International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
Como respuesta ante la pandemia de COVID 19, en varios lugares del mundo se pusieron en marcha una gran cantidad de programas de transferencias en efectivo universales a corto plazo, en especial en países de Asia Oriental con ingresos altos, los cuales encabezaron estas iniciativas. Si bien se ha hecho hincapié en la naturaleza innovadora de estas inyecciones de efectivo universales, apenas se han documentado sus características, perspectivas y motivos subyacentes. En este artículo se describen los procesos nacionales de índole política e institucional que se siguieron para elaborar y poner en práctica las transferencias en efectivo universales en Hong Kong (China), el Japón, la República de Corea, Singapur y Taiwán (China). En términos generales, del análisis se deduce que, dentro del marco de la universalidad, surgen una serie de elecciones operativas diversas, dinámicas y con distintos matices. La adopción y la evolución de estos programas estuvo marcada por varios factores, como las presiones políticas derivadas de la competencia entre partidos políticos y las medidas encaminadas a mantener la legitimidad política. En definitiva, los parámetros para la elaboración de estos programas no solo se definen en términos tecnocráticos, sino que también son el resultado de negociaciones políticas.
En este número temático especial, editado por los autores invitados Jurgen De Wispelaere y Troy Henderson, se analiza en primer lugar si el uso extendido de las transferencias en efectivo inmediatas y no condicionadas como respuesta política a los efectos socioeconómicos de la crisis de COVID 19 ha impulsado los programas de transferencias en efectivo en general y las políticas de renta básica de emergencia (Emergency Basic Income, EBI) en particular. A continuación, en el conjunto de artículos se describe la acogida que tuvieron las políticas de renta básica de emergencia como respuesta ante la pandemia en contextos específicos nacionales o regionales, y se reflexiona sobre su importancia para el futuro desarrollo de la protección social universal y, en concreto, para la renta básica universal (Universal Basic Income, UBI). Si bien cabe considerar con atención el papel que puede desempeñar la renta básica en la puesta en marcha de políticas de protección social resilientes y ágiles, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza dispar y fragmentada de los sistemas de protección social existentes, siguen sin resolverse cuestiones importantes sobre cómo evaluar la respuesta ante la crisis que ofrece la renta básica de emergencia, de carácter temporal, habida cuenta de que con la renta básica univeral, por naturaleza permanente, se pretende hacer frente a las necesidades más persistentes.
A partir del estudio de caso del programa de prestaciones LEAP de Ghana, se examina cómo los administradores, el personal que presta los servicios y los beneficiarios perciben y responden a los dilemas relativos a la ejecución. La investigación se centra en la prestación LEAP dirigida a quienes proveen cuidados a los niños, que está condicionada a que estos asistan a la escuela, se sometan a exámenes médicos y se vacunen. Uno de los dilemas éticos es el relativo a si debe sancionarse el incumplimiento de las condiciones, puesto que ello podría empeorar la situación de pobreza de los cuidadores y los niños. También se plantean otros dilemas, en particular, si deben asignarse recursos administrativos para definir, supervisar, sancionar y excluir a los beneficiarios; cómo debe repartirse el gasto para ofrecer las prestaciones monetarias y garantizar unos servicios de salud y educación de calidad suficiente; la cuestión de si los fondos disponibles deben distribuirse a un gran número de beneficiarios, pero en cuantías más reducidas, a fin de incentivar a un gran número de cuidadores a que lleven a sus hijos a la escuela, o si deben concentrarse en un público más reducido para intensificar la ayuda a los más pobres; y la cuestión de si los fondos serían menores si la prestación mínima no fuera una transferencia monetaria condicionada. Se examina la probabilidad de que se planteen dilemas similares en otros países de ingresos bajos y medianos donde se proporcionan transferencias monetarias condicionadas similares, y se estudia si algunos de esos dilemas también están presentes en las prestaciones mínimas “en vigor” en los países de renta alta.
En muchos países europeos se da cada vez más importancia a las políticas de mercado de trabajo en las que los empleadores participan activamente en la reinserción de los desempleados. Estas políticas orientadas al empleador se centran en la demanda de fuerza de trabajo de las empresas y tratan de influir en su voluntad de contratar, formar y orientar a grupos de desempleados, a menudo desfavorecidos. Utilizando datos de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas en el marco de un programa destinado a empleadores de una ciudad sueca de tamaño medio, el presente artículo tiene como objetivo recoger información sobre cómo se utilizan estas políticas para alentar a los empleadores a contratar a trabajadores desempleados y sobre las diferencias entre los empleos creados en este contexto y los empleos ordinarios.. En el artículo se sostiene que la creación de puestos de trabajo mediante nuevos acuerdos que fomenten la división del empleo y que permitan liberar al personal de plantilla de las tareas no cualificadas, puede incitar a los empleadores a contratar a desempleados, si dichos acuerdos están relacionados con otras medidas. Por otra parte, el artículo también pone de manifiesto que esta nueva división del trabajo, en la que los participantes en el programa realizan principalmente tareas no cualificadas, es difícil de poner en práctica, ya que los nuevos empleados ejecutan cada vez más tareas ordinarias.
Los procesos de elaboración y puesta en práctica de políticas públicas en la región de Oriente Medio y Norte de África no se han estudiado suficientemente. Este artículo presenta un estudio de caso sobre la reforma de las políticas públicas para extender la cobertura del seguro de salud en Egipto. Se basa en un análisis temático de estudios (examinados por homólogos o no) y artículos publicados en la prensa escrita entre 2005 y 2015, particularmente en el período 2005-2011. El análisis pone de manifiesto que las iniciativas de reforma fracasaron durante gran parte de este período debido a desacuerdos fundamentales entre los principales actores sobre los objetivos, las propuestas y el proceso político para introducir el cambio. El éxito de las reformas previstas en Egipto puede depender de la importancia que se conceda a las diferentes agendas de estos actores y de la evolución de sus relaciones de poder, en particular si se tienen en cuenta los profundos problemas políticos, sociales y económicos a los que se enfrenta el sistema de salud del país.
Un principio normativo fundamental de las políticas sociales transformadoras es que se basen en los derechos. Esto implica su universalidad en tanto que derecho extendido sistemáticamente a todas las personas en una situación dada, a todos los ciudadanos o, en su forma más extrema, aplicable a todos los residentes independientemente de su nacionalidad. Para ser transformadoras, las políticas sociales deben abordar las causas profundas de las desigualdades y de las injusticias sociales. Recientemente surgieron enfoques en varios países del Sur y el Sudeste de Asia que se encaminan hacia una política social universal basada en los derechos. Se podría inferir que se ha producido un “giro social”, un cambio hacia ideas y políticas que priorizan las cuestiones sociales. En los casos analizados (India, Myanmar, Nepal, Pakistán y Tailandia), las tendencias hacia un enfoque universal basado en los derechos para los servicios y las transferencias sociales se originaron por razones políticas y como consecuencia de cambios en el gobierno: los giros sociales fueron el resultado de protestas. En la actualidad, estos países están experimentando reacciones políticas adversas y los procesos democráticos y la sociedad civil sufren graves ataques. Este artículo pretende señalar dos puntos. En primer lugar, un enfoque de políticas transformadoras basado en los derechos y un giro social no se producen automáticamente, sino que resultan de impugnaciones procedentes del electorado y sus grupos de interés o de la competencia entre partidos políticos. En segundo lugar, se pueden desmantelar los derechos adquiridos y las corrientes transformadoras. Ante el actual retroceso político mundial, es necesario defender y luchar por una política social transformadora basada en los derechos.
Los Estados Unidos se encuentran en una encrucijada en relación con las políticas en favor de la familia y las mujeres. Actualmente, los Estados Unidos otorgan a los hijos, los padres y las madres una ayuda básica en forma de licencia parental no remunerada, ventajas fiscales en relación con los hijos y un cuidado infantil público limitado. Por el contrario, los demás Estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) proporcionan más medios a las familias, al concederles licencias parentales remuneradas y al realizar inversiones integrales en los niños. Los beneficios que puede ofrecer el fortalecimiento de estas políticas en los Estados Unidos son considerables. Las licencias parentales pagadas y el cuidado de los hijos subvencionado, permiten a un número mayor de mujeres a conseguir trabajo y a conservarlo, contribuyen al crecimiento económico, otorgan a los hijos beneficios tanto en términos de salud como de conocimientos, y proporcionan opciones a los padres para definir su estrategia de vida profesional. No cabe duda de que los Estados Unidos se han quedado rezagados respecto del resto de países de la OCDE en lo referente a muchos indicadores sociales y económicos por no invertir adecuadamente en los hijos, los padres y las madres. Teniendo en cuenta las grandes ventajas que aportan estas ayudas familiares, el presente artículo se centra en las cuestiones relacionadas con la conciliación del trabajo y las responsabilidades de cuidado de las familias con hijos pequeños y, en particular, en las políticas en materia de permisos parentales remunerados en la OCDE y los Estados Unidos.
Si bien, se considera en general que la protección social tiene efectos positivos en los hijos, sobre todo en materia de alimentación, educación y salud, se sabe mucho menos acerca de los efectos que tiene en el cuidado de los mismos. En este artículo se analizan las repercusiones de un programa de transferencias monetarias sociales en favor de los hogares pobres de Ghana, denominado Mejora de los medios de subsistencia para luchar contra la pobreza (LEAP), en el bienestar de los hijos, la calidad del cuidado que se les presta y la forma en que se previene su separación de los padres. El artículo se basa en la opinión de personas que se benefician del programa y otras que no, en un contexto de vulnerabilidad y de familias numerosas, y en el que los hijos son a menudo acogidos por familiares. Las conclusiones del análisis indican que las prestaciones monetarias pueden mejorar los aspectos materiales y no materiales del bienestar de los hijos, así como la calidad de los cuidados que reciben, y que pueden evitar que se les separe de sus padres. Sin embargo, no todos los hijos se benefician por igual de estas prestaciones, ya que los hijos no biológicos están peor tratados. El gran tamaño de las familias, sumado a las deficiencias y los problemas de la puesta en marcha del programa, en particular la baja cuantía de las transferencias, el tope aplicado al número máximo de miembros del hogar que pueden percibir las prestaciones y la escasa sensibilización y seguimiento, menoscaban la función positiva que pueden desempeñar las transferencias monetarias.
Contextualizando la situación de los huérfanos en la región del África Meridional y basándose en la investigación cuantitativa y cualitativa, el presente artículo analiza las opciones de cuidados y las políticas de protección social para los huérfanos en Mozambique, focalizándose en los niños que se encuentran en los centros de apoyo a los huérfanos. En la búsqueda orientada a brindar nuevas perspectivas y una mayor comprensión de las experiencias de los niños que reciben cuidados y de la protección social de que éstos disponen, la investigación pone de relieve la mayor probabilidad de que los niños huérfanos que viven en instituciones informales de cuidados experimenten abusos, abandono y malos tratos respecto de aquellos que viven en instituciones de cuidados no gubernamentales. La investigación pone el acento en que se requiere una selección más cuidadosa de las familias adoptivas que acogen a los niños. Las recomendaciones incluyen la necesidad de centrarse en el desarrollo de capacidades y en unas reformas institucionales dirigidas a implementar políticas de protección social para los niños huérfanos, como parte de un piso de protección social general. La supervisión y la evaluación de las organizaciones que brindan cuidados a los niños huérfanos se consideran una prioridad.
La mayor parte de los países tienen planes de pensiones separados para los empleados del sector público. La carga fiscal futura de estos planes puede ser importante, ya que el gobierno es, por lo general, el mayor empleador, los compromisos de pensiones en el sector público tienden a ser relativamente generosos y los pagos futuros proceden, de modo directo, de los ingresos estatales (según el método de reparto) o se realizan mediante planes por capitalización (fondos de pensiones) que tienden a estar insuficientemente financiados. La valoración y la publicación de información relativa a estos compromisos de pensiones son poco transparentes en algunos países, lo que puede ocultar enormes obligaciones fiscales que podrían pasar a generaciones futuras de trabajadores. Para poder realizar una comparación equitativa entre países en lo relativo a la carga fiscal de sus planes de pensiones del sector público, en este artículo se recomienda utilizar un procedimiento uniforme para valorar y publicar la información sobre las obligaciones de pensión no capitalizadas, que permita mejorar la transparencia y la formulación de las políticas. Se ha realizado una estimación del valor razonable neto de las obligaciones no capitalizadas a finales de 2008 en una muestra de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta carga fiscal también se puede interpretar como la deuda implícita de pensiones en términos de su valor razonable.
El Japón y la República de Corea establecieron un seguro de salud de cobertura universal para sus poblaciones en 1961 y 1989, respectivamente. En la actualidad, el Japón aún cuenta con un sistema de seguro social de salud de múltiples fondos, mientras que la República de Corea ha estructurado el seguro nacional de salud en torno a un fondo único. Este artículo analiza la influencia de la economía política en las diferencias observables en las políticas de estos dos sistemas de seguro de salud de inspiración bismarckiana. Los temas abordados incluyen las diferencias de poder político, la influencia del sector de negocios en las políticas, el alcance de la autonomía regional y de la preservación de las características regionales, el grado de democratización política, la forma de conducción política y el estado de desarrollo del sistema de seguro de salud. El artículo presenta lecciones de política a partir de la experiencia de ambos países.
En este artículo se examina los distintos momentos elegidos para introducir cuatro grandes programas de seguridad social —el seguro de accidentes del trabajo, las prestaciones por enfermedad, las pensiones y las asignaciones familiares— en cuarenta y tres países africanos. Además, se analiza si la estructura legislativa, la religión dominante o el pasado colonial del país hasta el año de su independencia tienen importancia a la hora de ponderar la prosperidad, el grado de democracia, la estabilidad gubernamental, su industrialización, la demografía y la homogeneidad étnica de la población. A partir del modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales se concluye que la tendencia muestra que los países industrializados, homogéneos y más bien populosos que estuvieron bajo dominio francés son pioneros en materia de legislación sobre seguridad social.
En Hungría el gobierno de centroizquierda creó en 1998, a partir del sistema público de pensiones de pilar único, un segundo pilar consistente en un régimen obligatorio de pensiones privadas. La participación en este sistema de doble pilar era opcional para aquellas personas que ya estaban trabajando, pero obligatoria para quienes se incorporaban por primera vez al mundo del trabajo. Entre 1999 y 2010 alrededor del 50 por ciento de los trabajadores se afilió de modo voluntario al segundo pilar y otro 25 por ciento tuvo que hacerlo obligado por la ley. El segundo pilar no ha mejorado la estabilidad financiera del sistema de la seguridad social. Además, la crisis internacional financiera y económica ha sacado a la luz los costos derivados de este desplazamiento, aunque sea parcial, hacia un régimen de capitalización. En 2010 el gobierno conservador, de hecho, nacionalizó el segundo pilar con el objetivo de utilizar parte del capital acumulado de las pensiones para reducir los excesos en la deuda pública y en el déficit presupuestario anual, y para compensar por la reducción de los impuestos sobre la renta.
Los cimientos del sistema de seguridad social de Suiza se remontan a 1890 cuando se aprobó por referendo la inclusión de un artículo en la Constitución federal que encargaba al ejecutivo la tarea de crear un plan de seguros de enfermedad y accidente. Actualmente, al igual que en otros países europeos, el sistema de la seguridad social local enfrenta dificultades debido a los crecientes costes del sistema sanitario y a los cambios demográficos, que son una carga cada vez mayor tanto para las economías privadas como para las finanzas públicas. El sistema suizo se distingue de los de sus vecinos europeos en el modo de buscar soluciones políticas para afrontar dichas dificultades debido a una larga tradición en la toma de decisiones basada en la democracia directa: a través de los referendos, los ciudadanos son directamente responsables del desarrollo del sistema nacional de seguridad social. Este rasgo único de esta democracia hace que no sólo los suizos estén más dispuestos a aceptar y a identificarse con su sistema de seguridad social, sino que ofrece una saludable base democrática sobre la que construir el consenso para enfrentarse a los retos que ésta tiene por delante.