Durante los últimos diez años y especialmente desde que se publicaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las pensiones sociales han captado el interés de quienes están relacionados con el bienestar de las personas de edad avanzada de los numerosos países donde los sistemas de prestaciones de vejez oficiales financiados mediante cotizaciones cubren tan sólo a una minoría de la población. Las organizaciones internacionales han centrado su atención en dichos regímenes y algunas de ellas consideran que éstos desempeñan un papel importante. Sin embargo, la información sobre los mismos y sobre cómo funcionan, así como sobre su eficacia para cumplir los objetivos que persiguen, sigue siendo limitada. El aprendizaje no sólo ha tenido lugar en las organizaciones internacionales sino también en la región en que predominan: África meridional. Se debe fomentar dicho aprendizaje y en este proceso, la Asociación Internacional de la Seguridad Social tiene un papel que desempeñar.

Al observar la convergencia de las políticas y la difusión transnacional de ideas, conocimientos y políticas, se suscitó la cuestión de cómo los países podían aprender unos de otros. Este artículo estudia el papel del aprendizaje transnacional respecto a los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD). Repasamos la generalización de este instrumento político y analizamos la implementación de los GRD en tres países que los han adoptado tardíamente: Alemania, Suiza y los Países Bajos. Los tres casos demuestran que la implementación de este instrumento político exige estudios intensos, cooperación con grupos interesados y ajuste a las necesidades específicas del país. Los países aprendieron de las experiencias ajenas, pero sólo la introducción de un marco reglamentario para la competencia entre las cajas del seguro de enfermedad consiguió que las GRD llegasen a constar en la agenda política. Mientras que Alemania y Suiza hicieron uso de modelos de GRD extranjeros, los Países Bajos desarrollaron un sistema alternativo para clasificar los pacientes según la casuística.

En este artículo examinamos los motivos de la aparente convergencia en las políticas en materia de discapacidad y enfermedad que está teniendo lugar en la OCDE y planteamos la pregunta de si esta convergencia debe considerarse, y en qué medida, el resultado de un aprendizaje en materia de políticas. Concluimos que la convergencia es más el resultado de la imitación que del aprendizaje en materia de políticas y que el aprendizaje (a partir de los errores del pasado) tiene más probabilidades de producirse a nivel nacional que a nivel transfronterizo. Dada la escasez de datos que demuestren qué es lo que verdaderamente «funciona», a la hora de diseñar políticas que ofrezcan una seguridad de los ingresos suficiente al tiempo que fomentan la participación en la mano de obra, los gobiernos llevan la mirada al extranjero o a organismos como la OCDE en busca de posibles ideas y modelos en los que basar una reforma. Sin embargo, para poder convertir estas ideas en políticas viables es necesaria una gran sensibilidad al contexto institucional y político‐económico, especialmente al papel de los interlocutores sociales y a la naturaleza de las políticas existentes. A la hora de aplicar las políticas, este aprendizaje sobre el contexto puede ser crucial.

En los últimos tiempos, muchos países desarrollados han empezado a establecer amplios sistemas de cuidados de larga duración (LTC, por sus siglas en inglés). Además de las explicaciones convencionales de estos cambios de política basados en factores internos, debería considerarse el aprendizaje de las experiencias de otros países. Este artículo se centra en el modelo de seguro social de LTC, en particular, en cómo el Japón ha aprendido de Alemania, y la República de Corea del Japón. Se proponen algunos enfoques para reflexionar sobre el aprendizaje de políticas en general y sobre el aprendizaje transfronterizo.

El rápido envejecimiento de la población de la India, así como el éxodo rural y la constante concentración de la población activa en el sector no estructurado han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los acuerdos de seguridad económica para la tercera edad. Los lazos familiares tradicionales, esenciales como garantía mínima de seguridad económica, comienzan debilitarse y la longevidad creciente incrementa los costos de mantenimiento de las personas mayores. Como consecuencia, los ancianos corren más riesgos de permanecer o de caer en la pobreza. Paralelamente a sus esfuerzos por resolver esta situación, el Gobierno nacional y algunos estados de la India han lanzado una serie de programas para ofrecer a la gran mayoría de los indios sin acceso a servicios médicos o a un seguro de salud algún tipo de acceso a los mismos. Los trabajadores del sector estructurado reciben más prestaciones de seguridad social que los del sector no estructurado pero son sólo una pequeña proporción de la población activa. Las mujeres son particularmente vulnerables a la inseguridad económica. La experiencia de la India ofrece lecciones para otros países. Si bien el sector de la seguridad social ofrece espacio para iniciativas privadas, no cabe duda de que la mayoría de los emprendimientos en este ámbito deberán financiarse con los impuestos. Los proveedores del sector privado pueden desempeñar un papel importante, incluso si la mayor parte de los fondos proceden de fuentes públicas. Sin embargo, a medida que aumente el número de solicitudes de prestaciones, la actividad de los proveedores del sector privado se topará con mayores escollos. La India también ha demostrado que los estados pueden ejecutar correctamente las tareas de implementación, usando fondos del Estado nacional y con la serie de ventajas y desventajas que aporta la descentralización. Por último, la experiencia de este país en materia de implementación puede servir de guía para la búsqueda de beneficiarios, el uso de las tecnologías de la información en los sistemas de seguridad social y la gestión de los recursos humanos.

Cada vez más países formulan nuevas políticas de pensión y de atención médica, o reforman las existentes, en respuesta al envejecimiento de la población y para mejorar el bienestar de sus ciudadanos. La aplicación de políticas diferentes por los distintos países ha dado lugar a varios experimentos naturales, los cuales brindan oportunidades poco comunes de estudiar los efectos que tienen diversas políticas en la salud y la jubilación, el comportamiento de la persona y la familia, y el bienestar. Para aprovechar esas oportunidades, es preciso armonizar las actividades de reunión de datos. Un número cada vez mayor de países han convenido en proporcionar datos armonizados con el Estudio sobre salud y jubilación (Health and Retirement Study, HRS) de los Estados Unidos. En el presente artículo se analizan esos conjuntos de datos, en particular sus principales parámetros relativos a la situación en términos de jubilación y salud, la estructuración de la investigación, las muestras y las tasas de respuesta. También se examinan las oportunidades que ofrecen para la realización de estudios internacionales y sus consecuencias para la evaluación y formulación de políticas.

En este artículo se examina la crisis demográfica que sufre la Federación de Rusia y sus repercusiones en la capacidad que tiene el Gobierno ruso (o de la población rusa a través de sus propios esfuerzos) para generar fondos suficientes que proporcionen un nivel razonable de seguridad económica en la vejez. Aunque la estructura general del perfil poblacional de Rusia es muy similar a la de otras sociedades más desarrolladas, tanto ahora como en los próximos decenios, Rusia afronta retos más importantes en términos de cobertura del envejecimiento de la población que los típicos Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Un factor que dificulta considerablemente el problema es que los ciudadanos rusos en edad de trabajar tienen actualmente muchos más problemas de salud y una mortalidad más elevada que los residentes de otros países con niveles similares – y, de hecho, incluso más bajos – de renta. A pesar de que los argumentos presentados se centran en las pensiones, los mismos factores que harán que sea difícil ofrecer pensiones adecuadas también significan que otros aspectos de la protección social serán igualmente difíciles de cumplir. El éxito de la política de seguridad social en Rusia, por lo tanto, dependerá de mucho más que de los programas sociales por sí mismos: será necesario reducir las tasas de mortalidad de las personas en edad de trabajar, revitalizar los estudios superiores y acometer una reforma básica de las instituciones del país y de las políticas económicas.

Las transferencias intergeneracionales ascendentes — de la población en edad de trabajar a la población de edad avanzada — están aumentando considerablemente en los países industrializados adelantados y son mucho mayores que en los países en desarrollo. El envejecimiento de la población es el principal factor que está provocando este cambio. Así pues, en ausencia de un cambio demográfico importante (por ejemplo, el retorno a una fertilidad elevada), el incremento de las transferencias ascendentes es inevitable. Aun así, otros tres factores importantes influirán en la magnitud de las transferencias ascendentes. En primer lugar, los ingresos provenientes del trabajo varían en edades más avanzadas, a causa de las diferencias existentes en la edad promedio de jubilación, la productividad, el desempleo y las horas trabajadas. En segundo lugar, las características del consumo asociadas con la edad en la población de edad más avanzada varían fundamentalmente debido a las diferencias existentes en el gasto en salud. En tercer lugar, el gasto en capital humano (es decir, gasto en salud infantil y educación) varía. El gasto en capital humano entra en competencia con el gasto en las personas de edad, pero aumenta asimismo la productividad de las generaciones subsiguientes de trabajadores, así como los recursos disponibles para apoyar el consumo en la vejez.

Todas las sociedades contemporáneas se apoyan en diversas instituciones y mecanismos económicos para reorientar los recursos económicos de la población en edad de trabajar a la población dependiente por motivos de edad: los niños y los mayores. Tres instituciones dominan las transferencias intergeneracionales: los gobiernos, que ponen en práctica los regímenes de seguridad social, los programas de educación y otros programas de transferencias públicas; los mercados, que son fundamentales para la acumulación de activos (por ejemplo, las pensiones basadas en la capitalización y las viviendas protegidas), y las familias, que prestan apoyo económico a los niños en todas las sociedades y a las personas de edad en muchas de ellas. Los objetivos del presente artículo son, en primer lugar, describir el modo en que el envejecimiento de la población y otros cambios influyen en la dirección y la magnitud de las transferencias intergeneracionales y, en segundo lugar, comparar los enfoques institucionales de las transferencias intergeneracionales que se adoptan en todo el mundo. El artículo se basa considerablemente en las Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT), sistema establecido para medir las transferencias económicas en las diferentes edades en consonancia con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de las Naciones Unidas. Estas cuentas están siendo elaboradas en la actualidad por equipos de investigación situados en treinta y tres países en seis continentes que representan grandes variaciones en cuanto al nivel de desarrollo, las características demográficas y la política con respecto a las transferencias intergeneracionales.

El acceso a la protección social varía ampliamente entre los migrantes internacionales. Este artículo se centra en la cuestión de las cotizaciones proporcionales al salario en el marco de programas de seguridad social, así como en la carencia (frecuente) de subrogabilidad transfronteriza, un problema que afecta en particular a los migrantes Sur‐Sur. Además, se llama la atención sobre el hecho de que en muchos países de ingresos bajos suele haber una falta de capacidad administrativa para gestionar los programas de seguridad social, lo que es, en primer lugar, un problema mayor que la carencia de subrogabilidad de algunos derechos adquiridos potencialmente para hacer efectivas las prestaciones concedidas en virtud de ellos. Por regla general, la incapacidad de los migrantes para beneficiarse tanto de los programas de seguridad social que existen en el país de origen como en el país de acogida resta valor al bienestar y la seguridad de los migrantes y sus familiares. El artículo concluye que la migración Sur‐Sur debe entenderse como algo significativamente diferente de la migración Norte‐Norte, en la que las cuestiones de protección social son mucho más manejables.

El empleo en la administración pública creció rápidamente en los años setenta y a comienzos de los años ochenta en los países de ingresos altos. Durante este período el sector de la protección social fue una de las áreas que creció más extensamente. Muchos de los empleados de la administración pública contratados durante estos años se han jubilado o están a punto de hacerlo. Como consecuencia de ello, las administraciones de la seguridad social en el área de la OCDE van a comenzar a perder partes importantes de su personal actual en todas las categorías en un período de tiempo relativamente breve. A pesar de los llamamientos para que se haga un mayor uso de la planificación estratégica del personal y de una creciente concienciación respecto a los desafíos que plantea el envejecimiento de la fuerza de trabajo de la administración pública, las organizaciones de servicios públicos, incluidas las administraciones de la seguridad social, han reaccionado con lentitud. Este artículo trata los desafíos en materia de gestión de los recursos humanos que el envejecimiento de la fuerza de trabajo del sector público plantea a las administraciones de la seguridad social, perfila las respuestas políticas propuestas y evalúa las dificultades que implica su aplicación con éxito de un modo sistemático.

El envejecimiento de la población está teniendo lugar desde hace varios decenios en muchos países dentro de Europa, América del Norte y en otros lugares. Sin embargo, recientemente, se ha empezado a reconocer el ritmo, la envergadura y el alcance global de este envejecimiento, del que se están evaluando implicaciones más amplias. El envejecimiento de la población plantea un reto político fundamental a la seguridad social y los sistemas de asistencia médica de todo el mundo. Los diferentes gobiernos se plantearán este tipo de consideraciones, que irán acompañadas de perfiles demográficos cotejados, de regímenes de bienestar y estructuras institucionales, y de sistemas culturales. El futuro éxito de los esfuerzos de adaptación a esos cambios demográficos acometidos por las sociedades dependerá, en gran medida, de la capacidad que tengan la seguridad social y las instituciones de asistencia médica para adaptarse a un mundo que envejece.

La reciente crisis financiera ha tenido una repercusión sin precedentes en los fondos de pensiones y de la seguridad social. Estos últimos han registrado importantes pérdidas no realizadas en sus inversiones y se han impugnado sus mecanismos de administración, lo que ha puesto en peligro su solidez financiera y cuestionado su capacidad de proporcionar prestaciones adecuadas. El año 2009 finalizó con la recuperación de los mercados financieros, así como con la reasignación de las carteras y la reformulación de los enfoques tradicionales de gestión de riesgos. Los gobiernos han reaccionado frente a la crisis y han aplicado planes de recuperación que podrían suponer una amenaza para la situación fiscal a medio plazo. Es posible que la presión fiscal posterior a la crisis genere una situación de compromiso entre el restablecimiento de la solidez fiscal y la reducción del gasto social. En el presente artículo se analizan los efectos de la crisis en los fondos de pensiones y de la seguridad social y se abordan las cuestiones antes mencionadas.

Para contrarrestar los efectos sociales negativos de la crisis actual, los Estados deben adoptar medidas para proporcionar ayuda a los ingresos y nuevas oportunidades de empleo a los trabajadores afectados y sus familias. En este artículo se examinan las respuestas a la crisis aportadas por algunos países a través de programas de desempleo, que es la rama de la seguridad social más afectada por la desaceleración económica. Se abordan asimismo las situaciones de compromiso a las que los regímenes de seguridad social en su conjunto deben hacer frente durante las crisis económicas, cuando disminuyen los ingresos provenientes de cotizaciones e impuestos destinados a financiar los programas y se incrementa el gasto en prestaciones. También se presta especial atención a las preocupaciones que suscitan las políticas en materia de pensiones. Por último, se aborda la iniciativa propuesta por las Naciones Unidas en favor de un «nivel mínimo de protección social» en el plano mundial destinado a facilitar, al menos, protección social básica a la gran mayoría de la población mundial que carece actualmente de cobertura social y sigue siendo vulnerable a los riesgos económicos y sociales.

La crisis económica tiene al menos la virtud de poner de manifiesto que la protección social es a la vez un amortiguador social y un estabilizador económico que limita la gravedad de la recesión. De hecho, los países de la Unión Europea, incluso la misma Unión, en el marco de su plan de recuperación económica, utilizan las prestaciones sociales para ayudar a las personas afectadas por la crisis, estimular el consumo de las familias y, de este modo, respaldar la actividad de las empresas y favorecer el empleo. Por otra parte, la crisis también puede ofrecer a la Unión Europea una oportunidad para reforzar sus sistemas de protección social, inspirándose en los grandes principios del derecho social internacional, afirmando la legitimidad de niveles de protección social altos, favoreciendo la convergencia hacia los sistemas de protección social de mayor cobertura entre los Estados miembros, e incrementando su presupuesto.

Este artículo examina las conclusiones de una importante encuesta que la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) llevó a cabo en el año 2009, sobre el impacto de la crisis financiera y económica en las administraciones de seguridad social. Dichas conclusiones revelan que la mayoría de las administraciones se han visto negativamente afectadas por la disminución del rendimiento de las inversiones de los fondos de la seguridad social y por la reducción del ingreso procedente de las cotizaciones, y que se ven igualmente confrontadas al aumento de los gastos por concepto de prestaciones. A pesar de ello, las conclusiones indican que las administraciones han enfrentado estos desafíos de forma activa e innovadora. Sin embargo, otros desafíos se plantean. En este sentido, los más preocupantes incluyen la posibilidad de una lenta recuperación económica que supone una prolongada crisis del mercado de trabajo, así como los problemas que generan reservas financieras agotadas y una menor libertad fiscal.

La crisis financiera global ha tenido un efecto devastador en los niveles de pobreza de los países en desarrollo, y la respuesta de la protección social hasta la fecha, en forma de asistencia social, ha sido limitada y se ha visto constreñida por la debilidad de los sistemas y la baja cobertura de las prestaciones preexistentes. Debido a la reducción de los ingresos, a los países en desarrollo les resulta muy difícil respetar sus compromisos políticos en materia de protección social anteriores a la crisis, apenas existiendo potencial, en este contexto, para extender la cobertura y asistir a quienes se han empobrecido aún más y a los «nuevos pobres». A pesar de que muchos países en desarrollo han adoptado soluciones de expansionismo fiscal, las respuestas políticas a la crisis se han centrado en proteger y estimular el crecimiento. Las soluciones adoptadas no han dado prioridad a la provisión de protección social para ayudar directamente a los pobres. En aquellos casos en los que se han producido intervenciones de protección social, en general, se ha tratado de intervenciones exclusivamente ad hoc y, frecuentemente, han sido intervenciones regresivas — como los subsidios generalizados para alimentos o carburantes — en vez de tratarse de intervenciones más sistémicas y favorables a los pobres. No obstante, existe un cierto margen para el optimismo, puesto que la crisis ha estimulado una serie de iniciativas encaminadas a promover la coordinación de donantes y la compatibilidad de la programación, lo cual puede traducirse en una mejora de la eficacia y el impacto de los futuros programas de protección social.

En este artículo se analizan los desafíos que afronta el Nuevo Sistema del Fondo de Pensiones de la Función Pública en Taiwán, China. Menos de dos décadas después de su puesta en marcha, este nuevo sistema afronta desajustes financieros y es objeto de polémica por la generosidad de las disposiciones que regulan sus prestaciones. En primer lugar, el artículo presenta los diferentes sistemas de seguridad en la vejez existentes en Taiwán y se centra en los trabajadores de la función pública en general. A continuación, el artículo examina los desafíos financieros que afronta el sistema general de pensiones del sector público, incluido el aumento del coste de sus prestaciones para todos los contribuyentes. Por último, el artículo propone una serie de posibles orientaciones que el sistema general del sector público debería considerar al acometer las reformas, entre otras, la reducción del importe de las prestaciones, criterios más restrictivos de elegibilidad o el establecimiento de un nuevo sistema. En este último caso, toda propuesta de un nuevo sistema debe aspirar a realizar el objetivo de lograr solidez financiera a largo plazo y simultáneamente garantizar una ecuanimidad óptima entre todas las partes implicadas, incluidos los contribuyentes.

Una de las funciones de muchos sistemas nacionales de protección social consiste en redistribuir sustancialmente la renta. Sin embargo, la envergadura y las características de los programas de protección social están cambiando. En cierto número de países, se ha producido un cambio hacia regímenes privados de protección social, destinados a sustituir o complementar programas públicos. Basado en el desarrollo de un trabajo anterior, el presente artículo analiza el impacto redistributivo que han tenido sobre la renta los programas públicos de protección social en comparación con los privados. Utilizando datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hallamos una consistente relación positiva entre los gastos sociales públicos y la redistribución de la renta entre países. En lo que a gastos sociales privados se refiere, hallamos una relación negativa débil, aunque estadísticamente significativa, con el nivel de redistribución. En países donde se ha convenido una cuota mayor de gasto social total para los regímenes privados, se produce una redistribuciónmenor de la renta. Hemos concluido que la elección entre el peso relativo de la provisión pública de protección social y el de la privada afecta el impacto redistributivo del Estado de bienestar.

En el presente artículo se analiza la relación entre la ratificación de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la provisión de prestaciones por desempleo. Las pruebas estadísticas se centran en dos cuestiones relacionadas entre sí: por qué los países ratifican los Convenios de la OIT sobre las prestaciones por desempleo y si la ratificación afecta o no al gasto de los gobiernos en prestaciones por desempleo. Las conclusiones principales son que la democracia, la región, los ingresos y la globalización son los factores que más influyen en por qué los países ratifican los Convenios de la OIT sobre las prestaciones por desempleo. A su vez, la ratificación de los Convenios de la OIT va sistemáticamente acompañada de mayor gasto cuando los países han ratificado más de dos Convenios.

En el presente artículo se presentan los resultados de 13 estudios realizados en el marco del proyecto de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) sobre el «Examen de los conocimientos actuales en materia de cobertura de seguridad social». Se examinan datos recientes que muestran cómo la cobertura de las prestaciones monetarias y de los cuidados de salud, financiada a partir de cotizaciones, de ingresos fiscales o de ambos, puede extenderse y mantenerse en los países de bajos, medios y altos ingresos. En este artículo también se destacan algunos ámbitos prioritarios y cuestiones relacionadas con la extensión de la cobertura, incluida la mejora de la protección de los trabajadores migrantes y de los de la economía informal.