International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
Durante la pandemia de COVID 19 se pusieron en marcha una gran cantidad de respuestas políticas de protección social. También se solicitó que se creara la renta básica de emergencia como medida de mitigación, si bien parece que esta renta se adoptó solamente en un país. A pesar de este dato, es probable que la renta básica de emergencia tenga presencia en los posteriores debates e intervenciones de índole política, sobre todo como herramienta para mitigar las crisis, lo que repercutirá en la protección social basada en los derechos que se desarrolle en el futuro. En consecuencia, en este artículo se pretende analizar si la renta básica de emergencia se ajustaría a las normas de seguridad social internacionales y si contribuiría a crear y reforzar los sistemas de protección social universal basados en los derechos.
Los progresos tecnológicos dan pie al surgimiento de nuevas oportunidades para crear cuentas digitales de la seguridad social, si bien en los estudios sobre esta cuestión todavía no se ha analizado plenamente el grado de eficacia de estas cuentas para resolver los problemas de accesibilidad y de elegibilidad a los que se enfrentan los trabajadores de plataformas. El potencial de las cuentas digitales de la seguridad social radica en su capacidad para tener en cuenta las diferentes fuentes de ingresos que pueden tener los trabajadores atípicos y para mejorar el acceso efectivo de estos trabajadores a la seguridad social. Las agencias tributarias y las oficinas de la seguridad social ya pueden compartir de inmediato información sobre los ingresos de los trabajadores de plataformas, lo que ofrece la promesa de formalizar las relaciones laborales de los trabajadores por cuenta propia, hasta ahora informales. En este artículo se analiza el caso de la cuenta de empresario de Estonia como una solución digital híbrida para mejorar el acceso efectivo de los trabajadores de plataformas a la seguridad social. Las cuentas digitales portátiles sientan las bases para la mejora estructural que se necesita para responder adecuadamente a las necesidades de seguridad social de los trabajadores atípicos, las cuales están en constante evolución. No obstante, también es necesario que las políticas se diseñen cuidadosamente, a fin de evitar que las cuentas digitales portátiles sean simplemente un facilitador digital de soluciones desactualizadas.
A partir del estudio de caso del programa de prestaciones LEAP de Ghana, se examina cómo los administradores, el personal que presta los servicios y los beneficiarios perciben y responden a los dilemas relativos a la ejecución. La investigación se centra en la prestación LEAP dirigida a quienes proveen cuidados a los niños, que está condicionada a que estos asistan a la escuela, se sometan a exámenes médicos y se vacunen. Uno de los dilemas éticos es el relativo a si debe sancionarse el incumplimiento de las condiciones, puesto que ello podría empeorar la situación de pobreza de los cuidadores y los niños. También se plantean otros dilemas, en particular, si deben asignarse recursos administrativos para definir, supervisar, sancionar y excluir a los beneficiarios; cómo debe repartirse el gasto para ofrecer las prestaciones monetarias y garantizar unos servicios de salud y educación de calidad suficiente; la cuestión de si los fondos disponibles deben distribuirse a un gran número de beneficiarios, pero en cuantías más reducidas, a fin de incentivar a un gran número de cuidadores a que lleven a sus hijos a la escuela, o si deben concentrarse en un público más reducido para intensificar la ayuda a los más pobres; y la cuestión de si los fondos serían menores si la prestación mínima no fuera una transferencia monetaria condicionada. Se examina la probabilidad de que se planteen dilemas similares en otros países de ingresos bajos y medianos donde se proporcionan transferencias monetarias condicionadas similares, y se estudia si algunos de esos dilemas también están presentes en las prestaciones mínimas “en vigor” en los países de renta alta.
El sistema de seguridad social chino ha sido objeto de numerosas publicaciones, lo que ha facilitado el acceso a la información sobre la evolución de las políticas del país a investigadores y administradores de todo el mundo. Sin embargo, las medidas adoptadas para hacer frente a la creciente necesidad de las autoridades de actuar en favor de las personas dependientes no están suficientemente documentadas en la bibliografía internacional. El objetivo de este artículo es evaluar las experiencias piloto realizadas en este ámbito desde el comienzo del 13º Plan Quinquenal (2016-2020) en cuanto a sus objetivos de política, al modo de funcionamiento y a las modalidades de financiación.
En muchos países europeos se da cada vez más importancia a las políticas de mercado de trabajo en las que los empleadores participan activamente en la reinserción de los desempleados. Estas políticas orientadas al empleador se centran en la demanda de fuerza de trabajo de las empresas y tratan de influir en su voluntad de contratar, formar y orientar a grupos de desempleados, a menudo desfavorecidos. Utilizando datos de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas en el marco de un programa destinado a empleadores de una ciudad sueca de tamaño medio, el presente artículo tiene como objetivo recoger información sobre cómo se utilizan estas políticas para alentar a los empleadores a contratar a trabajadores desempleados y sobre las diferencias entre los empleos creados en este contexto y los empleos ordinarios.. En el artículo se sostiene que la creación de puestos de trabajo mediante nuevos acuerdos que fomenten la división del empleo y que permitan liberar al personal de plantilla de las tareas no cualificadas, puede incitar a los empleadores a contratar a desempleados, si dichos acuerdos están relacionados con otras medidas. Por otra parte, el artículo también pone de manifiesto que esta nueva división del trabajo, en la que los participantes en el programa realizan principalmente tareas no cualificadas, es difícil de poner en práctica, ya que los nuevos empleados ejecutan cada vez más tareas ordinarias.
Este artículo presenta informaciones sobre las consideraciones y los desafíos metodológicos y de estimación desde una perspectiva actuarial y de políticas de seguridad social y remite a los trabajos recientes de valuación actuarial. El objetivo es contribuir a la discusión mundial para mejorar la transparencia de la información sobre los pasivos financieros de los regímenes contributivos de seguridad social vinculados con el empleo, ya que el Estado suele garantizarlos siguiendo las normas de financiación de la seguridad social, como los enfoques del reparto y de la capitalización parcial. El artículo respalda el compromiso de la profesión actuarial y de los expertos en contabilidad nacional y estadísticas de finanzas públicas a favor del suministro de una orientación más clara a los gobiernos nacionales para presentar una descripción justa y precisa de la situación financiera de sus regímenes de seguridad social con el debido reconocimiento imparcial del enfoque de políticas de seguridad social adoptado por el país en cuestión. Si bien el reflejo de la situación financiera de los regímenes de seguridad social que garantizan prestaciones de larga duración pagaderas de por vida es más importante en lo relativo a sus posibles repercusiones en las finanzas públicas, al adoptar una metodología de valuación e indicadores se deberá velar por que carezcan de sesgos o distorsiones en la interpretación de la situación financiera. A este respecto, persisten los desafíos y existe un amplio margen para perfeccionar las metodologías y adoptar enfoques contables coherentes que abarquen decisiones de políticas relativas a la financiación.
La comunidad estadística internacional muestra un interés creciente por los pasivos de los sistemas de pensiones y de seguridad social. El Sistema de Cuentas Nacionales 2008, incentiva a los países a proporcionar información detallada en una tabla complementaria sobre las pensiones. El Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI, también alienta a informar sobre los balances del sector público como parte de la deuda pública y la Unión Europea ha conferido el mandato para que todos los Estados miembros compilen estimaciones de los pasivos acumulados hasta la fecha por todas las pensiones, incluidas las pensiones del sector público y de los regímenes de seguridad social. Los pasivos acumulados por las pensiones del sector público, que a menudo son de prestaciones definidas y financiadas por el reparto o por la capitalización parcial, pueden ser muy grandes en algunos países, estar sujetos a un importante escrutinio del público y/o ser mal interpretados o usados equivocadamente. El artículo comienza revisando los requisitos actuales, la disparidad y la ambigüedad en las normas actuariales y contables existentes. Luego, menciona las oportunidades de "arbitraje contable", en virtud del cual los países pueden proporcionar prestaciones similares de forma diferente para no colocar estos pasivos de las pensiones en el balance público o evitar la divulgación requerida de los pasivos de las pensiones. El artículo indica que los pasivos acumulados por la seguridad social y los programas públicos de pensiones tienen poco o ningún significado, no proporcionan información sobre la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones de un país, ni información útil para comparar planes de pensiones entre países. Afirma que la mejor manera de estimar la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones financiados por el reparto o por la capitalización parcial es la brecha financiera y que esta estimación de la sostenibilidad fiscal mediante un "grupo abierto" debe publicarse junto con los pasivos acumulados hasta la fecha y con información sobre las tasas de cobertura, los índices de sustitución y los gastos en porcentaje del PIB. El artículo concluye señalando que los gastos en pensiones como porcentaje del PIB probablemente sean la mejor medida para la comparación entre países.
Para permitir que las mutuas de salud extiendan su cobertura a las personas en situación de pobreza, la red de apoyo a las mutuas de salud (Réseau d’appui aux mutuelles de santé – RAMS) puso en marcha en 2012, una iniciativa en colaboración con el Ministerio de Acción Social y Solidaridad (ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale – MASSN) de Burkina Faso. Este artículo muestra las dificultades de la aplicación de la iniciativa, que no ha conseguido frenar la exclusión de las personas más pobres de los servicios de salud. Se exigía a estas personas no solo que abonaran cantidades en concepto de copago sino también que aceptaran una limitación de la cobertura a tres episodios de enfermedad anuales. Otras dificultades para la prestación de los servicios eran la distancia geográfica de los hogares de algunos beneficiarios cubiertos por un acuerdo de mutua respecto de un centro de salud y el hecho de que algunos trabajadores del sector de la salud y administradoras de farmacias no reconocieran la tarjeta de afiliado a la mutua. Además, faltaba un marco formal que reuniera a todos los actores participantes en las tareas de planificación y aplicación de la iniciativa, de manera que cada uno tenía una información diferente y ejecutaba sus tareas dentro de su ámbito de actuación y de acuerdo con sus propios intereses, sin consultar a las otras partes. Además, no existía un espacio para debatir las dificultades de la aplicación de la iniciativa.
El artículo estudia, en una muestra de 29 países de Europa Oriental y Meridional, la ex Unión Soviética y Mongolia, el efecto causal de la confianza en la voluntad de pagar impuestos más altos para ayudar a los necesitados. Se plantea la hipótesis de que la confianza entre las personas se traduce en una mayor predisposición a pagar impuestos para ayudar a los necesitados, ya que: (i) la confianza aumenta la probabilidad de ayudar a desconocidos; (ii) la confianza fomenta la solidaridad y la cooperación cuando se obra para resolver problemas sociales comunes; y (iii) la confianza reduce las sospechas de que el dinero redistribuido sea mal empleado. Tres conclusiones fundamentales se derivan del artículo: en primer término, cuanto más reina la confianza entre las personas, más están dispuestas a respaldar al Estado de bienestar, en segundo término, el efecto de la confianza en el respaldo al Estado de bienestar se mantiene incluso en un entorno caracterizado por niveles de confianza más bien bajos y sistemas de redistribución no muy desarrollados y, por último, una mayor confianza a nivel individual fomenta la moral fiscal y disuade la evasión fiscal.
En este artículo se evalúa la trayectoria de las políticas de pensiones en los 11 países ex socialistas que se han incorporado a la Unión Europea desde 2004. El análisis, que se centra principalmente en el período posterior a 2004, aborda los resultados cuantitativos más relevantes de las reformas de las pensiones en estos países en relación con la reducción de la pobreza, la adecuación de las pensiones y la sostenibilidad presupuestaria. Además de los elementos cuantitativos, se estudia la calidad de los regímenes de pensiones de los 11 países desde el punto de vista de la igualdad y la eficiencia, y se hace hincapié en los errores de diseño menos visibles presentes en dichos regímenes. Hasta ahora no se ha prestado mucha atención a estos errores, si bien pueden perjudicar a los regímenes de pensiones en diversos aspectos, en particular, su sostenibilidad presupuestaria.
En la primera década de transición, el sistema georgiano de protección social experimentó un gran recorte al tiempo que el Gobierno se esforzaba por financiar las prestaciones sociales en un contexto de contracción económica masiva y de derrumbe casi total de las instituciones públicas. Desde 2004, se ha revierte esta tendencia. La economía ha vuelto a encarrilarse en una vía de rápido crecimiento y de considerable mejora de la administración pública. Las reformas recientes, entre ellas la notable incorporación del seguro de enfermedad público y universal, constituyen etapas bienvenidas para la construcción de un Estado de bienestar moderno. Sin embargo, aún quedan grandes desafíos, en especial en lo relativo al efecto limitado del sistema en la pobreza generalizada. La desaceleración del crecimiento, la falta de defensores poderosos del sistema de bienestar y la ausencia de factores de estímulo externos pueden paralizar o impedir el crecimiento futuro pero la naturaleza cambiante del contrato social entre el pueblo y el Gobierno, así como el reconocimiento cada vez mayor, por parte de los políticos de Georgia, de la importancia del sistema de bienestar para el crecimiento inclusivo, deja un amplio margen para el optimismo.
Los sistemas de seguridad social, como parte de la labor internacional realizada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) encaminada a ampliar la cobertura de una seguridad social sostenible y adecuada, intentan cada vez más ofrecer respuestas políticas integradas que satisfagan las distintas necesidades de la población a lo largo del ciclo de vida. Para lograr estos objetivos a escala mundial, no solo se debe volver a evaluar el diseño y los objetivos de los regímenes de seguridad social, sino que es necesaria una inversión importante en personal de salud. Sin embargo, se plantea el importante desafío del desajuste, actual y estimado, entre la oferta, la demanda y la necesidad de personal de salud a nivel mundial. Se debe centrar la atención en una serie de cuestiones fundamentales: la necesidad de una inversión mayor y mejor en personal de salud; el reconocimiento de la falta de igualdad de género entre el personal de salud y de la importancia de las políticas que reconocen, valoran y retribuyen de manera apropiada el trabajo de las mujeres en el ámbito de la salud; y que para permitir los cambios necesarios son imprescindibles una voluntad política al más alto nivel y una acción coordinada entre los distintos sectores.
La evolución de las políticas y de los programas de seguridad social, plantea la necesidad de coordinarlos para mejorar la eficiencia y prevenir la fragmentación de las políticas, los programas y los servicios sociales. Aunque se pueden esperar beneficios, la ejecución de los programas coordinados supone desafíos técnicos importantes, que aumentan la complejidad y los costos de los proyectos, y obstaculizan la realización de estas iniciativas. Algunas de las dificultades principales están relacionadas con la integración del sistema y de la información (interoperabilidad), así como con la capacidad de cumplimiento de las normas relativas a la seguridad y la privacidad de los datos. A fin de brindar un apoyo para hacer frente a estos desafíos, la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), ha elaborado las Directrices sobre las Tecnologías de la Información y de la Comunicación cuyo objetivo es promover la ejecución integrada de los programas sociales basada en las TIC. Este artículo examina los escenarios existentes, analiza los beneficios y los desafíos de los enfoques coordinados y ofrece modelos que muestran el modo de aplicar este tipo de sistemas, teniendo en cuenta las Directrices de la AISS.
Temas:
Tecnologías de la información y de la comunicación
El concepto de servicios integrados es una característica común de los debates actuales en materia de política social. Con frecuencia, se sostiene que los sistemas de apoyo social no han evolucionado de manera que satisfagan las complejas necesidades de las personas. Esto se refleja en las numerosas dificultades que se observan tanto en los programas de bienestar social tradicionales como en las diferentes etapas del ciclo de vida. Este artículo estudia la labor de los servicios integrados para establecer puentes entre distintas áreas políticas como las políticas sociales, las políticas del mercado de trabajo y los servicios de salud en beneficio de cuatro grupos vulnerables diferentes en función de las etapas principales del ciclo de vida: los niños, los jóvenes, los adultos y las personas de edad avanzada. Desde el punto de vista analítico, este artículo se basa en el marco elaborado por Valentijn y otros (2013), que permite realizar comparaciones sistemáticas. Mediante ejemplos referidos principalmente a las economías de ingresos elevados, el artículo relaciona las características fundamentales de determinadas áreas políticas con los elementos esenciales de los servicios integrados. Las características fundamentales de un área política, basadas en la función del mismo, se expresan en el marco de los servicios centrados en las personas y en la población. En cambio, los elementos esenciales de los servicios integrados hacen hincapié en los niveles de integración (macro, medio y micro). Las cuestiones centrales que se abordan son la naturaleza de las iniciativas encaminadas a integrar a los grupos vulnerables en las diferentes etapas del ciclo de vida y el modo de interpretar estas variaciones. También se utilizan, como complemento, explicaciones sociológicas sobre la vulnerabilidad de las personas, que se clasifican en función de las causas de vulnerabilidad, en factores esenciales, condicionales y desencadenantes. Una conclusión principal es que las variaciones en las iniciativas de integración no se explican mediante la perspectiva basada en el ciclo de vida como tal, sino mediante las características institucionales de los ámbitos específicos de las políticas, que limitan o impulsan la capacidad para una mayor integración.
El concepto del nudge (estímulo), vinculado con los ámbitos de las ciencias del comportamiento, de la teoría política y de la economía del comportamiento, ha suscitado iniciativas de los gobiernos y ha generado un valor público significativo. El nudge, o “estímulo”, es un método utilizado para modificar el comportamiento de manera predictiva sin restringir las opciones de elección del consumidor o cambiar los incentivos de forma significativa. Este método consiste en influir en el comportamiento humano predeterminado, como la tendencia a tomar el camino más fácil al hacer una elección. Los organismos públicos han llevado a cabo con éxito pruebas con nudges visuales sencillos elaborados para influir de forma positiva en comportamientos como el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el registro de votantes o el abandono escolar. Este artículo analiza el concepto de “estímulo” digital en el ámbito de la administración de la seguridad social. El mismo, promueve la utilización de la tecnología de análisis predictivo en el marco de una administración pública digital a efectos de apoyar un enfoque de políticas orientadas a la inversión social. El presente artículo, basado en el examen de la literatura sobre los nudges en el contexto de la administración pública digital, señala ejemplos de innovación en la administración de la seguridad social, donde los estímulos contribuyen a mejorar los resultados sociales. Al mismo tiempo, las preocupaciones relativas a la ética y la privacidad, que se consideran estímulos, afectan más a la persona que a la población en general. La utilización de los datos y la información personal para guiar este proceso debe hacerse de manera que se protejan los derechos individuales. Este requisito debe conciliarse con el interés más amplio de la sociedad por obtener unos resultados accesibles, cuyos parámetros se determinan en el marco del proceso político.
Temas:
Gobernanza y administración
Tecnologías de la información y de la comunicación
En este número especial de 2016, se aborda el tema de la excelencia en la administración de la seguridad social. Para la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la “excelencia” con frecuencia se relaciona con la garantía de que los procesos técnicos y los procedimientos administrativos que sustentan el suministro de las prestaciones y los servicios en el ámbito de la seguridad social, sean de un elevado desempeño, estén bien gestionados y sean sostenibles. Sin embargo, esto también se refiere a la percepción por parte de la población cubierta de la calidad y de la idoneidad de las prestaciones y los servicios ofrecidos. La literatura académica en materia de seguridad social es muy abundante, ahora bien, la mayor parte de las investigaciones publicadas abordan cuestiones relacionadas con la teoría y la política en materia de seguridad social. Así, los estudios críticos y analíticos sobre la administración de la seguridad social, incluidos los que combinan el análisis teórico con las observaciones empíricas sobre el desempeño administrativo, son más escasos. El objetivo principal de este número especial es contribuir a corregir este desequilibrio, con el fin no solo de apoyar y estimular las investigaciones que aportan tanto pruebas empíricas como estudios teóricos, sino también, desde un punto de vista esencialmente práctico, para tener más en cuenta y proporcionar respuestas a los desafíos operativos cada vez más complejos a los que se enfrentan las administraciones de seguridad social.
Canadá, Dinamarca, Países Bajos y Suecia, cuentan con avanzados regímenes de pensiones de múltiples pilares. Este artículo presenta, a partir de microsimulaciones, un examen detallado de la interacción de los pilares en estos países. La importancia relativa y el papel de los diferentes pilares de pensiones varían de un país a otro y además lo hacen en función de la edad, los ingresos, el género y factores socioeconómicos y también de las generaciones. Otra área de investigación es la capacidad de mitigación de los cuatro sistemas de pensiones. Por una parte, las carreras profesionales desfavorables proporcionan unos ingresos más bajos a lo largo de la vida y una menor pensión privada acumulada. Por otra parte, estos efectos se ven mitigados por el diseño de los pilares y su interacción. La mitigación es importante para la seguridad de los ingresos y la estabilidad de la jubilación, así como para la distribución de los ingresos después de la jubilación. Sin embargo, los mecanismos de mitigación se establecen a costa de los incentivos. Además, en muchos países disminuirá la generosidad de las prestaciones públicas, lo que aumentará la importancia de las pensiones privadas. Esto desplazará los riesgos y la incertidumbre de los empleadores y las instituciones que administran las pensiones a las personas. Por lo tanto, los riesgos y la incertidumbre relativos a las pensiones privadas aumentarán, lo que planteará preguntas sobre la distribución de las responsabilidades entre las pensiones públicas y privadas y sobre la posibilidad de mitigar dichos riesgos mediante la interacción de los pilares. Las transformaciones en el mercado de trabajo hacen que las preocupaciones sean aún mayores. A pesar de que es inconcebible establecer un sistema de pensiones sin distorsiones, este artículo pretende contribuir a la cuestión de cómo debe diseñarse la mitigación y cómo deben equilibrarse la mitigación y el riesgo compartido con arreglo a los incentivos, desafíos que tienen un carácter tanto político como técnico.
Es bien sabido que los contactos y las redes informales son una gran ventaja durante la búsqueda de empleo. Los desempleados pueden beneficiarse con contactos informales de este tipo. Sin embargo, la creación y el mantenimiento de una red pueden ser muy difíciles. Las intervenciones que permiten a los desempleados reforzar su capacidad de crear redes efectivas podrían ser prometedoras. Con este telón de fondo, el artículo ofrece consejos sobre la orientación que podrían tomar estas intervenciones. En primer lugar, sobre la base de los datos reunidos a partir de una muestra de 4600 desempleados recientes en el cantón suizo de Vaud, el texto examina los factores que influyen en la decisión de los solicitantes de empleo de recurrir a sus contactos informales para encontrar un empleo. El artículo muestra que muchos desempleados no recurren a su red de contactos porque no comprenden la importancia de este método. En segundo lugar, el texto desarrolla un análisis de la incidencia de una intervención innovadora probada mediante un ensayo controlado aleatorio cuya finalidad es sensibilizar acerca de la importancia de las redes.
El sesgo conservador en las actitudes sociales hacia el Estado de bienestar se pone de manifiesto al observar lo arraigado que está el apoyo del público a la protección social tradicional y a las prestaciones de seguridad social, en particular a los pagos de pensiones más elevados y al gasto público en cuidados de salud. Esta situación se ha visto reforzada por la crisis financiera de 2008 y la Gran Recesión, puesto que el apoyo público a las estrategias de protección social orientadas a "nuevos" riesgos sociales, como los cambios estructurales en los mercados de trabajo, las tendencias demográficas negativas, la desigualdad entre los géneros y la inestabilidad familiar, ha sido relativamente escaso. Este comportamiento de resistencia al cambio no resulta sorprendente, ya que el público suele ver las reformas como un medio de recorte con claros perdedores y unos poco claros beneficiarios. Esto pone de manifiesto que la valentía política es rara vez suficiente para realizar reformas estructurales en el Estado de bienestar. Será necesario establecer objetivos claros a corto y largo plazo basados en argumentos coherentes que puedan persuadir al público y a los ciudadanos de la necesidad de cambio, en caso de que fuera necesario establecer un sistema de seguridad social más "dinámico" en los países industrializados durante los próximos 20 años.
Para concluir este número doble especial, en este artículo se abordan cuatro cuestiones relacionadas con el objetivo estratégico de lo que la AISS denomina "seguridad social dinámica". Sobre la base de las pruebas de los estudios de casos nacionales presentados, las prioridades de la reforma de las políticas en materia de seguridad social difieren según el nivel de desarrollo económico del país, la madurez del sistema de seguridad social y las cuestiones de economía política. En este contexto, se concluye que, si bien es posible que las tendencias generales de la reforma sean compatibles con los objetivos de la seguridad social dinámica, existen divergencias importantes, e incluso a veces convenientes, entre las prácticas nacionales en materia de seguridad social.