientes. Las medidas adoptadas para garantizar la estabilidad financiera y la asunción de riesgos de la organización son algunos de los factores que favorecen la viabilidad. Sin embargo, la movilización de la población, las relaciones con los profesionales de la salud y la función del Estado han sido más difíciles de gestionar. Los desafíos están relacionados con el pago de las subvenciones, el suministro de medicamentos por parte del Estado, la colaboración con el sistema de salud, el mantenimiento del pago de las cotizaciones, la digitalización de la administración y la lucha contra los abusos y el fraude.

A partir de datos de registros administrativos únicos, se estudia la jubilación en el régimen obligatorio de pensiones de Finlandia. El análisis se basa en la modelización con múltiples resultados de las pensiones y la vida laboral, así como en un conjunto de variables explicativas. Se aplica un método de regresión LAD-LASSO adaptativo y con múltiples resultados para obtener estimaciones de los ingresos y los factores socioeconómicos que afectan a la jubilación, y para determinar cuáles de esas variables debe introducirse en el modelo. La técnica estadística propuesta genera estimaciones sólidas y menos sesgadas del coeficiente de regresión, en un contexto de distribuciones de resultados desequilibradas y de un número excesivo de ceros en algunas de las variables explicativas. Los resultados subrayan la importancia de los ingresos y el empleo en los últimos años de la vida laboral para calcular la cuantía final de las pensiones, y revelan diferencias en las pensiones percibidas por los distintos grupos socioeconómicos. La conclusión es que el método de regresión LAD-LASSO adaptativo es una técnica estadística prometedora, que puede resultar de utilidad para estudiar varios aspectos del sector de las pensiones.

En este artículo se analiza si, y en qué medida, el gasto en protección social varía en función de la calidad de las instituciones y de las preferencias personales de los miembros. Para ello se emplean datos de panel relativos a varios sectores y países. Se utilizan datos extraídos de la base de datos de la Oficina Internacional del Trabajo sobre el gasto en 52 países de ingresos bajos y medianos y en 80 países de ingresos bajos, medianos y altos. Los resultados muestran que ambos factores tienen repercusiones en el grupo de países de ingresos bajos y medianos, así como en todos los países utilizados como muestra. Las estimaciones se apoyan en distintas definiciones de las variables dependientes y los diferentes criterios para medir la calidad de las instituciones. Los resultados indican la conveniencia de seguir mejorando la capacidad de las instituciones y las autoridades públicas, y de canalizar las preferencias personales de los miembros relativas a las intervenciones de protección social hacia los procesos de planificación y presupuesto, en los que se adoptan los programas de protección social y se asignan los recursos.

A partir del estudio de caso del programa de prestaciones LEAP de Ghana, se examina cómo los administradores, el personal que presta los servicios y los beneficiarios perciben y responden a los dilemas relativos a la ejecución. La investigación se centra en la prestación LEAP dirigida a quienes proveen cuidados a los niños, que está condicionada a que estos asistan a la escuela, se sometan a exámenes médicos y se vacunen. Uno de los dilemas éticos es el relativo a si debe sancionarse el incumplimiento de las condiciones, puesto que ello podría empeorar la situación de pobreza de los cuidadores y los niños. También se plantean otros dilemas, en particular, si deben asignarse recursos administrativos para definir, supervisar, sancionar y excluir a los beneficiarios; cómo debe repartirse el gasto para ofrecer las prestaciones monetarias y garantizar unos servicios de salud y educación de calidad suficiente; la cuestión de si los fondos disponibles deben distribuirse a un gran número de beneficiarios, pero en cuantías más reducidas, a fin de incentivar a un gran número de cuidadores a que lleven a sus hijos a la escuela, o si deben concentrarse en un público más reducido para intensificar la ayuda a los más pobres; y la cuestión de si los fondos serían menores si la prestación mínima no fuera una transferencia monetaria condicionada. Se examina la probabilidad de que se planteen dilemas similares en otros países de ingresos bajos y medianos donde se proporcionan transferencias monetarias condicionadas similares, y se estudia si algunos de esos dilemas también están presentes en las prestaciones mínimas “en vigor” en los países de renta alta.

Los efectos de la pandemia de COVID 19 amenazan la viabilidad del sistema de pensiones de cotización definida, puesto que menoscaban su situación financiera y exponen su vulnerabilidad a riesgos políticos. La crisis de la COVID 19 ha llevado a la aprobación, en tres ocasiones y con carácter de emergencia, de la retirada del 10 por ciento de los ahorros para las pensiones (a partir de abril de 2021). Recurrir a los fondos de pensiones durante una crisis económica no es nuevo ni inusual. Durante la Gran Recesión, en varios países de Europa Central y Oriental se emplearon fondos de pensiones de cotización definida para hacer frente a la presión fiscal. Mientras Chile se prepara para redactar una nueva constitución, prosiguen los debates sobre la eficiencia y la equidad del sistema de pensiones. A este respecto, y como han puesto de manifiesto las medidas políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia, el sistema de pensiones de cotización definida no ha cumplido la promesa de acabar con los riesgos políticos y de evitar que se desvíen los fondos de pensiones para otros gastos.

La escasez de datos sobre el diseño y la ejecución de los programas de protección social para las personas con discapacidad en los países de ingresos bajos y medianos impide comprender cómo pueden mejorarse sus efectos. El programa de subsidio por incapacidad en Maldivas es un régimen de transferencias monetarias mensuales no sujeto a comprobación de recursos y dirigido a las personas con discapacidad. Mediante métodos cualitativos se evalúa el proceso, con la finalidad de examinar el diseño y la ejecución de la intervención, y la probabilidad de alcanzar los objetivos fijados. El programa cuenta con puntos fuertes importantes, como la amplia definición de discapacidad. Se considera que el suministro del programa puede mejorarse si se establecen unos criterios de elegibilidad más claros y se refuerzan los recursos humanos para ampliar el alcance del programa. La falta de uniformidad en las prácticas de las personas encargadas de ejecutar el programa y la ausencia de protocolos establecidos han socavado la lealtad hacia dicho programa. La conclusión más importante es que la falta de vínculos con el régimen de asistencia médica, mediante el que se ofrecen mecanismos de apoyo, puede limitar la probabilidad de que el programa alcance los objetivos establecidos.

Al abordar la cuestión de la protección social de los trabajadores de plataformas, el legislador francés, en 2016 y luego en 2019, adoptó medidas para, por un lado, incorporar a estos trabajadores al régimen general de seguridad social y proporcionarles cobertura para ciertos riesgos (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y, por el otro, mejorar la idoneidad (facilitar un posible acceso a una cobertura complementaria). Sin embargo, estas iniciativas se basan en perspectivas radicalmente opuestas. En lugar de consolidar la responsabilidad jurídica del empleador con respecto a la salud y la seguridad de los trabajadores, la responsabilidad recae sobre la plataforma, pero únicamente de manera voluntaria, en el marco de la responsabilidad social corporativa. De este modo se corre el riesgo de fragmentar las prestaciones sociales, definidas por cada plataforma, y debilitar de este modo las prácticas de protección mutua y participación común en la cobertura de riesgos entre empresas y trabajadores, las cuales constituyen la base de la seguridad social. Al hacer esto, el legislador ha roto el vínculo, cuyo objetivo histórico ha sido siempre la inclusión social, y ha fomentado de distintas maneras la privatización, o una nueva mercantilización, de la seguridad social en beneficio de los intereses comerciales de las compañías de seguros privadas. Además, lo ha hecho utilizando el caballo de Troya del código de trabajo francés. Este enfoque contrasta con la posición convergente de organizaciones internacionales como la Unión Europea, la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, que recomiendan que los estados instauren el derecho a la protección social para todos los trabajadores atípicos y no asalariados. En lugar de identificar los desafíos comunes a los que se enfrentan las personas que trabajan para plataformas y ofrecer respuestas específicas a su situación, considera el trabajo en las plataformas una de las nuevas formas de trabajo atípico que adoptan aquellos que pueden tener la condición de trabajadores por cuenta propia o empleado.

El derecho a la seguridad social se recoge en el artículo 23 de la Constitución belga. La función del legislador es aplicar dicho artículo para garantizar el derecho de todos a llevar una vida digna. Los estudios realizados demuestran que los trabajadores de plataformas tienen graves dificultades para conseguir protección social. El objetivo de este artículo es destacar los límites de las disposiciones legislativas existentes en cuanto a su capacidad para hacer efectivo el derecho fundamental a la seguridad social de los trabajadores de plataformas. Con respecto a dichas disposiciones legislativas, en el artículo se destacan los reglamentos generales que configuran el sistema de seguridad social belga y las últimas medidas adoptadas por el legislador de este país con respecto a la llamada economía compartida. Un análisis de estas disposiciones demuestra que, tanto de facto como de jure, varios trabajadores de plataformas están excluidos de la seguridad social. Cuando menos, esto plantea la cuestión de si el legislador belga está cumpliendo con la obligación positiva de garantizar a los trabajadores de plataformas el derecho constitucional a la seguridad social y con la obligación negativa de al menos no socavarlo.