International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
En este artículo se facilitan datos empíricos sobre los efectos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), prestación que se puso en marcha en la Argentina en 2020. Se investiga cómo afecta el IFE al papel que desempeña la mujer en la contribución al ingreso del hogar y a la distribución de las funciones en los hogares para saber cómo se refleja en el empoderamiento de la mujer. A partir de una serie de encuestas de hogares, en el estudio se comparan a las mujeres elegibles para percibir la transferencia de la prestación con las que no lo son. Se utiliza para ello una metodología de diferencias en diferencias (DD) para medir los efectos mencionados. Los resultados sugieren que, tras la puesta en marcha del IFE, la contribución de las mujeres al ingreso de la pareja y al ingreso del hogar aumentó alrededor de un 8 y un 11 por ciento, respectivamente, y la probabilidad de que las mujeres sean las únicas responsables de las tareas del hogar se redujo un 4 por ciento.
Desde la década de 1980, muchos países latinoamericanos han restringido el acceso a las pensiones contributivas. La sostenibilidad financiera es una de las principales preocupaciones. Los estudios sugieren que una proporción considerable de contribuyentes no podría cumplir unas condiciones de acceso más estrictas, ya que la densidad de cotizaciones observada es baja. Si bien la mayoría de los países latinoamericanos carecen de registros vida laboral completos, la densidad de cotizaciones observada muestra de modo irrefutable historiales de cotización cortos, en particular en el caso de los trabajadores de bajos ingresos y de las mujeres. En la última década, estos hechos impulsaron una nueva ola de reformas, con requisitos de elegibilidad menos exigentes para acceder a las pensiones y la incorporación de una perspectiva de género. El Uruguay participó en ambos procesos: aumentó los períodos de cotización exigidos en 1996 y, en 2008, los bajó y estableció créditos de cuidado infantil. En este artículo se analizan los efectos que tendrían unos requisitos de elegibilidad menos estrictos en los derechos de pensión en el Uruguay y se estiman historiales de cotización completos utilizando los registros administrativos. Los registros de vida laboral empezaron a mantenerse a partir de abril de 1996, razón por la cual aún no se dispone de historiales laborales completos. El estudio revela que los derechos de pensión aumentarían, en particular para las mujeres. El principal efecto se debería a los menores requisitos de cotización. Además, los créditos de cuidado infantil reducirían aún más la brecha de género en el acceso a las prestaciones. El caso del Uruguay es significativo en el contexto regional, ya que la mayoría de los países latinoamericanos está envejeciendo rápidamente y puede aprender de la experiencia del Uruguay, país cuyas estadísticas de vida son cercanas a las de los países desarrollados. Además, las recientes reformas en la región muestran que las cuestiones relativas a los derechos de pensión y a la brecha de género son preocupaciones comunes a muchos países.
En muchos países europeos se da cada vez más importancia a las políticas de mercado de trabajo en las que los empleadores participan activamente en la reinserción de los desempleados. Estas políticas orientadas al empleador se centran en la demanda de fuerza de trabajo de las empresas y tratan de influir en su voluntad de contratar, formar y orientar a grupos de desempleados, a menudo desfavorecidos. Utilizando datos de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas en el marco de un programa destinado a empleadores de una ciudad sueca de tamaño medio, el presente artículo tiene como objetivo recoger información sobre cómo se utilizan estas políticas para alentar a los empleadores a contratar a trabajadores desempleados y sobre las diferencias entre los empleos creados en este contexto y los empleos ordinarios.. En el artículo se sostiene que la creación de puestos de trabajo mediante nuevos acuerdos que fomenten la división del empleo y que permitan liberar al personal de plantilla de las tareas no cualificadas, puede incitar a los empleadores a contratar a desempleados, si dichos acuerdos están relacionados con otras medidas. Por otra parte, el artículo también pone de manifiesto que esta nueva división del trabajo, en la que los participantes en el programa realizan principalmente tareas no cualificadas, es difícil de poner en práctica, ya que los nuevos empleados ejecutan cada vez más tareas ordinarias.
Unas menores tasas de actividad laboral a lo largo de la vida de las mujeres, un mayor número de interrupciones en su vida profesional y las diferencias salariales, contribuyen a crear desigualdades de género en las pensiones en el momento de la jubilación. El diseño de los sistemas de seguridad social puede acentuar o atenuar estas desigualdades. En este artículo se presentan datos nuevos sobre la repercusión de las desigualdades de género en el acceso a las pensiones y en los ingresos en concepto de pensiones en cuatro países del Cono Sur de América Latina. Asimismo, se analiza la evolución de dichos países entre 2000 y 2013 y se señalan las mejoras importantes conseguidas en la igualdad salarial y de género, que varían de un país a otro. La disminución de la desigualdad por razón de género que afecta a los ingresos en concepto de pensiones, ha sido especialmente significativa en Argentina y Brasil. En ambos casos, los mayores aumentos del valor de las pensiones durante ese período se corresponden con los percentiles que tienen los ingresos más bajos, donde las mujeres están sobrerepresentadas. En estos países, la puesta en marcha de políticas redistributivas, que tienen como objetivo reducir la pobreza y la desigualdad, pero que no se centran necesariamente en la igualdad de género, ha tenido consecuencias positivas y probablemente inesperadas en relación con la reducción de las desigualdades por razón de género en las pensiones.
El objetivo de las políticas públicas de los países de la OCDE es ayudar a los padres a cumplir su deseo de conciliar la vida laboral y familiar. En este artículo, se describen los antecedentes y las cuestiones que están en juego en la promoción de la igualdad en la pareja en Alemania. En dicho país, las familias encuentran dificultades considerables para pasar más tiempo juntas y lograr una conciliación de la vida laboral y familiar más equilibrada desde el punto de vista del género. Esto puede deberse a que los padres cuentan con empleos remunerados a tiempo completo y cumplen largas horas de trabajo, .mientras que muchas mujeres trabajan a tiempo parcial. Las políticas familiares pueden desempeñar un papel importante, y Alemania ha realizado avances significativos en el apoyo prestados a las familias antes y después del nacimiento de un hijo. A este respecto, son importantes las reformas de la licencia parental realizadas en 2007 y 2015, así como la extensión del apoyo para el cuidado de los hijos que permite a padres y madres combinar mejor las responsabilidades laborales con las familiares. El artículo analiza la evolución reciente de las políticas familiares en Alemania a la vez que se inspira también en las experiencias de los países con políticas establecidas desde hace tiempo que promueven la conciliación de la vida laboral y familiar y refuerzan la igualdad de género.
Los sistemas de seguridad social, como parte de la labor internacional realizada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) encaminada a ampliar la cobertura de una seguridad social sostenible y adecuada, intentan cada vez más ofrecer respuestas políticas integradas que satisfagan las distintas necesidades de la población a lo largo del ciclo de vida. Para lograr estos objetivos a escala mundial, no solo se debe volver a evaluar el diseño y los objetivos de los regímenes de seguridad social, sino que es necesaria una inversión importante en personal de salud. Sin embargo, se plantea el importante desafío del desajuste, actual y estimado, entre la oferta, la demanda y la necesidad de personal de salud a nivel mundial. Se debe centrar la atención en una serie de cuestiones fundamentales: la necesidad de una inversión mayor y mejor en personal de salud; el reconocimiento de la falta de igualdad de género entre el personal de salud y de la importancia de las políticas que reconocen, valoran y retribuyen de manera apropiada el trabajo de las mujeres en el ámbito de la salud; y que para permitir los cambios necesarios son imprescindibles una voluntad política al más alto nivel y una acción coordinada entre los distintos sectores.
La protección de la maternidad en el trabajo ha sido una de las principales preocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo desde su establecimiento en 1919. Los tratados fundamentales de derechos humanos, la adopción del Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (No. 183), y, más recientemente, la Recomendación de la OIT relativa a los pisos nacionales de protección social, 2012 (No. 202), han afirmado la universalización del derecho a la protección de la maternidad y pedido su extensión a todas las mujeres de conformidad con el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. En el marco de dichos acontecimientos históricos, este artículo presenta testimonios de cómo las disposiciones legislativas nacionales en materia de licencia de maternidad remunerada han mejorado a raíz de los principios de las normas internacionales del trabajo, a pesar de que una gran mayoría de las trabajadoras aún no están debidamente protegidas en caso de maternidad. Más adelante, el artículo aborda los esquemas de exclusión de la protección de la maternidad en la legislación y en la práctica y concluye con un análisis de algunos programas de protección social capaces de extender la cobertura de protección y apoyo a la maternidad para satisfacer las necesidades de atención de los más vulnerables con un enfoque de transformación del género.
El caso español confirma la tesis general de que un sistema de carácter contributivo reproduce las desigualdades de género en el reparto de las responsabilidades familiares y en el mercado de trabajo. Las mujeres que han permanecido en el hogar, en general, no tienen derecho a pensiones propias y quedan a expensas de prestaciones de menor importe, como son las pensiones de viudedad (derechos derivados) o las no contributivas. Por otro lado, aquellas que trabajan fuera del hogar acumulan menores derechos que los varones y, por consiguiente, pensiones de jubilación e incapacidad laboral (derechos propios) de menor cuantía. El objetivo de este estudio es examinar los resultados en España de la distribución de las pensiones por sexo, revisar algunas de las políticas de pensiones que se han puesto en práctica en el presente siglo y proponer acciones directas para avanzar en la transición de los derechos derivados a los derechos propios. Se trata de propuestas de impulso de la igualdad de género, entendida como derecho a la igualdad de bienestar derivado de la cobertura de seguridad económica en la vejez.
La mayor parte de los países tienen planes de pensiones separados para los empleados del sector público. La carga fiscal futura de estos planes puede ser importante, ya que el gobierno es, por lo general, el mayor empleador, los compromisos de pensiones en el sector público tienden a ser relativamente generosos y los pagos futuros proceden, de modo directo, de los ingresos estatales (según el método de reparto) o se realizan mediante planes por capitalización (fondos de pensiones) que tienden a estar insuficientemente financiados. La valoración y la publicación de información relativa a estos compromisos de pensiones son poco transparentes en algunos países, lo que puede ocultar enormes obligaciones fiscales que podrían pasar a generaciones futuras de trabajadores. Para poder realizar una comparación equitativa entre países en lo relativo a la carga fiscal de sus planes de pensiones del sector público, en este artículo se recomienda utilizar un procedimiento uniforme para valorar y publicar la información sobre las obligaciones de pensión no capitalizadas, que permita mejorar la transparencia y la formulación de las políticas. Se ha realizado una estimación del valor razonable neto de las obligaciones no capitalizadas a finales de 2008 en una muestra de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta carga fiscal también se puede interpretar como la deuda implícita de pensiones en términos de su valor razonable.