International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
En este artículo se analiza en qué medida se produjeron cambios entre las diferentes modalidades de jubilación anticipada en Europa entre 1995 y 2015. A partir de datos agregados de Eurostat sobre las tasas de inactividad en el marcado de trabajo y de empleo de la población de 55 a 64 años de edad en 19 países europeos, analizamos los efectos de los cambios de modalidad de jubilación y los efectos generales de la sustitución de dicha jubilación por el desempleo. A pesar de la fuerte disminución de las jubilaciones anticipadas y del aumento de la tasa de actividad de los trabajadores de edad avanzada, las conclusiones del análisis sugieren que los cambios han sido frecuente, en especial la sustitución de la jubilación anticipada por la discapacidad. Si bien la disminución de las jubilaciones anticipadas coincidió con numerosas sustituciones de jubilación por el desempleo, estos efectos disminuyeron al reducirse las diferentes modalidades de jubilación.
Las estimaciones de la edad efectiva de jubilación utilizadas en los análisis actuariales y para la formulación de políticas suelen basarse en la tasa de actividad de la población de un país. Sin embargo, la transición del empleo a la jubilación, así como el entorno socioeconómico, han evolucionado a lo largo de los años, debido a la creciente importancia de la jubilación progresiva y a las repercusiones de la crisis de 2008 en el mercado de trabajo. En lugar de centrarse exclusivamente en edades de jubilación basadas en las tasas de actividad, este artículo presenta estimaciones complementarias de las edades de jubilación, a fin de evaluar mejor la edad efectiva de jubilación del empleo. También introduce el concepto de la edad de transición de un empleo a tiempo completo a la jubilación parcial a efectos de demostrar que dicha edad es sistemáticamente inferior a la edad de transición del empleo a la jubilación completa. Los resultados revelan que al analizar el empleo efectivo de los trabajadores de edad, se observa que la situación económica ha influido en el incremento de la edad de jubilación. Los resultados se presentan para diferentes países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos durante el período 2005-2015.
Los Estados Unidos se encuentran en una encrucijada en relación con las políticas en favor de la familia y las mujeres. Actualmente, los Estados Unidos otorgan a los hijos, los padres y las madres una ayuda básica en forma de licencia parental no remunerada, ventajas fiscales en relación con los hijos y un cuidado infantil público limitado. Por el contrario, los demás Estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) proporcionan más medios a las familias, al concederles licencias parentales remuneradas y al realizar inversiones integrales en los niños. Los beneficios que puede ofrecer el fortalecimiento de estas políticas en los Estados Unidos son considerables. Las licencias parentales pagadas y el cuidado de los hijos subvencionado, permiten a un número mayor de mujeres a conseguir trabajo y a conservarlo, contribuyen al crecimiento económico, otorgan a los hijos beneficios tanto en términos de salud como de conocimientos, y proporcionan opciones a los padres para definir su estrategia de vida profesional. No cabe duda de que los Estados Unidos se han quedado rezagados respecto del resto de países de la OCDE en lo referente a muchos indicadores sociales y económicos por no invertir adecuadamente en los hijos, los padres y las madres. Teniendo en cuenta las grandes ventajas que aportan estas ayudas familiares, el presente artículo se centra en las cuestiones relacionadas con la conciliación del trabajo y las responsabilidades de cuidado de las familias con hijos pequeños y, en particular, en las políticas en materia de permisos parentales remunerados en la OCDE y los Estados Unidos.
Este artículo examina cómo la legitimidad (el reconocimiento o no) de la etnicidad y de la discapacidad influye en las políticas públicas de promoción de la inclusión de los jóvenes en los mercados laborales de los países nórdicos. El texto evalúa en qué medida la falta de reconocimiento y de alojamiento son factores que influyen en la difícil transición entre la escuela y el trabajo, y si la regulación social (o la autorregulación) pueden considerarse como medios pertinentes para prevenir, contrarrestar y corregir los factores de exclusión en la transición de la escuela al trabajo. El artículo argumenta que durante la fase de ejecución del proceso de políticas es necesario evaluar con más atención si las políticas y medidas de reglamentación aparentemente novedosas o innovadoras de verdad aumentan la igualdad de oportunidades.
En su estrategia en materia de discapacidad, la Unión Europea ha expresado el objetivo central de mejorar la situación del empleo de las personas con discapacidad. Este artículo analiza las políticas de los Países Bajos, en particular la Ley de Trabajo Protegido que contribuye a este objetivo mediante la regulación del empleo protegido. La finalidad es detectar y examinar las prácticas innovadoras que han aplicado las empresas neerlandesas con empleos protegidos para aumentar la inclusión de las personas discapacitadas en el mercado laboral corriente. Este texto señala que los Países Bajos han introducido una serie de iniciativas que permitieron aumentar el número de empleos no protegidos para las personas con discapacidad. El artículo sostiene que la simple dicotomía entre protegido y no protegido no se adapta a la evolución gradual de la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral y que no debe subestimarse el papel de los entornos de trabajo protegido como primera etapa hacia la inclusión de las personas con discapacidad.
En los Países Bajos los regímenes de jubilación anticipada y el seguro de invalidez se reformaron varias veces en los últimos decenios. Las reformas aumentaron los incentivos para que los trabajadores mayores sigan trabajando y redujeron prevalencia de las vías alternativas hacia la jubilación. Este artículo presenta una reseña de las reformas y, a la luz de los datos administrativos sobre los trabajadores del sector de la salud, pone a prueba varias hipótesis acerca de la tasa actividad de los trabajadores mayores. Se extraen dos conclusiones principales: a) las reformas neerlandesas han sido eficaces ya que la tasa de actividad de los trabajadores mayores ha aumentado, y b) el concepto de vías alternativas ha perdido relevancia dado que se ha cerrado el acceso a la jubilación anticipada a través del seguro de invalidez. No obstante, no se recomienda generalizar sistemáticamente las conclusiones del caso neerlandés a otros países de la OCDE, ya que es probable que el contexto institucional nacional influya en los resultados.
Mediante un inventario de las transferencias locales o no obligatorias proporcionadas en trece pueblos y ciudades francesas, en el presente artículo se ponen en consideración, ante todo, las ventajas que supone reintegrarse a trabajar para los beneficiarios de las prestaciones nacionales, obligatorias y sujetas a la verificación de recursos del ingreso mínimo de inserción (RMI), y del subsidio por progenitor único (API) por tipo de hogar y según datos anteriores a 2009. Las reformas de las prestaciones nacionales obligatorias llevadas a cabo durante la primera década del siglo xxi, en particular, las que afectaron a la bonificación fiscal por empleo (PPE), no lograron asegurar que los beneficiarios de las prestaciones sujetas a la verificación de recursos siempre obtuvieran una mejora económica al reintegrarse a trabajar. En la mayor parte de las localidades y para casi todos los tipos de hogares, aceptar un empleo a tiempo parcial remunerado con el salario mínimo representaba una pérdida de ingresos respecto a los que se hubieran obtenido de seguir acogiéndose a la protección social, y un empleo a tiempo completo no siempre resultaba rentable. Los efectos de las reformas fueron contrarrestados por los efectos de otras medidas, como la concesión generalizada de subsidios de movilidad por parte de los consejos regionales, el desarrollo de tarifas sociales para el teléfono y el servicio público de electricidad y la exención del canon de televisión. A continuación, se simulan los efectos de la introducción del ingreso de solidaridad activa (RSA), que sustituyó al RMI en 2009, y se analiza la forma en que se modificaron las transferencias locales o no obligatorias tras el aumento de las transferencias nacionales obligatorias. Se observa que el RSA elimina los desincentivos económicos de la reintegración al trabajo en lo que respecta a casi todas las localidades y tipos de hogares. En el presente artículo se demuestra que la tasa marginal de imposición del 38 por ciento adoptada por el Gobierno está muy cerca del límite superior compatible con el incentivo de la reintegración al trabajo.
En este artículo se analizan los desafíos que afronta el Nuevo Sistema del Fondo de Pensiones de la Función Pública en Taiwán, China. Menos de dos décadas después de su puesta en marcha, este nuevo sistema afronta desajustes financieros y es objeto de polémica por la generosidad de las disposiciones que regulan sus prestaciones. En primer lugar, el artículo presenta los diferentes sistemas de seguridad en la vejez existentes en Taiwán y se centra en los trabajadores de la función pública en general. A continuación, el artículo examina los desafíos financieros que afronta el sistema general de pensiones del sector público, incluido el aumento del coste de sus prestaciones para todos los contribuyentes. Por último, el artículo propone una serie de posibles orientaciones que el sistema general del sector público debería considerar al acometer las reformas, entre otras, la reducción del importe de las prestaciones, criterios más restrictivos de elegibilidad o el establecimiento de un nuevo sistema. En este último caso, toda propuesta de un nuevo sistema debe aspirar a realizar el objetivo de lograr solidez financiera a largo plazo y simultáneamente garantizar una ecuanimidad óptima entre todas las partes implicadas, incluidos los contribuyentes.