Uno de los mecanismos para incidir en la redistribución de los ingresos mediante un sistema de pensiones consiste en incorporar un régimen de financiación no contributivo. En este estudio, en el que se emplean herramientas de modelización matemática, se comparan dos regímenes para la financiación del sistema de pensiones de la Argentina, que se plantearon tras un ejercicio de optimización. Uno de los regímenes incorpora la financiación con cargo a los impuestos y el otro no. Se llega a la conclusión de que el primer régimen es preferible desde el punto de vista de la igualdad y proporciona mayor estabilidad ante los cambios en la tasa de inversión y frente al parámetro de aversión a la desigualdad. El empleo de herramientas de modelización matemática por parte de los responsables de la formulación de políticas, con acceso a datos suficientes y de calidad, permitiría evaluar con fiabilidad en qué medida una reforma paramétrica podría (o no) contribuir a mejorar la distribución de los ingresos.

Partiendo de encuestas sobre hogares realizadas en 17 países latinoamericanos entre 2009 y 2018, se analiza la cobertura de las pensiones contributivas para la población económicamente activa y la cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas para las personas de edad. Nueve países cuentan con sistemas de pensiones “privados” y ocho, con sistemas “públicos”. Las desigualdades entre los géneros, en los ingresos, en el nivel de educación, en cuanto a la situación geográfica o al tamaño de las empresas afectan a la cobertura tanto de la población económicamente activa como de las personas de edad. Más que verse afectada por el tipo de sistema de pensiones, ya sea privado o público, la cobertura depende de características estructurales del mercado de trabajo y de las intervenciones de las políticas públicas. Las conclusiones de este artículo confirman la visión actual de que la cobertura es directamente proporcional al nivel de desarrollo e inversamente proporcional a los niveles de desigualdad y de informalidad. A partir de estos resultados, se recomienda realizar intervenciones de política.

A escala mundial, la pobreza afecta a las personas con discapacidad de manera desproporcionada. Las políticas de protección social, incluidas las transferencias monetarias, son estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza “en todas sus formas”, pero no está claro aún cómo afectan estos programas a las personas con discapacidad. En el presente estudio se examinan las diferencias en las repercusiones que el Programa de Subsidios a la Infancia de Lesotho (Lesotho Child Grant Programme – CGP) tiene en la seguridad alimentaria, la salud, la educación y los medios de subsistencia de las personas con y sin discapacidad, a partir de datos procedentes de un ensayo comunitario controlado aleatorio. En general, en el estudio se llega a la conclusión de que el CGP tuvo repercusiones significativas y diferentes en las personas con discapacidad, en función de distintos indicadores de salud (por ejemplo, el incremento de los gastos de salud, la autoevaluación del estado de salud o la probabilidad de que la persona busque asistencia sanitaria). El Programa de Subsidios a la Infancia también repercutió en la seguridad alimentaria, reduciendo el número de meses en que los hogares con y sin miembros con discapacidad sufrieron escasez de alimentos extrema. También se observó un impacto modesto, pero significativo y distinto del CGP en la participación de las personas con discapacidad en el trabajo remunerado. El CGP solamente incidió en la tasa de matriculación escolar en el caso de los niños sin discapacidad; sin embargo, la diferencia en las repercusiones no fue significativa y probablemente se debiera al insuficiente tamaño de las muestras. En general, las personas con discapacidad que se beneficiaron del CGP siguieron padeciendo niveles extremos de carencia y siguieron teniendo menos recursos que las personas sin discapacidad, lo cual indica que es necesaria una protección social adaptada o complementaria y otros tipos de programas de reducción de la pobreza.

En este estudio se utiliza el análisis del discurso de los medios de información para investigar el muy controvertido proceso de privatización de las pensiones en Lituania. En 2016, Lituania comenzó a estudiar la posibilidad de realizar reformas para reestructurar su poco eficiente régimen de pensiones de “segundo pilar”, a saber, los regímenes obligatorios individuales de cotización definida financiados por capitalización y de gestión privada. La reforma de las pensiones se conceptualiza en este artículo como un proceso de contestación discursiva frente al consenso neoliberal ortodoxo que prevaleció al diseñar e introducir un sistema de pensiones privado a principios del decenio de 2000. Para 2018, cuando la nueva ley de pensiones institucionalizó un régimen privado de ahorro para la jubilación, subvencionado y que actuaba como catalizador, este proceso ya estaba legitimado por una emergente y notoria ideología paternalista libertaria. En el presente artículo se abordan las repercusiones que la estrategia discursiva sobre las reformas de las pensiones tuvo en los resultados.

Con la promulgación del instrumento legislativo núm. 72 (2019), Zambia extiende la cobertura de las pensiones a los trabajadores de la economía informal. En este artículo se facilita información sobre las experiencias y perspectivas de los trabajadores domésticos y de los conductores de autobuses y taxis en relación con la cobertura del sistema de pensiones de Zambia. Se emplean datos generados a partir de entrevistas y grupos de discusión. El análisis demuestra que los sistemas de pensiones, diseñados normalmente para las personas empleadas de la economía formal, no son compatibles con los valores, las creencias y las necesidades de los trabajadores informales, y que la cobertura de las pensiones no es una prioridad para ellos. Como forma de innovación social, mejorar el acceso a las pensiones ha supuesto un beneficio relativo y ha carecido de incentivos para atraer a los trabajadores informales. En este artículo se propone un marco centrado en los miembros para iniciar la extensión de la cobertura de seguridad social a los trabajadores de la economía informal.

Lograr la cobertura universal de las pensiones es un objetivo importante y un reto para muchas economías en desarrollo. Los regímenes contributivos tradicionales resultan menos eficaces a la hora de extender la cobertura de las pensiones a aquellos trabajadores que no pertenecen a los sectores formales de la economía. Por otra parte, la opción de los regímenes no contributivos ha ido adquiriendo mayor popularidad en los últimos años. Las reformas de las pensiones en China reflejan esta tendencia mundial. Tras la introducción de un régimen de pensiones basado en las cotizaciones para los empleados urbanos (pensiones para empleados) se puso en marcha un régimen para los residentes de zonas rurales y urbanas (pensiones para residentes), financiado en parte por el Gobierno y en parte mediante cotizaciones, con varias opciones para el pago de primas. En este estudio se utilizan datos de encuestas nacionales representativas de 2016 y se compara el nivel de cobertura de ambos regímenes. Se llega a la conclusión de que el acceso al régimen de pensiones para residentes es más equitativo que el acceso al régimen de pensiones para empleados. Es más probable que los trabajadores de menor nivel en cuanto a educación, empleo, ingresos y condición migratoria en el sistema hukou estén afiliados al régimen de pensiones para residentes que al régimen de pensiones para empleados, en comparación con los trabajadores de mayor nivel. La experiencia china indica que, contar con un régimen flexible, asequible y que responda a las diversas necesidades de la población es una solución viable para la extensión de la cobertura de las pensiones en los países de ingresos bajos y medios.

El sistema de seguridad social chino ha sido objeto de numerosas publicaciones, lo que ha facilitado el acceso a la información sobre la evolución de las políticas del país a investigadores y administradores de todo el mundo. Sin embargo, las medidas adoptadas para hacer frente a la creciente necesidad de las autoridades de actuar en favor de las personas dependientes no están suficientemente documentadas en la bibliografía internacional. El objetivo de este artículo es evaluar las experiencias piloto realizadas en este ámbito desde el comienzo del 13º Plan Quinquenal (2016-2020) en cuanto a sus objetivos de política, al modo de funcionamiento y a las modalidades de financiación.

En este artículo se examinan varias cuestiones administrativas en el marco de la protección social descentralizada en China, en concreto, cuáles son los principales obstáculos para extender la cobertura del seguro social a los trabajadores de la economía informal. En los dos últimos decenios, China ha logrado avances notables hacia la protección social universal desde que estableció este objetivo como prioridad en sus políticas nacionales. Sin embargo, la afiliación de los trabajadores de la economía informal al seguro social sigue siendo muy baja. En este artículo se examina la aplicación de la definición del concepto de informalidad de la Organización Internacional del Trabajo en el contexto chino y se ofrece una visión general de los seguros de pensiones y de salud existentes en el país asiático. Asimismo, se analizan los efectos de las relaciones fiscales intergubernamentales y de la protección social descentralizada de China en el sistema gubernamental de múltiples niveles. En el artículo se pone de relieve que, en un sistema de seguro social administrado de manera descentralizada, muchos trabajadores del sector informal deciden abandonar dicho sistema debido a las bajas prestaciones que reciben a cambio de los altos costos que supone el cumplimiento de las obligaciones, lo que da lugar a una cobertura desigual del seguro social para los trabajadores de la economía informal.

China introdujo una serie de cambios importantes en su sistema de pensiones durante el periodo 2014–2020, y está en proceso de establecer un sistema de pensiones de vejez de múltiples pilares, que consiste en programas gubernamentales, programas voluntarios proporcionados por las empresas y programas voluntarios individuales. Los objetivos de política en este contexto son reducir la fragmentación del sistema de pensiones, hacer frente al envejecimiento de la población y diversificar los riesgos mediante la participación del gobierno, las empresas y las personas. En este artículo se pone de manifiesto que, si bien China cuenta con un sistema complejo para los trabajadores urbanos, la cobertura que ofrece su sistema de múltiples pilares, cuyo segundo y tercer pilares aún se hallan en las etapas iniciales de desarrollo, está distribuida de forma desigual.

En este artículo se analiza la sostenibilidad del régimen de pensiones para empleados urbanos de China, componente principal del sistema general de pensiones de vejez de este país. Se estudia la viabilidad del programa en general y, en particular, los casos de dos regiones, el municipio de Tianjin y la provincia de Guangxi, con el fin de poner de manifiesto tanto el alcance de las diferencias regionales como los desafíos comunes a los que se enfrentan los responsables de las políticas chinos. Se analizan diversas cuestiones fundamentales que podrían ayudar a los responsables de las políticas a abordar la cuestión del envejecimiento de la población. Se llega a la conclusión de que el desafío al que se enfrenta China no es mayor que el que encaran otros países de Europa y Asia. Además, el envejecimiento de la población no se produce de manera uniforme en todas las regiones del país asiático, por lo que aquellas zonas en las que se observa un mayor avance del cambio demográfico brindan la oportunidad de poner a prueba las estrategias políticas. Teniendo en cuenta la lentitud con que se ha avanzado hasta la fecha en los diferentes aspectos de la reforma de las políticas de pensiones, en el artículo se indica que parece poco probable que el cambio de paradigma sea significativo. Aun así, en el estudio se presentan diversas medidas de política paramétricas que China debería considerar. El desafío al que se enfrentan los responsables de la formulación de políticas en China es asegurar que el ritmo de envejecimiento y de enriquecimiento de la población sea adecuado.

Utilizando datos únicos sobre la base de cotización, realizamos un estudio sobre el infraseguro en el régimen obligatorio de pensiones para los trabajadores por cuenta propia en Finlandia. El infraseguro se define como la diferencia entre los ingresos declarados para la pensión y los ingresos declarados para fines fiscales. Gracias a la técnica de elaboración de modelos de la trayectoria aplicada, hemos podido calcular los niveles de infraseguro para distintos subgrupos e identificar posibles factores que expliquen la situación. Se han observado situaciones de infraseguro persistentes y de gran magnitud. El análisis revela seis subgrupos distintos y homogéneos de trabajadores por cuenta propia. Cerca del 84 por ciento de estos trabajadores pagan demasiado poco en cotizaciones, lo que a menudo provoca que tengan una protección inadecuada frente a riesgos personales. En particular en el caso de los trabajadores por cuenta propia de bajos ingresos, el problema es la actitud cortoplacista en lo que respecta al pago de cotizaciones al régimen obligatorio de pensiones de dichos trabajadores, y exige incentivos económicos mejorados.

El rápido crecimiento económico, la disminución de las tasas de fecundidad y los cambios en las estructuras familiares han alentado al Reino de Camboya a reformar su sistema de pensiones de vejez. El Gobierno de Camboya alcanzó un hito importante en 2019, cuando se promulgó la Ley de Seguridad Social. En virtud de las disposiciones de esta ley se establece un régimen de pensiones obligatorio de prestaciones definidas, por el que se crea un marco sólido para ampliar la cobertura obligatoria de las pensiones que ya existe para el sector público a los trabajadores del sector privado formal. En el futuro, el régimen de pensiones obligatorio debería ampliarse a los trabajadores de la economía informal. Para acompañar esta reforma, la política de inversiones del fondo de reserva del régimen de pensiones, incluidos el régimen de supervisión y la estrategia de inversión, será esencial para modernizar el sistema de seguridad social de Camboya. En este sentido, el país ha buscado y conseguido asesoramiento político. Sin embargo, debe seguir pidiendo asesoramiento y actuar sobre la base de los consejos recibidos. De no hacerlo, sus aspiraciones necesarias y cada vez más urgentes en materia de políticas destinadas a desarrollar un sistema de protección social adecuado y sostenible corren el riesgo de no lograrse completamente.

La prestación universal se ha ido implantando gradualmente en el Reino Unido desde 2013 como una prestación integral sujeta a verificación de recursos, que sustituye seis transferencias de prestaciones distintas por un pago mensual único. Antes, estas prestaciones se concedían por distintos motivos, y en el caso de ser solicitadas por una pareja, podían llegar a pagarse a ambos miembros. El pago único de la prestación universal plantea varias preocupaciones, como el hecho de que podría favorecer el maltrato en el hogar, reforzar relaciones de poder más desiguales en las parejas, restar autonomía financiera a las personas y hacer que el pago de las prestaciones deje de estar etiquetado con un fin específico. En este artículo se estudian las posibilidades de conceder la prestación universal individualmente a uno de los miembros de la pareja como una prestación integral evaluada conjuntamente y sujeta a verificación de recursos, incluidos los distintos enfoques de las autoridades descentralizadas del Reino Unido, principalmente Irlanda del Norte y Escocia. Si bien realizar un pago a cada miembro de la pareja sea probablemente más viable en el caso de prestaciones sujetas a verificación de recursos por separado en lugar de integrales, se concluye que la mejor manera de lograr la verdadera autonomía financiera de los miembros de una pareja es mediante prestaciones individuales no sujetas a verificación de recursos.

En un mundo dominado por la competencia entre Estados del pabellón y por el empleo de corta duración, beneficiarse de las prestaciones de un sistema de seguridad social no es fácil, por no decir imposible, para mucha gente de mar. El Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 ha abandonado el principio del Estado del pabellón en favor del principio del Estado de residencia por ese motivo. En este artículo se abordan los problemas de aplicación de este enfoque mediante el estudio del caso de la Unión Europea y se destacan las ventajas del principio del Estado de residencia en cuanto a la eficiencia y la eficacia administrativas, una mejor coordinación de las cotizaciones de seguridad social y del impuesto sobre la renta de las personas físicas en situaciones transfronterizas, y un mejor uso de las medidas de ayuda estatales.

En este artículo se describe la mortalidad diferencial de los beneficiarios de prestaciones de invalidez durante el periodo 2015-2016, sobre la base de los registros de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Se comparan los datos de las personas con una discapacidad evaluada con los de la población general, así como con los datos internacionales disponibles del Canadá, Chile, México y los Estados Unidos de América. Además de desglosar la tasa de mortalidad de las personas con discapacidad por edad y por sexo, también se tiene en cuenta la duración de la prestación, y se establece una correlación inversa entre la duración de la prestación y la mortalidad.

La extensión de la asistencia social en los países de ingresos bajos y medios plantea cuestiones importantes para abordar el crecimiento inclusivo. La fuerza laboral es, con diferencia, el principal activo de los grupos de bajos ingresos. Los cambios en la cantidad, la calidad y la distribución de la mano de obra relacionados con la asistencia social incidirán en la capacidad productiva de los grupos de bajos ingresos y, por lo tanto, en el crecimiento inclusivo. Para abordar este tema, en el artículo se reexaminan las conclusiones de las evaluaciones sobre la incidencia de la asistencia social en los países de ingresos bajos y medios. En la mayoría de los estudios se han evaluado los efectos de incentivo potencialmente adversos para la oferta de mano de obra provocados por las transferencias, pero no se han hallado pruebas que los evidencien. En el artículo se destacan los resultados de estos estudios sobre los efectos de la asistencia social en la acumulación de capital humano y la redistribución de la mano de obra. La conclusión es que una asistencia social bien diseñada y puesta en práctica contribuye al crecimiento inclusivo.

Este número especial aborda de forma selectiva la relación entre los sistemas de seguridad social, el crecimiento inclusivo y la cohesión social. El crecimiento inclusivo y la cohesión social se consideran objetivos políticos oportunos y necesarios para las economías nacionales. El deseo de conseguirlos refleja el pragmatismo político, el “contrato social”, así como la adhesión al objetivo más general y emancipador de la justicia social. La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) a menudo ha parafraseado estas afirmaciones para argumentar que “no puede haber justicia social sin seguridad social”. Por supuesto, los progresos realizados para lograr los objetivos de crecimiento inclusivo y de cohesión social también deberían mejorar la adecuación, la sostenibilidad y la cobertura de los sistemas de seguridad social. El objetivo de este número especial es analizar y comprender mejor la naturaleza de esta relación.

Muchos consideran que la protección social y la recaudación de ingresos pueden inducir la cohesión social. El artículo aporta tres grandes elementos a este debate. En primer lugar se examina en detalle el concepto de cohesión social y se adopta una definición específica. En segundo lugar se propone utilizar el concepto de “contrato fiscal” como prisma teórico para comprender los posibles efectos conjuntos, a menudo subestimados, de las políticas de protección social y de recaudación de ingresos en la cohesión social. En tercer lugar se describen tres mecanismos mediante los cuales estas políticas pueden influir positiva o negativamente en los diferentes componentes de la cohesión social y se subraya la importancia de que los responsables de las políticas los evalúen detenidamente.

En respuesta a la propagación de la COVID-19, China ha adoptado una serie de medidas especiales de seguridad social destinadas a atenuar las repercusiones sociales y económicas negativas de la pandemia. Entre las medidas adoptadas se encuentran la reducción, la exención y el aplazamiento del pago de las cotizaciones de seguridad social adeudadas por los empleadores, la extensión de la cobertura de las prestaciones de los empleados y la prestación de servicios en formato electrónico de más fácil acceso por parte de los organismos de seguridad social. En el artículo se indica que, de acuerdo con una evaluación preliminar, las medidas mencionadas habrían desempeñado un papel central en el respaldo a la cohesión social y la estabilización de la economía. Se comparan de manera crítica las medidas adoptadas en China con las de otros países y se examina cómo China podría aprender de la práctica y la experiencia de otros países. Por último, el artículo se basa en la experiencia china para presentar propuestas destinadas a mejorar la forma en que el sistema de seguridad social chino puede contribuir a más largo plazo a alcanzar los objetivos de cohesión social y de desarrollo económico inclusivo. Como lo establece la ley de seguridad social de China de 2010, el sistema de seguridad social no solo debe fomentar la distribución justa de los beneficios del desarrollo, sino también promover la armonía y la estabilidad sociales.

El gran aumento del número de migrantes de Europa del Este que se incorporan al mercado de trabajo de los Países Bajos ha generado inquietud sobre su posible solicitud de prestaciones de desempleo al sistema neerlandés. Realizamos un análisis de descomposición para determinar las diferencias en la percepción de prestaciones de desempleo entre los empleados migrantes y los empleados nacionales mediante el examen de los datos de registro del conjunto de empleados de los Países Bajos en 2015. Los resultados muestran que los migrantes de Europa del Este, al igual que otros migrantes, reciben prestaciones de desempleo con mayor frecuencia que los empleados nacionales. Esta diferencia puede atribuirse en gran medida a las características del empleo. La inclusión del riesgo de desempleo en el análisis revela que los inmigrantes que no trabajan tienen muchas menos probabilidades de recibir prestaciones de desempleo que los nacionales.