International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
En este estudio se analizan los cambios previstos en las pensiones de sobrevivientes resultantes de las disposiciones permanentes de la reforma de las pensiones que se llevó a cabo en el Brasil en 2019. Las anualidades actuariales se utilizan para los perfiles de trabajadores representativos. La dispersión de los valores de la tasa de sustitución disminuye, con excepción de los niveles de ingresos más altos. Las tasas necesarias para financiar las pensiones de sobrevivientes descienden relativamente más que las tasas para las pensiones de vejez. Las tasas internas de rentabilidad descienden de manera considerable. Se ha producido un cambio heterogéneo en los aspectos distributivos del sistema de pensiones. La reforma afectará a la idoneidad y a la equidad intergeneracional de las pensiones de vejez y de sobrevivientes.
Este artículo es una contribución al debate acerca de la financiarización de las pensiones y de la forma en que los países están adaptando su sistema de pensiones para responder al envejecimiento demográfico. Para ello se han analizado los sistemas públicos de pensiones del Canadá y de Finlandia, que se alejan de forma interesante de las tendencias internacionales actuales. Los regímenes públicos de pensiones del Canadá y de Finlandia reflejan dos tendencias que a menudo se asocian con la financiarización de las pensiones, a saber, la dependencia cada vez mayor de los mercados financieros y unas políticas de inversión en las que se prevé una asignación de activos diversificada. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otros muchos países, este enfoque no ha traído consigo un aumento de los riesgos individuales para la seguridad del ingreso en la vejez debido al paso de un régimen de pensiones de prestación definida a un régimen de pensiones de cotización definida, otra tendencia también frecuente a nivel internacional.
El envejecimiento acelerado de la población en Argelia supone una amenaza para la sostenibilidad financiera de su sistema de jubilación de reparto. Es necesaria una reforma, que puede consistir en acometer reformas paramétricas sencillas o en llevar a cabo cambios sistémicos importantes. Antes de efectuar cambios sistémicos, es conveniente investigar si las reformas paramétricas pueden situar al sistema en una posición de sostenibilidad financiera. En este artículo se ha utilizado un análisis de diversas hipótesis que relaciona las posibles medidas de reforma con las posibles hipótesis socioeconómicas. Los resultados ponen de manifiesto que, si se utilizan las hipótesis más favorables, el equilibrio financiero del sistema de Argelia continuará siendo negativo a corto y largo plazo. Poner en marcha reformas paramétricas significativas solo puede contribuir a reducir el déficit y estabilizarlo a lo largo del tiempo. En consecuencia, se tendrán que acometer reformas sistémicas.
En este artículo, en el que se compara la situación de México y el Uruguay, se analiza el historial laboral de los trabajadores y los desafíos a los que se enfrentan para cumplir el periodo de cotización mínimo requerido para poder recibir una pensión de vejez contributiva. Se usan datos administrativos sobre los historiales laborales para elaborar un modelo de supervivencia destinado a estimar las tasas de riesgo de entrada y salida de un estado contributivo determinado. Posteriormente se utiliza este modelo para realizar una simulación Monte Carlo para proyectar historiales de cotización. Los resultados parecen indicar que la tasa de riesgo tiene una correlación negativa con la duración del estado en el que se encuentra actualmente el trabajador y advierten de que, tanto en México como en el Uruguay, un número considerable de trabajadores tendrá dificultades para obtener el derecho a recibir una pensión de vejez contributiva. La diferencia tan amplia que se observa entre los resultados relativos a la cobertura de ambos países puede explicarse por la manera en que cada sistema nacional ha abordado los desafíos relacionados con la baja densidad de cotizaciones.
La mayor parte de las jurisdicciones conceden un trato diferenciado y más beneficioso a los trabajadores que realizan trabajos penosos o peligrosos, normalmente en forma de jubilación anticipada y, por lo general, en el marco de regímenes especiales de pensiones. Se han alegado varias justificaciones para este trato, entre las que se encuentran: i) compensar al trabajador por las dificultades; ii) proteger al trabajador del peligro; y iii) materializar el principio de igualdad en la distribución de los costos y los beneficios en el sistema de seguridad social. En este artículo se analizan estas funciones desde una perspectiva socioeconómica y se insiste en que la jubilación anticipada de los trabajadores que trabajan en condiciones penosas y peligrosas es necesaria para garantizar la igualdad al tratar “a los que no son iguales de forma desigual” y en función de las desigualdades que sufren. Además, se presenta una fórmula precisa para calcular el momento en que se debe permitir la jubilación, de modo que los trabajadores de ámbitos profesionales con una menor esperanza de vida no disfruten sistemáticamente de menores prestaciones del sistema de pensiones habiendo cotizado la misma cantidad. Asimismo, se analizan las implicaciones para el diseño y la conveniencia de las prestaciones especiales de pensiones.
En 2022, tras un decenio de austeridad sin precedentes, Grecia ha cambiado bruscamente la forma de reforzar su sistema de pensiones y ha adoptado la controvertida financiación por transferencia de las pensiones (carve-out pension funding). De acuerdo con este enfoque, una parte de las cotizaciones al régimen de reparto se desvía para financiar los ahorros para la jubilación de las personas, lo que pone en peligro la financiación de las pensiones de reparto actuales. La reforma griega de 2022, si bien se inspira en el plan de privatización de las pensiones del Banco Mundial de 1994, supone un importante cambio de política, puesto que se confía la gestión de los ahorros para la jubilación de las personas a un organismo gubernamental específico, con el objetivo de intentar corregir los fallos del mercado en cuanto a la prestación de las pensiones privadas. Tal como ocurrió con las reformas que se realizaron anteriormente en Europa Oriental, en Grecia se han subestimado enormemente los costos de transición hacia la financiación por transferencia de las pensiones, que tardará varios decenios en materializarse. Esta situación generará dificultades presupuestarias en los próximos años cuando los costos de transición anuales sean considerables y las condiciones de financiación internacional, actualmente favorables, comiencen a cambiar. A menos que se establezca un compromiso político firme para aplicar las medidas necesarias a fin de financiar los costos de transición, es posible que Grecia tenga que abandonar su reforma, como ya se ha hecho en toda Europa Oriental.
A partir del estudio de caso del programa de prestaciones LEAP de Ghana, se examina cómo los administradores, el personal que presta los servicios y los beneficiarios perciben y responden a los dilemas relativos a la ejecución. La investigación se centra en la prestación LEAP dirigida a quienes proveen cuidados a los niños, que está condicionada a que estos asistan a la escuela, se sometan a exámenes médicos y se vacunen. Uno de los dilemas éticos es el relativo a si debe sancionarse el incumplimiento de las condiciones, puesto que ello podría empeorar la situación de pobreza de los cuidadores y los niños. También se plantean otros dilemas, en particular, si deben asignarse recursos administrativos para definir, supervisar, sancionar y excluir a los beneficiarios; cómo debe repartirse el gasto para ofrecer las prestaciones monetarias y garantizar unos servicios de salud y educación de calidad suficiente; la cuestión de si los fondos disponibles deben distribuirse a un gran número de beneficiarios, pero en cuantías más reducidas, a fin de incentivar a un gran número de cuidadores a que lleven a sus hijos a la escuela, o si deben concentrarse en un público más reducido para intensificar la ayuda a los más pobres; y la cuestión de si los fondos serían menores si la prestación mínima no fuera una transferencia monetaria condicionada. Se examina la probabilidad de que se planteen dilemas similares en otros países de ingresos bajos y medianos donde se proporcionan transferencias monetarias condicionadas similares, y se estudia si algunos de esos dilemas también están presentes en las prestaciones mínimas “en vigor” en los países de renta alta.
Los efectos de la pandemia de COVID 19 amenazan la viabilidad del sistema de pensiones de cotización definida, puesto que menoscaban su situación financiera y exponen su vulnerabilidad a riesgos políticos. La crisis de la COVID 19 ha llevado a la aprobación, en tres ocasiones y con carácter de emergencia, de la retirada del 10 por ciento de los ahorros para las pensiones (a partir de abril de 2021). Recurrir a los fondos de pensiones durante una crisis económica no es nuevo ni inusual. Durante la Gran Recesión, en varios países de Europa Central y Oriental se emplearon fondos de pensiones de cotización definida para hacer frente a la presión fiscal. Mientras Chile se prepara para redactar una nueva constitución, prosiguen los debates sobre la eficiencia y la equidad del sistema de pensiones. A este respecto, y como han puesto de manifiesto las medidas políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia, el sistema de pensiones de cotización definida no ha cumplido la promesa de acabar con los riesgos políticos y de evitar que se desvíen los fondos de pensiones para otros gastos.
Con la promulgación del instrumento legislativo núm. 72 (2019), Zambia extiende la cobertura de las pensiones a los trabajadores de la economía informal. En este artículo se facilita información sobre las experiencias y perspectivas de los trabajadores domésticos y de los conductores de autobuses y taxis en relación con la cobertura del sistema de pensiones de Zambia. Se emplean datos generados a partir de entrevistas y grupos de discusión. El análisis demuestra que los sistemas de pensiones, diseñados normalmente para las personas empleadas de la economía formal, no son compatibles con los valores, las creencias y las necesidades de los trabajadores informales, y que la cobertura de las pensiones no es una prioridad para ellos. Como forma de innovación social, mejorar el acceso a las pensiones ha supuesto un beneficio relativo y ha carecido de incentivos para atraer a los trabajadores informales. En este artículo se propone un marco centrado en los miembros para iniciar la extensión de la cobertura de seguridad social a los trabajadores de la economía informal.
Uno de los mecanismos para incidir en la redistribución de los ingresos mediante un sistema de pensiones consiste en incorporar un régimen de financiación no contributivo. En este estudio, en el que se emplean herramientas de modelización matemática, se comparan dos regímenes para la financiación del sistema de pensiones de la Argentina, que se plantearon tras un ejercicio de optimización. Uno de los regímenes incorpora la financiación con cargo a los impuestos y el otro no. Se llega a la conclusión de que el primer régimen es preferible desde el punto de vista de la igualdad y proporciona mayor estabilidad ante los cambios en la tasa de inversión y frente al parámetro de aversión a la desigualdad. El empleo de herramientas de modelización matemática por parte de los responsables de la formulación de políticas, con acceso a datos suficientes y de calidad, permitiría evaluar con fiabilidad en qué medida una reforma paramétrica podría (o no) contribuir a mejorar la distribución de los ingresos.
En este estudio se utiliza el análisis del discurso de los medios de información para investigar el muy controvertido proceso de privatización de las pensiones en Lituania. En 2016, Lituania comenzó a estudiar la posibilidad de realizar reformas para reestructurar su poco eficiente régimen de pensiones de “segundo pilar”, a saber, los regímenes obligatorios individuales de cotización definida financiados por capitalización y de gestión privada. La reforma de las pensiones se conceptualiza en este artículo como un proceso de contestación discursiva frente al consenso neoliberal ortodoxo que prevaleció al diseñar e introducir un sistema de pensiones privado a principios del decenio de 2000. Para 2018, cuando la nueva ley de pensiones institucionalizó un régimen privado de ahorro para la jubilación, subvencionado y que actuaba como catalizador, este proceso ya estaba legitimado por una emergente y notoria ideología paternalista libertaria. En el presente artículo se abordan las repercusiones que la estrategia discursiva sobre las reformas de las pensiones tuvo en los resultados.
Partiendo de encuestas sobre hogares realizadas en 17 países latinoamericanos entre 2009 y 2018, se analiza la cobertura de las pensiones contributivas para la población económicamente activa y la cobertura de las pensiones contributivas y no contributivas para las personas de edad. Nueve países cuentan con sistemas de pensiones “privados” y ocho, con sistemas “públicos”. Las desigualdades entre los géneros, en los ingresos, en el nivel de educación, en cuanto a la situación geográfica o al tamaño de las empresas afectan a la cobertura tanto de la población económicamente activa como de las personas de edad. Más que verse afectada por el tipo de sistema de pensiones, ya sea privado o público, la cobertura depende de características estructurales del mercado de trabajo y de las intervenciones de las políticas públicas. Las conclusiones de este artículo confirman la visión actual de que la cobertura es directamente proporcional al nivel de desarrollo e inversamente proporcional a los niveles de desigualdad y de informalidad. A partir de estos resultados, se recomienda realizar intervenciones de política.
En este artículo se analiza la sostenibilidad del régimen de pensiones para empleados urbanos de China, componente principal del sistema general de pensiones de vejez de este país. Se estudia la viabilidad del programa en general y, en particular, los casos de dos regiones, el municipio de Tianjin y la provincia de Guangxi, con el fin de poner de manifiesto tanto el alcance de las diferencias regionales como los desafíos comunes a los que se enfrentan los responsables de las políticas chinos. Se analizan diversas cuestiones fundamentales que podrían ayudar a los responsables de las políticas a abordar la cuestión del envejecimiento de la población. Se llega a la conclusión de que el desafío al que se enfrenta China no es mayor que el que encaran otros países de Europa y Asia. Además, el envejecimiento de la población no se produce de manera uniforme en todas las regiones del país asiático, por lo que aquellas zonas en las que se observa un mayor avance del cambio demográfico brindan la oportunidad de poner a prueba las estrategias políticas. Teniendo en cuenta la lentitud con que se ha avanzado hasta la fecha en los diferentes aspectos de la reforma de las políticas de pensiones, en el artículo se indica que parece poco probable que el cambio de paradigma sea significativo. Aun así, en el estudio se presentan diversas medidas de política paramétricas que China debería considerar. El desafío al que se enfrentan los responsables de la formulación de políticas en China es asegurar que el ritmo de envejecimiento y de enriquecimiento de la población sea adecuado.
China introdujo una serie de cambios importantes en su sistema de pensiones durante el periodo 2014–2020, y está en proceso de establecer un sistema de pensiones de vejez de múltiples pilares, que consiste en programas gubernamentales, programas voluntarios proporcionados por las empresas y programas voluntarios individuales. Los objetivos de política en este contexto son reducir la fragmentación del sistema de pensiones, hacer frente al envejecimiento de la población y diversificar los riesgos mediante la participación del gobierno, las empresas y las personas. En este artículo se pone de manifiesto que, si bien China cuenta con un sistema complejo para los trabajadores urbanos, la cobertura que ofrece su sistema de múltiples pilares, cuyo segundo y tercer pilares aún se hallan en las etapas iniciales de desarrollo, está distribuida de forma desigual.
El rápido crecimiento económico, la disminución de las tasas de fecundidad y los cambios en las estructuras familiares han alentado al Reino de Camboya a reformar su sistema de pensiones de vejez. El Gobierno de Camboya alcanzó un hito importante en 2019, cuando se promulgó la Ley de Seguridad Social. En virtud de las disposiciones de esta ley se establece un régimen de pensiones obligatorio de prestaciones definidas, por el que se crea un marco sólido para ampliar la cobertura obligatoria de las pensiones que ya existe para el sector público a los trabajadores del sector privado formal. En el futuro, el régimen de pensiones obligatorio debería ampliarse a los trabajadores de la economía informal. Para acompañar esta reforma, la política de inversiones del fondo de reserva del régimen de pensiones, incluidos el régimen de supervisión y la estrategia de inversión, será esencial para modernizar el sistema de seguridad social de Camboya. En este sentido, el país ha buscado y conseguido asesoramiento político. Sin embargo, debe seguir pidiendo asesoramiento y actuar sobre la base de los consejos recibidos. De no hacerlo, sus aspiraciones necesarias y cada vez más urgentes en materia de políticas destinadas a desarrollar un sistema de protección social adecuado y sostenible corren el riesgo de no lograrse completamente.
El objetivo de este artículo es analizar el desempeño del sistema de pensiones del Ecuador y los desafíos a los que se enfrentará en el futuro. En los últimos 13 años, la cobertura y la suficiencia del sistema de pensiones han mejorado significativamente. Sin embargo, el envejecimiento demográfico está poniendo a prueba la sostenibilidad financiera del régimen contributivo. En el artículo se establece una serie de áreas de políticas públicas relativas a los parámetros y las estructuras que, junto con la extensión de la cobertura no contributiva, podrían favorecer el establecimiento de un régimen más equitativo y sostenible.
Sobre la base de los datos comunicados por las autoridades de supervisión de las pensiones, en este artículo se examinan las tarifas y las tasas de cotización de 85 regímenes de pensiones de 44 jurisdicciones diferentes, así como sus umbrales legales y su evolución desde 2014. Un dato notable es la disminución de las tasas y de los umbrales. En el artículo se presentan las jurisdicciones por grupos de países que presentan aspectos idénticos o muy similares cubiertos por las tasas de cotización, y se analiza en qué medida los diversos gastos facturados y los costos están cubiertos por las tasas de cotización exigidas a los miembros. Por último, se calculan las tarifas de cada grupo para cuantificar la incidencia de las tasas y las tarifas en los ahorros de pensión. Los regímenes de pensiones profesionales de cotización definida y los planes personales vinculados al empleo tienden a ser mucho más rentables que los regímenes personales sin vínculo directo con el trabajo.
En 1997, México reemplazó su principal sistema de pensiones de vejez por un sistema de capitalización individual. En 2021, la primera cohorte se jubilará con arreglo al nuevo sistema. Mediante la utilización de un modelo que proyecta variables demográficas y laborales y de simulaciones de Monte Carlo, los resultados de este estudio muestran que, en 2051, el porcentaje de hombres que no dispondrán de una pensión aumentará del 38 al 59 por ciento, y el de mujeres pasará del 44 al 66 por ciento. La tasa de sustitución para el trabajador mexicano medio caerá del 70 al 30 por ciento. El número de personas en situación de extrema pobreza aumentará en casi 2,8 millones, lo que representa el 9,44 por ciento de la población. Se proponen escenarios alternativos que consisten en aumentar la tasa de cotización y elevar la edad de jubilación.
En muchos países europeos se da cada vez más importancia a las políticas de mercado de trabajo en las que los empleadores participan activamente en la reinserción de los desempleados. Estas políticas orientadas al empleador se centran en la demanda de fuerza de trabajo de las empresas y tratan de influir en su voluntad de contratar, formar y orientar a grupos de desempleados, a menudo desfavorecidos. Utilizando datos de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas en el marco de un programa destinado a empleadores de una ciudad sueca de tamaño medio, el presente artículo tiene como objetivo recoger información sobre cómo se utilizan estas políticas para alentar a los empleadores a contratar a trabajadores desempleados y sobre las diferencias entre los empleos creados en este contexto y los empleos ordinarios.. En el artículo se sostiene que la creación de puestos de trabajo mediante nuevos acuerdos que fomenten la división del empleo y que permitan liberar al personal de plantilla de las tareas no cualificadas, puede incitar a los empleadores a contratar a desempleados, si dichos acuerdos están relacionados con otras medidas. Por otra parte, el artículo también pone de manifiesto que esta nueva división del trabajo, en la que los participantes en el programa realizan principalmente tareas no cualificadas, es difícil de poner en práctica, ya que los nuevos empleados ejecutan cada vez más tareas ordinarias.
Durante el período 1998-2007, la mayoría de los gobiernos de Europa central y oriental promulgaron leyes que obligaban a los trabajadores a ahorrar para la jubilación en cuentas individuales de gestión privada. Los gobiernos financiaron estas cuentas asignándoles parte de los ingresos de las pensiones públicas, lo que generó o incrementó el déficit de los regímenes públicos. Tras el inicio de la crisis financiera y económica mundial de 2008, la mayor parte de estos países de Europa central y oriental redujeron estas transferencias de fondos y, por lo tanto, el importe de las cuentas. Una década después de la crisis, este artículo analiza las prestaciones que estas cuentas comienzan a pagar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación. Muestra que, en general, estas prestaciones son menos favorables que las pensiones públicas. En algunos casos, las prestaciones se pagan en forma de una única suma de cuantía fija en lugar de pensiones mensuales. La mayoría de ellas no se ajustan periódicamente a la inflación. También se da el caso de que las mujeres perciben prestaciones inferiores a las de los hombres, si bien el saldo de las cuentas es idéntico. En muchos países, los pensionistas titulares de una cuenta individual perciben prestaciones inferiores a las de aquellos que no poseen una cuenta de este tipo. Para no perjudicar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación, algunos países de Europa central y oriental les ofrecen la posibilidad de reembolsar el saldo de su cuenta para que puedan percibir la totalidad de la pensión pública. Si bien esta estrategia incrementa la insatisfacción de los trabajadores, también ejerce presión en las finanzas de los regímenes de pensiones públicas. Para ayudar a los titulares de cuentas de pensiones de segundo pilar sin debilitar los regímenes de pensiones públicas, los gobiernos deberían plantear la posibilidad de que el ahorro en una pensión privada sea de carácter voluntario y separar su financiación de la de las pensiones públicas, es decir, garantizar dicha financiación mediante las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, y, de ser posible, mediante la ayuda directa del Estado.