International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
En este estudio se analizan los cambios previstos en las pensiones de sobrevivientes resultantes de las disposiciones permanentes de la reforma de las pensiones que se llevó a cabo en el Brasil en 2019. Las anualidades actuariales se utilizan para los perfiles de trabajadores representativos. La dispersión de los valores de la tasa de sustitución disminuye, con excepción de los niveles de ingresos más altos. Las tasas necesarias para financiar las pensiones de sobrevivientes descienden relativamente más que las tasas para las pensiones de vejez. Las tasas internas de rentabilidad descienden de manera considerable. Se ha producido un cambio heterogéneo en los aspectos distributivos del sistema de pensiones. La reforma afectará a la idoneidad y a la equidad intergeneracional de las pensiones de vejez y de sobrevivientes.
La prestación de cuidados de larga duración y su financiación son cuestiones cada vez más importantes en todas las economías con un elevado índice de envejecimiento. Es por ello que uno de los principales desafíos para los responsables de la formulación de políticas es lograr un equilibrio entre unos cuidados adecuados y una financiación sostenible. En este estudio se evalúa la propuesta de un denominado factor de sostenibilidad para el seguro de cuidados de larga duración en Alemania. Teniendo en cuenta los cambios en la relación entre beneficiario y cotizante, la propuesta pretende incorporar normas en la dinámica demográfica con la finalidad de disminuir la presión sobre la financiación de los cuidados de larga duración. Mediante el marco de la contabilidad generacional se demuestra que esta propuesta puede tener un efecto de mitigación de la presión sobre las finanzas, en función de la cuota de participación de las generaciones actuales y futuras. Además, puede ser una buena opción para los sistemas de cuidados de larga duración basados en el reparto de todo el mundo que necesitan reducir los efectos del envejecimiento de las sociedades. Por lo tanto, este artículo está dirigido a los responsables de la formulación de políticas encargados de elaborar un modelo de financiación sostenible para el seguro de cuidados de larga duración. De igual forma, en este artículo se demuestra que el factor de sostenibilidad representa un avance hacia las finanzas sostenibles y, por consiguiente, podría ser uno de los componentes de un paquete de reformas más amplio.
En 2022, tras un decenio de austeridad sin precedentes, Grecia ha cambiado bruscamente la forma de reforzar su sistema de pensiones y ha adoptado la controvertida financiación por transferencia de las pensiones (carve-out pension funding). De acuerdo con este enfoque, una parte de las cotizaciones al régimen de reparto se desvía para financiar los ahorros para la jubilación de las personas, lo que pone en peligro la financiación de las pensiones de reparto actuales. La reforma griega de 2022, si bien se inspira en el plan de privatización de las pensiones del Banco Mundial de 1994, supone un importante cambio de política, puesto que se confía la gestión de los ahorros para la jubilación de las personas a un organismo gubernamental específico, con el objetivo de intentar corregir los fallos del mercado en cuanto a la prestación de las pensiones privadas. Tal como ocurrió con las reformas que se realizaron anteriormente en Europa Oriental, en Grecia se han subestimado enormemente los costos de transición hacia la financiación por transferencia de las pensiones, que tardará varios decenios en materializarse. Esta situación generará dificultades presupuestarias en los próximos años cuando los costos de transición anuales sean considerables y las condiciones de financiación internacional, actualmente favorables, comiencen a cambiar. A menos que se establezca un compromiso político firme para aplicar las medidas necesarias a fin de financiar los costos de transición, es posible que Grecia tenga que abandonar su reforma, como ya se ha hecho en toda Europa Oriental.
En 2019, el Gobierno de Egipto promulgó un nuevo marco jurídico para su sistema de seguro social. Las nuevas disposiciones, además de proporcionar un régimen unificado que abarcaba distintos grupos de trabajadores, permitían realizar reformas sistémicas y paramétricas destinadas en gran medida a hacer frente al problema que plantea la baja tasa de afiliación de los trabajadores a la seguridad social, en particular de los trabajadores del sector informal. Gracias a las reformas se ha reducido la tasa de cotización que pagan los empleados y los empleadores, se han aumentado las sanciones para los empleadores que no declaran a sus trabajadores, y se ha mejorado la estructura de las prestaciones. La ley también prevé disposiciones específicas para facilitar la afiliación de los trabajadores informales cubriendo la parte de sus cotizaciones que corresponde al empleador. Sin embargo, la ley limita ese acceso mejorado a nueve categorías específicas de trabajadores informales, por lo que no reconoce la diversidad de formas de trabajo informales. Tomando como base un análisis de las características de los cotizantes del sistema anterior, en este artículo se sostiene que es probable que los obstáculos estructurales a los que se enfrentan un gran número de trabajadores que perciben salarios bajos y de empresas del sector informal de la economía impidan que la afiliación al sistema aumente a pesar de las reformas jurídicas.
En este artículo se analiza el sistema de pensiones de Cuba de 2006 a 2021 desde la perspectiva de su sostenibilidad financiera y actuarial, y de las repercusiones que tiene en la población. Se aborda el envejecimiento de la población, los drásticos recortes del gasto social que se han realizado desde 2009, el déficit de financiación de las pensiones y las repercusiones de la reforma paramétrica de 2008, la devaluación de las pensiones, las reformas estructurales, la expansión de la pobreza y las restricciones en materia de asistencia social, los efectos de la crisis económica actual en las pensiones y las proyecciones sobre la futura sostenibilidad financiera de las pensiones.
Los efectos de la pandemia de COVID 19 amenazan la viabilidad del sistema de pensiones de cotización definida, puesto que menoscaban su situación financiera y exponen su vulnerabilidad a riesgos políticos. La crisis de la COVID 19 ha llevado a la aprobación, en tres ocasiones y con carácter de emergencia, de la retirada del 10 por ciento de los ahorros para las pensiones (a partir de abril de 2021). Recurrir a los fondos de pensiones durante una crisis económica no es nuevo ni inusual. Durante la Gran Recesión, en varios países de Europa Central y Oriental se emplearon fondos de pensiones de cotización definida para hacer frente a la presión fiscal. Mientras Chile se prepara para redactar una nueva constitución, prosiguen los debates sobre la eficiencia y la equidad del sistema de pensiones. A este respecto, y como han puesto de manifiesto las medidas políticas adoptadas para hacer frente a la pandemia, el sistema de pensiones de cotización definida no ha cumplido la promesa de acabar con los riesgos políticos y de evitar que se desvíen los fondos de pensiones para otros gastos.
Uno de los mecanismos para incidir en la redistribución de los ingresos mediante un sistema de pensiones consiste en incorporar un régimen de financiación no contributivo. En este estudio, en el que se emplean herramientas de modelización matemática, se comparan dos regímenes para la financiación del sistema de pensiones de la Argentina, que se plantearon tras un ejercicio de optimización. Uno de los regímenes incorpora la financiación con cargo a los impuestos y el otro no. Se llega a la conclusión de que el primer régimen es preferible desde el punto de vista de la igualdad y proporciona mayor estabilidad ante los cambios en la tasa de inversión y frente al parámetro de aversión a la desigualdad. El empleo de herramientas de modelización matemática por parte de los responsables de la formulación de políticas, con acceso a datos suficientes y de calidad, permitiría evaluar con fiabilidad en qué medida una reforma paramétrica podría (o no) contribuir a mejorar la distribución de los ingresos.
En este estudio se utiliza el análisis del discurso de los medios de información para investigar el muy controvertido proceso de privatización de las pensiones en Lituania. En 2016, Lituania comenzó a estudiar la posibilidad de realizar reformas para reestructurar su poco eficiente régimen de pensiones de “segundo pilar”, a saber, los regímenes obligatorios individuales de cotización definida financiados por capitalización y de gestión privada. La reforma de las pensiones se conceptualiza en este artículo como un proceso de contestación discursiva frente al consenso neoliberal ortodoxo que prevaleció al diseñar e introducir un sistema de pensiones privado a principios del decenio de 2000. Para 2018, cuando la nueva ley de pensiones institucionalizó un régimen privado de ahorro para la jubilación, subvencionado y que actuaba como catalizador, este proceso ya estaba legitimado por una emergente y notoria ideología paternalista libertaria. En el presente artículo se abordan las repercusiones que la estrategia discursiva sobre las reformas de las pensiones tuvo en los resultados.
La prestación universal se ha ido implantando gradualmente en el Reino Unido desde 2013 como una prestación integral sujeta a verificación de recursos, que sustituye seis transferencias de prestaciones distintas por un pago mensual único. Antes, estas prestaciones se concedían por distintos motivos, y en el caso de ser solicitadas por una pareja, podían llegar a pagarse a ambos miembros. El pago único de la prestación universal plantea varias preocupaciones, como el hecho de que podría favorecer el maltrato en el hogar, reforzar relaciones de poder más desiguales en las parejas, restar autonomía financiera a las personas y hacer que el pago de las prestaciones deje de estar etiquetado con un fin específico. En este artículo se estudian las posibilidades de conceder la prestación universal individualmente a uno de los miembros de la pareja como una prestación integral evaluada conjuntamente y sujeta a verificación de recursos, incluidos los distintos enfoques de las autoridades descentralizadas del Reino Unido, principalmente Irlanda del Norte y Escocia. Si bien realizar un pago a cada miembro de la pareja sea probablemente más viable en el caso de prestaciones sujetas a verificación de recursos por separado en lugar de integrales, se concluye que la mejor manera de lograr la verdadera autonomía financiera de los miembros de una pareja es mediante prestaciones individuales no sujetas a verificación de recursos.
En 1997, México reemplazó su principal sistema de pensiones de vejez por un sistema de capitalización individual. En 2021, la primera cohorte se jubilará con arreglo al nuevo sistema. Mediante la utilización de un modelo que proyecta variables demográficas y laborales y de simulaciones de Monte Carlo, los resultados de este estudio muestran que, en 2051, el porcentaje de hombres que no dispondrán de una pensión aumentará del 38 al 59 por ciento, y el de mujeres pasará del 44 al 66 por ciento. La tasa de sustitución para el trabajador mexicano medio caerá del 70 al 30 por ciento. El número de personas en situación de extrema pobreza aumentará en casi 2,8 millones, lo que representa el 9,44 por ciento de la población. Se proponen escenarios alternativos que consisten en aumentar la tasa de cotización y elevar la edad de jubilación.
Durante el período 1998-2007, la mayoría de los gobiernos de Europa central y oriental promulgaron leyes que obligaban a los trabajadores a ahorrar para la jubilación en cuentas individuales de gestión privada. Los gobiernos financiaron estas cuentas asignándoles parte de los ingresos de las pensiones públicas, lo que generó o incrementó el déficit de los regímenes públicos. Tras el inicio de la crisis financiera y económica mundial de 2008, la mayor parte de estos países de Europa central y oriental redujeron estas transferencias de fondos y, por lo tanto, el importe de las cuentas. Una década después de la crisis, este artículo analiza las prestaciones que estas cuentas comienzan a pagar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación. Muestra que, en general, estas prestaciones son menos favorables que las pensiones públicas. En algunos casos, las prestaciones se pagan en forma de una única suma de cuantía fija en lugar de pensiones mensuales. La mayoría de ellas no se ajustan periódicamente a la inflación. También se da el caso de que las mujeres perciben prestaciones inferiores a las de los hombres, si bien el saldo de las cuentas es idéntico. En muchos países, los pensionistas titulares de una cuenta individual perciben prestaciones inferiores a las de aquellos que no poseen una cuenta de este tipo. Para no perjudicar a los trabajadores que alcanzan la edad de jubilación, algunos países de Europa central y oriental les ofrecen la posibilidad de reembolsar el saldo de su cuenta para que puedan percibir la totalidad de la pensión pública. Si bien esta estrategia incrementa la insatisfacción de los trabajadores, también ejerce presión en las finanzas de los regímenes de pensiones públicas. Para ayudar a los titulares de cuentas de pensiones de segundo pilar sin debilitar los regímenes de pensiones públicas, los gobiernos deberían plantear la posibilidad de que el ahorro en una pensión privada sea de carácter voluntario y separar su financiación de la de las pensiones públicas, es decir, garantizar dicha financiación mediante las cotizaciones de los trabajadores y los empleadores, y, de ser posible, mediante la ayuda directa del Estado.
En este artículo se utiliza un modelo de microsimulación basado en una cohorte compuesta solo de hombres para analizar los efectos intrageneracionales y distributivos de la transición en Estonia de un régimen de pensiones de prestaciones definidas financiadas en base al reparto a un régimen basado en varios pilares con elementos de seguro basados en las cotizaciones y un régimen financiado por capitalización. Este análisis contribuye a la literatura sobre microsimulación al demostrar cómo la introducción de elementos de seguro basados en las cotizaciones y de regímenes de cotización definida obligatorios puede incrementar la desigualdad en el ámbito de las pensiones. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que, cuando se observa un alto nivel de desigualdad en los ingresos laborales y un incremento de las tasas del desempleo de larga duración, como en el caso en Estonia, la introducción de una estrecha vinculación entre las cotizaciones y las prestaciones futuras genera un aumento de la desigualdad de los ingresos procedentes de las pensiones, como lo demuestra el coeficiente de Gini. Los resultados de la simulación en el caso de Estonia sugieren que la desigualdad de los ingresos procedentes de las pensiones de vejez es más del doble cuando la reforma se consolida. Sin embargo, la desigualdad disminuye en relación con la tasa de sustitución.
Los procesos de elaboración y puesta en práctica de políticas públicas en la región de Oriente Medio y Norte de África no se han estudiado suficientemente. Este artículo presenta un estudio de caso sobre la reforma de las políticas públicas para extender la cobertura del seguro de salud en Egipto. Se basa en un análisis temático de estudios (examinados por homólogos o no) y artículos publicados en la prensa escrita entre 2005 y 2015, particularmente en el período 2005-2011. El análisis pone de manifiesto que las iniciativas de reforma fracasaron durante gran parte de este período debido a desacuerdos fundamentales entre los principales actores sobre los objetivos, las propuestas y el proceso político para introducir el cambio. El éxito de las reformas previstas en Egipto puede depender de la importancia que se conceda a las diferentes agendas de estos actores y de la evolución de sus relaciones de poder, en particular si se tienen en cuenta los profundos problemas políticos, sociales y económicos a los que se enfrenta el sistema de salud del país.
Los regímenes de pensiones de cotizaciones teóricas definidas se han implementado con éxito desde mediados de la década de 1990 en varios países europeos como Italia, Letonia, Noruega, Polonia y Suecia. El enfoque de cotizaciones teóricas definidas incluye el vínculo entre cotizaciones y prestaciones durante toda la vida de un régimen de cuentas individuales de cotizaciones definidas pero sobre la base del método del reparto. Al principio, los compromisos en términos del reparto del anterior sistema de prestaciones definidas se convierten en cuentas individuales y ello facilita la transición del modelo de prestaciones definidas al de cotizaciones definidas, al tiempo que elude los altísimos costos de la transición entre el régimen tradicional de reparto de prestaciones definidas y un régimen de capitalización total y de cotizaciones definidas. El enfoque de una aplicación normativa de un sistema de cotizaciones teóricas definidas permite gestionar los riesgos económicos y demográficos inherentes a un régimen de pensiones y, por su diseño, genera la sostenibilidad financiera. Como en cualquier régimen de pensiones, el eje entre la estabilidad financiera y la adecuación es la edad de jubilación. En el modelo de cotizaciones teóricas definidas, el individuo selecciona por sí mismo su edad de jubilación, por encima de la edad mínima. Por medio de incentivos, la edad de jubilación efectiva debería aumentar en consonancia con el envejecimiento de la población. Como enfoque de reforma sistémica, el modelo de cotizaciones teóricas definidas se ha convertido en un importante competidor de las reformas paramétricas parciales de los regímenes tradicionales de prestaciones teóricas definidas. Si bien son frecuentes, estas reformas no son transparentes y por lo general son demasiado ligeras y llegan tarde para garantizar la sostenibilidad financiera y proporcionar al mismo tiempo pensiones adecuadas para el cotizante medio. Este artículo ofrece una presentación en buena medida no técnica de los regímenes de cotizaciones teóricas definidas, sus elementos básicos y sus ventajas con respecto a los regímenes de prestaciones teóricas definidas, las principales limitaciones técnicas del enfoque y las experiencias de los países con regímenes de cotizaciones teóricas definidas.
En este artículo se evalúa la trayectoria de las políticas de pensiones en los 11 países ex socialistas que se han incorporado a la Unión Europea desde 2004. El análisis, que se centra principalmente en el período posterior a 2004, aborda los resultados cuantitativos más relevantes de las reformas de las pensiones en estos países en relación con la reducción de la pobreza, la adecuación de las pensiones y la sostenibilidad presupuestaria. Además de los elementos cuantitativos, se estudia la calidad de los regímenes de pensiones de los 11 países desde el punto de vista de la igualdad y la eficiencia, y se hace hincapié en los errores de diseño menos visibles presentes en dichos regímenes. Hasta ahora no se ha prestado mucha atención a estos errores, si bien pueden perjudicar a los regímenes de pensiones en diversos aspectos, en particular, su sostenibilidad presupuestaria.
El sistema nacional de seguridad social de Georgia ofrece una cobertura de pensión básica no contributiva casi completa. Hasta la fecha, la pensión básica ha resultado eficaz en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, las restricciones fiscales de Georgia y el envejecimiento de la población, también ponen de relieve la importancia de la mejora del sistema de pensiones a fin de garantizar su sostenibilidad. Este artículo presenta las decisiones en materia de reforma de las políticas, que sugieren que en Georgia la reforma de las pensiones podría incluir un aumento de la edad de jubilación legal y una disminución de la cuantía de las prestaciones por medio de una comprobación de los recursos. El caso de la pensión básica no contributiva de Georgia es valioso para algunos países de ingresos bajos y medios que estén considerando la implementación o la extensión de la cobertura de un régimen de pensiones no contributivas.
En muchos países, las disposiciones que rigen las pensiones de sobrevivientes se crearon en periodos en los que la participación femenina en el mercado laboral era más baja que en la actualidad. Sin embargo, en numerosos países de América Latina, se observa en la actualidad una tendencia al incremento de esa participación. En Brasil, donde se permite acumular las pensiones de jubilación y de sobrevivientes y donde hasta hace poco, se podía obtener una pensión vitalicia sin condiciones, no sólo aumentó la acumulación de dichas prestaciones, sino que también se observan señales de que estas reglas han tenido un efecto negativo en la participación de las mujeres en el mercado laboral. El análisis del caso brasileño revela la necesidad de que las normas de seguridad social se adapten a los cambios en el mercado laboral y pone de manifiesto la necesidad de reconocer que las disposiciones relativas a la seguridad social pueden realmente influir en el mercado laboral.
Desde 1981, cerca de 40 países han introducido reformas sistémicas de las pensiones que han sustituido total o parcialmente los regímenes de reparto vigentes con pilares o sistemas de cotización definida, basados en la capitalización y gestionados de forma privada. Sin embargo, en el último decenio, cerca de la mitad de estos países han recortado o eliminado completamente estos regímenes de cotización definida y de capitalización. En este artículo se analizan algunas de las razones por las cuales estos cambios suelen tener lugar en los países en desarrollo. Como parte del análisis, se propone un nuevo tipo de reforma de las pensiones que va más allá de la dicotomía que normalmente se utiliza entre el reparto y la privatización de las pensiones. Se señalan y se debaten cuatro factores de especial importancia para quienes tratan de entender las transformaciones de las políticas en materia de pensiones que tienen lugar en muchos países en desarrollo: baja cobertura de las pensiones e incompatibilidad de los incentivos, carga de costos triplicada, compromisos entre las reformas de las pensiones y las pensiones sociales, y las dificultades que implica la conversión en prestaciones periódicas.
Chile lideró en América Latina no sólo la introducción de pensiones de seguridad social, sino también la reforma estructural que las privatizó y un proceso de “nueva reforma” en cuyo marco se llevaron a cabo mejoras fundamentales. Una Comisión Presidencial en Chile, designada en 2014 para evaluar los progresos de las reformas y los problemas persistentes en el régimen de pensiones, publicó su informe en septiembre de 2015. A la luz de las conclusiones de la Comisión, el artículo evalúa el cumplimiento por Chile de los principios rectores de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo: diálogo social, cobertura universal, igualdad de trato, solidaridad social, igualdad de género, suficiencia de las prestaciones, eficiencia y costo administrativo asequible, participación social en la gestión, función y supervisión del Estado, y sostenibilidad financiera. El ejercicio consta de tres fases: la reforma estructural (1981–2008), la nueva reforma (2008–2015), y las propuestas de la Comisión Presidencial (2015).
Los intentos de sustituir los sistemas de pensiones de reparto por sistemas de capitalización privados en Europa Central y Oriental se detuvieron en 2005. Sin embargo, la región ha sido más recientemente testigo de las reformas tardías de la República Checa y Rumania. Ambos países decidieron privatizar las pensiones parcialmente, a pesar del número creciente de casos que pusieron de manifiesto los problemas asociados a esas reformas. Los autores afirman que, si bien parte de la elite política nacional siguió apoyando el establecimiento de sistemas de pensiones privados de capitalización, las dificultades que experimentaron los primeros países reformistas y el menor apoyo de las instituciones financieras internacionales, llevó a la adopción de regímenes de capitalización más reducidos. Puede que estos intentos más prudentes de privatización sean más habituales en el futuro, dado que las grandes reformas han resultado ser insostenibles desde el punto de vista político.