International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
Las nuevas tecnologías están cambiando los mercados de trabajo. El principal objetivo de este artículo es examinar las diferencias en la capacidad de adaptación de los sistemas de protección social de Europa a los cambios en los mercados de trabajo. Estas diferencias en la capacidad de adaptación sugieren que algunos sistemas de protección social están más preparados que otros, por ejemplo en su capacidad para garantizar una financiación sostenible. En los próximos años, se prevé que los efectos del desarrollo tecnológico en los mercados de trabajo serán enormes. Uno de los efectos será una mayor dualidad y nuevas divisiones entre los “privilegiados” y los “marginados”. Se esperan menos empleos industriales. Además, existe el riesgo de que el empleo disminuya en el sector de los servicios, debido a la automatización. Si bien es probable que se creen nuevos empleos, es difícil predecir si reemplazarán todos los empleos desaparecidos, y muchas personas cuyas competencias se volverán obsoletas corren el riesgo de quedar desempleadas a corto y largo plazo. Por otro lado, incluso si se crea el mismo número de empleos, habrá un período de transición en el que los sistemas de protección social deberán adaptarse. No solo deberán encontrar la manera de financiar sus actividades, sino también de hacer frente a la amenaza que plantearán a la cohesión social los “ganadores” y los “perdedores” del mercado de trabajo y el mayor riesgo de aumento de las desigualdades. El artículo sugiere cómo los sistemas de protección social pueden hacer frente a los cambios en su financiación y cómo las políticas activas del mercado de trabajo pueden contribuir a atenuar los drásticos cambios esperados. También es necesario debatir el promedio de horas que las personas trabajarán por año y cómo esto podría ser un factor para reducir el nivel de desempleo en el futuro.
En la mayor parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la diferencia de ingresos entre ricos y pobres ha aumentado durante los últimos decenios. En este artículo se analiza en qué medida los impuestos sobre la renta y las transferencias sociales han contribuido a esta tendencia. ¿Ha cambiado con el tiempo el efecto redistributivo de los diferentes programas sociales? Se han utilizado microdatos publicados por el LIS Cross National Data Center (Centro de Datos Transnacional LIS) en Luxemburgo para el período 1982-2014 y se ha estudiado la población total y la población en edad de trabajar. A diferencia de los resultados obtenidos por otros estudios, realizados en particular por la OCDE, no se ha llegado a la conclusión de que la redistribución haya disminuido. Los sistemas fiscales y de prestaciones de alrededor de 2013 lograban reducir de forma más eficaz la desigualdad de ingresos que los sistemas de mediados de los decenios de 1980 y 1990, especialmente en lo que respecta a la población total. Los cambios en los programas sociales no impulsan el aumento de la desigualdad de ingresos en los países objeto de este estudio.
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El artículo estudia, en una muestra de 29 países de Europa Oriental y Meridional, la ex Unión Soviética y Mongolia, el efecto causal de la confianza en la voluntad de pagar impuestos más altos para ayudar a los necesitados. Se plantea la hipótesis de que la confianza entre las personas se traduce en una mayor predisposición a pagar impuestos para ayudar a los necesitados, ya que: (i) la confianza aumenta la probabilidad de ayudar a desconocidos; (ii) la confianza fomenta la solidaridad y la cooperación cuando se obra para resolver problemas sociales comunes; y (iii) la confianza reduce las sospechas de que el dinero redistribuido sea mal empleado. Tres conclusiones fundamentales se derivan del artículo: en primer término, cuanto más reina la confianza entre las personas, más están dispuestas a respaldar al Estado de bienestar, en segundo término, el efecto de la confianza en el respaldo al Estado de bienestar se mantiene incluso en un entorno caracterizado por niveles de confianza más bien bajos y sistemas de redistribución no muy desarrollados y, por último, una mayor confianza a nivel individual fomenta la moral fiscal y disuade la evasión fiscal.
En la primera década de transición, el sistema georgiano de protección social experimentó un gran recorte al tiempo que el Gobierno se esforzaba por financiar las prestaciones sociales en un contexto de contracción económica masiva y de derrumbe casi total de las instituciones públicas. Desde 2004, se ha revierte esta tendencia. La economía ha vuelto a encarrilarse en una vía de rápido crecimiento y de considerable mejora de la administración pública. Las reformas recientes, entre ellas la notable incorporación del seguro de enfermedad público y universal, constituyen etapas bienvenidas para la construcción de un Estado de bienestar moderno. Sin embargo, aún quedan grandes desafíos, en especial en lo relativo al efecto limitado del sistema en la pobreza generalizada. La desaceleración del crecimiento, la falta de defensores poderosos del sistema de bienestar y la ausencia de factores de estímulo externos pueden paralizar o impedir el crecimiento futuro pero la naturaleza cambiante del contrato social entre el pueblo y el Gobierno, así como el reconocimiento cada vez mayor, por parte de los políticos de Georgia, de la importancia del sistema de bienestar para el crecimiento inclusivo, deja un amplio margen para el optimismo.
El sesgo conservador en las actitudes sociales hacia el Estado de bienestar se pone de manifiesto al observar lo arraigado que está el apoyo del público a la protección social tradicional y a las prestaciones de seguridad social, en particular a los pagos de pensiones más elevados y al gasto público en cuidados de salud. Esta situación se ha visto reforzada por la crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión, puesto que el apoyo público a las estrategias de protección social orientadas a "nuevos" riesgos sociales, como los cambios estructurales en los mercados de trabajo, las tendencias demográficas negativas, la desigualdad entre los géneros y la inestabilidad familiar, ha sido relativamente escaso. Este comportamiento de resistencia al cambio no resulta sorprendente, ya que el público suele ver las reformas como un medio de recorte con claros perdedores y unos poco claros beneficiarios. Esto pone de manifiesto que la valentía política es rara vez suficiente para realizar reformas estructurales en el Estado de bienestar. Será necesario establecer objetivos claros a corto y largo plazo basados en argumentos coherentes que puedan persuadir al público y a los ciudadanos de la necesidad de cambio, en caso de que fuera necesario establecer un sistema de seguridad social más "dinámico" en los países industrializados durante los próximos 20 años.
La crisis económica mundial ha vuelto a despertar el interés por la política social y el gasto público en los diferentes tipos de prestaciones sociales. A menudo, se utiliza el porcentaje del gasto social público respecto del producto interno bruto (PIB) para evaluar la importancia de los sistemas de protección social desde el punto de vista internacional, pero este tipo de comparaciones, realizadas de forma aislada, dan una imagen incompleta de los esfuerzos realizados por los países en relación con las cuestiones sociales. En el artículo se abordan estos diferentes factores antes de analizar el carácter redistributivo de los sistemas fiscales y de prestaciones de los diferentes países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Se analizan también las tendencias del gasto social y se compara el gasto a finales de 2000 con el de principios del decenio de 1990, cuando se produjo la crisis económica anterior. El artículo finaliza ilustrando el profundo efecto que la reciente crisis económica mundial tuvo en las tendencias del gasto social en los países de la OCDE.
Mediante un inventario de las transferencias locales o no obligatorias proporcionadas en trece pueblos y ciudades francesas, en el presente artículo se ponen en consideración, ante todo, las ventajas que supone reintegrarse a trabajar para los beneficiarios de las prestaciones nacionales, obligatorias y sujetas a la verificación de recursos del ingreso mínimo de inserción (RMI), y del subsidio por progenitor único (API) por tipo de hogar y según datos anteriores a 2009. Las reformas de las prestaciones nacionales obligatorias llevadas a cabo durante la primera década del siglo xxi, en particular, las que afectaron a la bonificación fiscal por empleo (PPE), no lograron asegurar que los beneficiarios de las prestaciones sujetas a la verificación de recursos siempre obtuvieran una mejora económica al reintegrarse a trabajar. En la mayor parte de las localidades y para casi todos los tipos de hogares, aceptar un empleo a tiempo parcial remunerado con el salario mínimo representaba una pérdida de ingresos respecto a los que se hubieran obtenido de seguir acogiéndose a la protección social, y un empleo a tiempo completo no siempre resultaba rentable. Los efectos de las reformas fueron contrarrestados por los efectos de otras medidas, como la concesión generalizada de subsidios de movilidad por parte de los consejos regionales, el desarrollo de tarifas sociales para el teléfono y el servicio público de electricidad y la exención del canon de televisión. A continuación, se simulan los efectos de la introducción del ingreso de solidaridad activa (RSA), que sustituyó al RMI en 2009, y se analiza la forma en que se modificaron las transferencias locales o no obligatorias tras el aumento de las transferencias nacionales obligatorias. Se observa que el RSA elimina los desincentivos económicos de la reintegración al trabajo en lo que respecta a casi todas las localidades y tipos de hogares. En el presente artículo se demuestra que la tasa marginal de imposición del 38 por ciento adoptada por el Gobierno está muy cerca del límite superior compatible con el incentivo de la reintegración al trabajo.
El propósito del presente artículo es ofrecer información detallada sobre la repercusión redistributiva que tendrán los impuestos y los programas de transferencias sociales en veintiocho países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para lo que se utilizan datos informatizados extraídos de la base de microdatos del Luxembourg Income Study (LIS). Se aprecia que, por término medio, la protección social reduce la desigualdad un 35 por ciento. La repercusión de las prestaciones sociales en la redistribución es mayor que la de los impuestos. En lo que respecta a los programas sociales las pensiones públicas presentan la mayor reducción de la desigualdad de ingresos, aunque el modelo varía entre países. En menor medida, la asistencia social y las prestaciones familiares y de invalidez también contribuyen a que las disparidades entre ingresos sean menores.
En el presente artículo se analiza la relación entre la ratificación de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la provisión de prestaciones por desempleo. Las pruebas estadísticas se centran en dos cuestiones relacionadas entre sí: por qué los países ratifican los Convenios de la OIT sobre las prestaciones por desempleo y si la ratificación afecta o no al gasto de los gobiernos en prestaciones por desempleo. Las conclusiones principales son que la democracia, la región, los ingresos y la globalización son los factores que más influyen en por qué los países ratifican los Convenios de la OIT sobre las prestaciones por desempleo. A su vez, la ratificación de los Convenios de la OIT va sistemáticamente acompañada de mayor gasto cuando los países han ratificado más de dos Convenios.
En este artículo se analizan los desafíos que afronta el Nuevo Sistema del Fondo de Pensiones de la Función Pública en Taiwán, China. Menos de dos décadas después de su puesta en marcha, este nuevo sistema afronta desajustes financieros y es objeto de polémica por la generosidad de las disposiciones que regulan sus prestaciones. En primer lugar, el artículo presenta los diferentes sistemas de seguridad en la vejez existentes en Taiwán y se centra en los trabajadores de la función pública en general. A continuación, el artículo examina los desafíos financieros que afronta el sistema general de pensiones del sector público, incluido el aumento del coste de sus prestaciones para todos los contribuyentes. Por último, el artículo propone una serie de posibles orientaciones que el sistema general del sector público debería considerar al acometer las reformas, entre otras, la reducción del importe de las prestaciones, criterios más restrictivos de elegibilidad o el establecimiento de un nuevo sistema. En este último caso, toda propuesta de un nuevo sistema debe aspirar a realizar el objetivo de lograr solidez financiera a largo plazo y simultáneamente garantizar una ecuanimidad óptima entre todas las partes implicadas, incluidos los contribuyentes.
Una de las funciones de muchos sistemas nacionales de protección social consiste en redistribuir sustancialmente la renta. Sin embargo, la envergadura y las características de los programas de protección social están cambiando. En cierto número de países, se ha producido un cambio hacia regímenes privados de protección social, destinados a sustituir o complementar programas públicos. Basado en el desarrollo de un trabajo anterior, el presente artículo analiza el impacto redistributivo que han tenido sobre la renta los programas públicos de protección social en comparación con los privados. Utilizando datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hallamos una consistente relación positiva entre los gastos sociales públicos y la redistribución de la renta entre países. En lo que a gastos sociales privados se refiere, hallamos una relación negativa débil, aunque estadísticamente significativa, con el nivel de redistribución. En países donde se ha convenido una cuota mayor de gasto social total para los regímenes privados, se produce una redistribuciónmenor de la renta. Hemos concluido que la elección entre el peso relativo de la provisión pública de protección social y el de la privada afecta el impacto redistributivo del Estado de bienestar.