La extensión de la asistencia social en los países de ingresos bajos y medios plantea cuestiones importantes para abordar el crecimiento inclusivo. La fuerza laboral es, con diferencia, el principal activo de los grupos de bajos ingresos. Los cambios en la cantidad, la calidad y la distribución de la mano de obra relacionados con la asistencia social incidirán en la capacidad productiva de los grupos de bajos ingresos y, por lo tanto, en el crecimiento inclusivo. Para abordar este tema, en el artículo se reexaminan las conclusiones de las evaluaciones sobre la incidencia de la asistencia social en los países de ingresos bajos y medios. En la mayoría de los estudios se han evaluado los efectos de incentivo potencialmente adversos para la oferta de mano de obra provocados por las transferencias, pero no se han hallado pruebas que los evidencien. En el artículo se destacan los resultados de estos estudios sobre los efectos de la asistencia social en la acumulación de capital humano y la redistribución de la mano de obra. La conclusión es que una asistencia social bien diseñada y puesta en práctica contribuye al crecimiento inclusivo.

Muchos consideran que la protección social y la recaudación de ingresos pueden inducir la cohesión social. El artículo aporta tres grandes elementos a este debate. En primer lugar se examina en detalle el concepto de cohesión social y se adopta una definición específica. En segundo lugar se propone utilizar el concepto de “contrato fiscal” como prisma teórico para comprender los posibles efectos conjuntos, a menudo subestimados, de las políticas de protección social y de recaudación de ingresos en la cohesión social. En tercer lugar se describen tres mecanismos mediante los cuales estas políticas pueden influir positiva o negativamente en los diferentes componentes de la cohesión social y se subraya la importancia de que los responsables de las políticas los evalúen detenidamente.

Este número especial aborda de forma selectiva la relación entre los sistemas de seguridad social, el crecimiento inclusivo y la cohesión social. El crecimiento inclusivo y la cohesión social se consideran objetivos políticos oportunos y necesarios para las economías nacionales. El deseo de conseguirlos refleja el pragmatismo político, el “contrato social”, así como la adhesión al objetivo más general y emancipador de la justicia social. La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) a menudo ha parafraseado estas afirmaciones para argumentar que “no puede haber justicia social sin seguridad social”. Por supuesto, los progresos realizados para lograr los objetivos de crecimiento inclusivo y de cohesión social también deberían mejorar la adecuación, la sostenibilidad y la cobertura de los sistemas de seguridad social. El objetivo de este número especial es analizar y comprender mejor la naturaleza de esta relación.

En respuesta a la propagación de la COVID-19, China ha adoptado una serie de medidas especiales de seguridad social destinadas a atenuar las repercusiones sociales y económicas negativas de la pandemia. Entre las medidas adoptadas se encuentran la reducción, la exención y el aplazamiento del pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas por los empleadores, la extensión de la cobertura de las prestaciones de los empleados y la prestación de servicios en formato electrónico de más fácil acceso por parte de los organismos de seguridad social. En el artículo se indica que, de acuerdo con una evaluación preliminar, las medidas mencionadas habrían desempeñado un papel central en el respaldo a la cohesión social y la estabilización de la economía. Se comparan de manera crítica las medidas adoptadas en China con las de otros países y se examina cómo China podría aprender de la práctica y la experiencia de otros países. Por último, el artículo se basa en la experiencia china para presentar propuestas destinadas a mejorar la forma en que el sistema de seguridad social chino puede contribuir a más largo plazo a alcanzar los objetivos de cohesión social y de desarrollo económico inclusivo. Como lo establece la ley de seguridad social de China de 2010, el sistema de seguridad social no solo debe fomentar la distribución justa de los beneficios del desarrollo, sino también promover la armonía y la estabilidad sociales.

El gran aumento del número de migrantes de Europa del Este que se incorporan al mercado de trabajo de los Países Bajos ha generado inquietud sobre su posible solicitud de prestaciones de desempleo al sistema neerlandés. Realizamos un análisis de descomposición para determinar las diferencias en la percepción de prestaciones de desempleo entre los empleados migrantes y los empleados nacionales mediante el examen de los datos de registro del conjunto de empleados de los Países Bajos en 2015. Los resultados muestran que los migrantes de Europa del Este, al igual que otros migrantes, reciben prestaciones de desempleo con mayor frecuencia que los empleados nacionales. Esta diferencia puede atribuirse en gran medida a las características del empleo. La inclusión del riesgo de desempleo en el análisis revela que los inmigrantes que no trabajan tienen muchas menos probabilidades de recibir prestaciones de desempleo que los nacionales.

En este artículo estudiamos la relación entre el gasto social y la pobreza, la desigualdad de ingresos y el crecimiento del PIB. Nuestro principal objetivo es desentrañar estas relaciones en los siguientes regímenes sociales: 1) vejez y sobrevivientes; 2) discapacidad; 3) salud; 4) familia; 5) desempleo y políticas activas del mercado de trabajo; 6)vivienda y otros. A tal efecto, aplicamos modelos de regresión OLS y 2SLS utilizando una serie de datos de panel de 22 Estados miembros de la Unión Europea desde 1990 hasta 2015. Concluimos que el gasto social público total es inversamente proporcional a la pobreza y la desigualdad, pero no al crecimiento del PIB. Los resultados varían sustancialmente entre los diferentes regímenes sociales, lo que permite establecer objetivos de modo más preciso.

La reforma de las pensiones realizada en China en las últimas tres décadas ha permitido cubrir a la mayoría de la población de China con un régimen de pensiones. En este contexto destacamos el nuevo Régimen de Pensiones Rurales (RPR), programa voluntario introducido en 2009. Uno de los objetivos de nuestro análisis es evaluar dicho régimen utilizandoa diversas fuentes de información, incluidos datos extraídos de recientes encuestas longitudinales sobre salud y jubilación realizadas en China en 2013 y 2015. En nuestro análisis estudiamos las diferencias entre la generosidad y la estructura del RPR y otros regímenes de pensiones existentes. También examinamos la posibilidad de reformar el actual componente de pensión “casi social” del RPR sustituyéndolo por un pilar de pensión social universal no contributivo. En el marco de nuestra evaluación observamos unos niveles de prestaciones inusualmente bajos para la China rural.

El objetivo de este artículo es analizar el desempeño del sistema de pensiones del Ecuador y los desafíos a los que se enfrentará en el futuro. En los últimos 13 años, la cobertura y la suficiencia del sistema de pensiones han mejorado significativamente. Sin embargo, el envejecimiento demográfico está poniendo a prueba la sostenibilidad financiera del régimen contributivo. En el artículo se establece una serie de áreas de políticas públicas relativas a los parámetros y las estructuras que, junto con la extensión de la cobertura no contributiva, podrían favorecer el establecimiento de un régimen más equitativo y sostenible.

En este artículo se analiza en qué medida se produjeron cambios entre las diferentes modalidades de jubilación anticipada en Europa entre 1995 y 2015. A partir de datos agregados de Eurostat sobre las tasas de inactividad en el marcado de trabajo y de empleo de la población de 55 a 64 años de edad en 19 países europeos, analizamos los efectos de los cambios de modalidad de jubilación y los efectos generales de la sustitución de dicha jubilación por el desempleo. A pesar de la fuerte disminución de las jubilaciones anticipadas y del aumento de la tasa de actividad de los trabajadores de edad avanzada, las conclusiones del análisis sugieren que los cambios han sido frecuente, en especial la sustitución de la jubilación anticipada por la discapacidad. Si bien la disminución de las jubilaciones anticipadas coincidió con numerosas sustituciones de jubilación por el desempleo, estos efectos disminuyeron al reducirse las diferentes modalidades de jubilación.

En este artículo se examinan las prácticas del sistema de seguro de desempleo federal y estatal de los Estados Unidos relacionadas con la elegibilidad del solicitante, la generosidad y la financiación de las prestaciones, y las medidas de emergencia, con el objetivo de extraer lecciones para el establecimiento de un posible sistema europeo de prestaciones de desempleo para los Estados miembros de la Unión Europea. Se examina el sistema de seguro de desempleo de los Estados Unidos y las esferas más importantes de la administración federal. Si bien el sistema de los EE. UU. ofrece algunas buenas ideas para establecer un sistema europeo de prestaciones de desempleo, también se pueden extraer lecciones de sus deficiencias. Se presenta una reseña de los sistemas nacionales de seguro de desempleo existentes en la Unión Europea y se analiza el debate sobre el sistema de prestaciones de desempleo de la UE. Se definen las esferas de riesgo moral individual e institucional en un sistema de seguro de desempleo de varios pilares, y se presentan ejemplos de métodos de supervisión e incentivos para atenuar dichos riesgos. Se sugieren enfoques para un desarrollo gradual del sistema, que promueven la adopción de medidas en el pilar inferior, la financiación de prestaciones y respuestas a las crisis del mercado de trabajo regionales y sistémicas.

La ejecución efectiva de las intervenciones de protección social es crucial para lograr un cambio positivo. La bibliografía existente aborda principalmente las cuestiones relacionadas con el diseño y la incidencia de los programas, y no los factores que influyen en la aparición, la extensión y el suministro de los mismos. Este artículo se basa en los estudios recientes que indican que la calidad de las instituciones y las preferencias del público desempeñan un papel importante en el suministro de la protección social. A tal efecto, el artículo realiza un estudio de caso del Programa de Red de Seguridad Productiva (Productive Safety Net Programme – PSNP) de Etiopía, uno de los principales programas de protección social del África Subsahariana, y contribuye así a los debates sobre la manera más efectiva de suministrar la protección social, en particular en entornos de pobreza generalizada y con niveles relativamente bajos de capacidad institucional. Sobre la base de datos cualitativos primarios, el artículo muestra que una mayor calidad institucional a nivel local da lugar a un suministro más efectivo de la protección social. La capacidad de los miembros de la comunidad y de los beneficiarios de la protección social de expresar sus preferencias puede llevar a adaptar el suministro, aunque en una medida muy influida por la perspectiva de género.

Sobre la base de los datos comunicados por las autoridades de supervisión de las pensiones, en este artículo se examinan las tarifas y las tasas de cotización de 85 regímenes de pensiones de 44 jurisdicciones diferentes, así como sus umbrales legales y su evolución desde 2014. Un dato notable es la disminución de las tasas y de los umbrales. En el artículo se presentan las jurisdicciones por grupos de países que presentan aspectos idénticos o muy similares cubiertos por las tasas de cotización, y se analiza en qué medida los diversos gastos facturados y los costos están cubiertos por las tasas de cotización exigidas a los miembros. Por último, se calculan las tarifas de cada grupo para cuantificar la incidencia de las tasas y las tarifas en los ahorros de pensión. Los regímenes de pensiones profesionales de cotización definida y los planes personales vinculados al empleo tienden a ser mucho más rentables que los regímenes personales sin vínculo directo con el trabajo.

El Gobierno Real de Camboya estableció recientemente su marco de Política Nacional de Protección Social para fortalecer y extender la seguridad y la asistencia social. Para fundamentar la política de protección social de la salud, se examinan datos provenientes de encuestas socioeconómicas y datos de cobertura administrativa para evaluar el potencial de cobertura de los mecanismos existentes y las brechas actuales, y se comparan tasas de cotización equitativas. En la actualidad, más del 53 por ciento de la población no dispone de ninguna cobertura de protección social de la salud y alrededor del 16 por ciento de la población que tendría acceso a algún tipo de cobertura aún no está afiliada. La labor encaminada a extender la cobertura se centra actualmente en el régimen formal para empleados, que beneficia principalmente a las personas de los hogares de ingresos más altos. Además, la reciente extensión de la cobertura a algunos trabajadores informales ha generado brechas significativas, en particular en el sector informal. Se observa que los gastos directos en atención de salud representan una proporción demasiado alta de los ingresos de las personas de los quintiles inferiores de riqueza, lo que lleva a la conclusión de que estas personas son vulnerables desde el punto de vista financiero. Por último, se demuestra que un enfoque equitativo de las cotizaciones mensuales individuales de atención de salud en los tres quintiles inferiores tiene un potencial de generación de ingresos muy limitado y los costos de recaudación pueden exceder los montos recaudados. Por lo tanto, se recomienda que, a medida que se amplíe la protección social de la salud, se exima a los grupos vulnerables del pago de cotizaciones.

La importancia de la portabilidad transfronteriza de las prestaciones sociales aumenta paralelamente al incremento del número absoluto de migrantes internacionales y de su proporción dentro de la población mundial, y, lo que es tal vez más importante aún, a la creciente y mayor proporción de la población mundial que en algún momento de su vida trabaja o se jubila en el extranjero. En este artículo se presenta una estimación de la distribución de la creciente población de migrantes en cuatro regímenes de portabilidad principales, que van desde la portabilidad estipulada en acuerdos bilaterales de seguridad social hasta el caso de los trabajadores indocumentados sin acceso a ningún régimen. La comparación de las estimaciones de 2000 y 2013 muestra un aumento, ligero pero notable, del 1,4 por ciento en la proporción de migrantes dentro del régimen I (portabilidad total), aunque el mayor cambio se haya producido en el régimen III (sin acceso a la seguridad social, pero sin pago de cotizaciones), que se ha multiplicado casi por dos para llegar al 9,4 por ciento. El régimen II (exportabilidad potencial sin totalización) se redujo en 3,0 puntos porcentuales, pero sigue siendo el régimen predominante (53,2 por ciento). Las estimaciones sugieren que el alcance del régimen IV (informal) disminuyó en 2,9 puntos porcentuales, lo que representa el 14,0 por ciento de todos los migrantes en 2013. Esta tendencia es positiva, pero será necesario tomar más medidas para hacer progresar la portabilidad de las prestaciones. Existen varias soluciones potenciales aparte de los acuerdos bilaterales, que son difíciles de establecer.

Hace veinte años, International Social Security Review publicó un artículo que presentaba un nuevo término relacionado con el desarrollo y la protección social: microseguro. Hoy, dos décadas más tarde, conviene hacer un balance de cómo los microseguros han contribuido a la promoción de la cobertura y de la seguridad social. En el artículo se repasan las principales lecciones de estos últimos 20 años, entre ellas el claro valor de la propuesta de microseguros de salud, un análisis de la demanda de microseguros, el proceso para una aplicación satisfactoria y las condiciones necesarias para realizar operaciones escalonadas y sostenibles. Se explica también el contexto que condujo a una divergencia considerable en la esfera de los microseguros, se examinan problemas no resueltos y se reflexiona sobre el futuro del microseguro. El artículo llega a la conclusión de que los microseguros pueden florecer si existen los cuatro pilares necesarios para su puesta en práctica, a saber, un apoyo político que facilite su integración, un mayor conocimiento del seguro por parte de los clientes, una asistencia técnica que permita la administración personalizada de los regímenes y la disponibilidad de capital inicial. Otra condición es que los clientes perciban que el microseguro ofrece un bienestar superior que no puede obtenerse por otros medios.

Desde la década de 1980, muchos países latinoamericanos han restringido el acceso a las pensiones contributivas. La sostenibilidad financiera es una de las principales preocupaciones. Los estudios sugieren que una proporción considerable de contribuyentes no podría cumplir unas condiciones de acceso más estrictas, ya que la densidad de cotizaciones observada es baja. Si bien la mayoría de los países latinoamericanos carecen de registros vida laboral completos, la densidad de cotizaciones observada muestra de modo irrefutable historiales de cotización cortos, en particular en el caso de los trabajadores de bajos ingresos y de las mujeres. En la última década, estos hechos impulsaron una nueva ola de reformas, con requisitos de elegibilidad menos exigentes para acceder a las pensiones y la incorporación de una perspectiva de género. El Uruguay participó en ambos procesos: aumentó los períodos de cotización exigidos en 1996 y, en 2008, los bajó y estableció créditos de cuidado infantil. En este artículo se analizan los efectos que tendrían unos requisitos de elegibilidad menos estrictos en los derechos de pensión en el Uruguay y se estiman historiales de cotización completos utilizando los registros administrativos. Los registros de vida laboral empezaron a mantenerse a partir de abril de 1996, razón por la cual aún no se dispone de historiales laborales completos. El estudio revela que los derechos de pensión aumentarían, en particular para las mujeres. El principal efecto se debería a los menores requisitos de cotización. Además, los créditos de cuidado infantil reducirían aún más la brecha de género en el acceso a las prestaciones. El caso del Uruguay es significativo en el contexto regional, ya que la mayoría de los países latinoamericanos está envejeciendo rápidamente y puede aprender de la experiencia del Uruguay, país cuyas estadísticas de vida son cercanas a las de los países desarrollados. Además, las recientes reformas en la región muestran que las cuestiones relativas a los derechos de pensión y a la brecha de género son preocupaciones comunes a muchos países.

Durante la última década, el uso de tecnología biométrica para identificar y autenticar a los beneficiarios de los programas de protección social ha aumentado. Sin embargo, los gobiernos, los donantes y las organizaciones de la sociedad civil no han debatido mucho acerca de las posibles repercusiones de esta tecnología en la inclusión de los sectores más vulnerables de la población ni acerca de la seguridad y la protección de la privacidad y los datos personales. En este artículo se pretende colmar el vacío existente. En primer lugar se repasa cómo se usa la tecnología biométrica en varios programas de protección social de todo el mundo. Luego se examinan los riesgos y los desafíos potenciales del uso de la tecnología biométrica en los programas de protección social. Por último, se evalúan las condiciones necesarias para que la tecnología biométrica se aplique de conformidad con las normas del derecho internacional. Se hace hincapié en los países en desarrollo, donde el uso de la tecnología biométrica en los sistemas de identificación ha aumentado considerablemente en los últimos años. Una de las principales conclusiones del artículo es que la adopción de la tecnología biométrica, a menudo promovida por los donantes, debe estar precedida por un debate democrático en el que se examinen todas las alternativas. Antes de adoptar esta tecnología, se debe proceder a una evaluación contextual de los riesgos y a la adopción de un marco jurídico e institucional apropiado para proteger los derechos y velar por que los miembros más vulnerables y desfavorecidos de la población no queden excluidos.

El punto de partida de este estudio es la adopción de políticas activas del mercado de trabajo orientadas a los jóvenes aparentemente similares en Grecia y Portugal. Ambos países han experimentado altas tasas de desempleo juvenil y se han visto forzados a reestructurar su mercado de trabajo como parte de los programas de rescate adoptados durante la crisis de la deuda soberana en Europa. A pesar de la convergencia de las trayectorias políticas, existe una divergencia significativa en los resultados del empleo. En Portugal, las políticas orientadas a los jóvenes tenían un objetivo más específico y se estructuraron mejor. Su puesta en práctica fue más efectiva e hizo intervenir a los interlocutores sociales desde el comienzo de la crisis. En Grecia, los errores de diseño de las políticas, las deficiencias administrativas y las condiciones macroeconómicas desfavorables limitaron los efectos de las políticas orientadas a los jóvenes, lo que aumentó la precariedad de este grupo de población. Esta antítesis sugiere que la convergencia en el contenido de las políticas puede producir divergencias en los resultados.

En 1997, México reemplazó su principal sistema de pensiones de vejez por un sistema de capitalización individual. En 2021, la primera cohorte se jubilará con arreglo al nuevo sistema. Mediante la utilización de un modelo que proyecta variables demográficas y laborales y de simulaciones de Monte Carlo, los resultados de este estudio muestran que, en 2051, el porcentaje de hombres que no dispondrán de una pensión aumentará del 38 al 59 por ciento, y el de mujeres pasará del 44 al 66 por ciento. La tasa de sustitución para el trabajador mexicano medio caerá del 70 al 30 por ciento. El número de personas en situación de extrema pobreza aumentará en casi 2,8 millones, lo que representa el 9,44 por ciento de la población. Se proponen escenarios alternativos que consisten en aumentar la tasa de cotización y elevar la edad de jubilación.

La digitalización de la economía puede considerarse una revolución industrial, una serie de innovaciones tecnológicas que generan nuevas prácticas y nuevos modelos de negocio. Como en las revoluciones industriales anteriores, una etapa de destrucción de los sistemas y las estructuras existentes produce una profunda transformación en el mundo del trabajo y la aparición de nuevos empleos y sectores de actividad, con cambios en el mercado de trabajo y en los tipos de empleo creados. Esto pone en peligro la posición de las clases medias y presenta nuevos desafíos para la protección social. Este artículo trata de comprender los efectos de las tecnologías digitales en la economía y el empleo, así como los fenómenos de polarización del mercado de trabajo. En el artículo se describen las nuevas formas de empleo en la era digital y se analizan los riesgos sociales y las posibles consecuencias para las clases medias. A su vez, se examinan las nuevas posibilidades de protección social. El artículo concluye que es necesario reevaluar los empleos que consisten en la prestación de servicios personales y de atención, entre otras cosas para respaldar la inversión social y mejorar las perspectivas de las clases medias fragilizadas.