International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
En muchos países europeos se da cada vez más importancia a las políticas de mercado de trabajo en las que los empleadores participan activamente en la reinserción de los desempleados. Estas políticas orientadas al empleador se centran en la demanda de fuerza de trabajo de las empresas y tratan de influir en su voluntad de contratar, formar y orientar a grupos de desempleados, a menudo desfavorecidos. Utilizando datos de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas en el marco de un programa destinado a empleadores de una ciudad sueca de tamaño medio, el presente artículo tiene como objetivo recoger información sobre cómo se utilizan estas políticas para alentar a los empleadores a contratar a trabajadores desempleados y sobre las diferencias entre los empleos creados en este contexto y los empleos ordinarios.. En el artículo se sostiene que la creación de puestos de trabajo mediante nuevos acuerdos que fomenten la división del empleo y que permitan liberar al personal de plantilla de las tareas no cualificadas, puede incitar a los empleadores a contratar a desempleados, si dichos acuerdos están relacionados con otras medidas. Por otra parte, el artículo también pone de manifiesto que esta nueva división del trabajo, en la que los participantes en el programa realizan principalmente tareas no cualificadas, es difícil de poner en práctica, ya que los nuevos empleados ejecutan cada vez más tareas ordinarias.
El concepto de servicios integrados es una característica común de los debates actuales en materia de política social. Con frecuencia, se sostiene que los sistemas de apoyo social no han evolucionado de manera que satisfagan las complejas necesidades de las personas. Esto se refleja en las numerosas dificultades que se observan tanto en los programas de bienestar social tradicionales como en las diferentes etapas del ciclo de vida. Este artículo estudia la labor de los servicios integrados para establecer puentes entre distintas áreas políticas como las políticas sociales, las políticas del mercado de trabajo y los servicios de salud en beneficio de cuatro grupos vulnerables diferentes en función de las etapas principales del ciclo de vida: los niños, los jóvenes, los adultos y las personas de edad avanzada. Desde el punto de vista analítico, este artículo se basa en el marco elaborado por Valentijn y otros (2013), que permite realizar comparaciones sistemáticas. Mediante ejemplos referidos principalmente a las economías de ingresos elevados, el artículo relaciona las características fundamentales de determinadas áreas políticas con los elementos esenciales de los servicios integrados. Las características fundamentales de un área política, basadas en la función del mismo, se expresan en el marco de los servicios centrados en las personas y en la población. En cambio, los elementos esenciales de los servicios integrados hacen hincapié en los niveles de integración (macro, medio y micro). Las cuestiones centrales que se abordan son la naturaleza de las iniciativas encaminadas a integrar a los grupos vulnerables en las diferentes etapas del ciclo de vida y el modo de interpretar estas variaciones. También se utilizan, como complemento, explicaciones sociológicas sobre la vulnerabilidad de las personas, que se clasifican en función de las causas de vulnerabilidad, en factores esenciales, condicionales y desencadenantes. Una conclusión principal es que las variaciones en las iniciativas de integración no se explican mediante la perspectiva basada en el ciclo de vida como tal, sino mediante las características institucionales de los ámbitos específicos de las políticas, que limitan o impulsan la capacidad para una mayor integración.
Los sistemas de seguridad social de todo el mundo han evolucionado en momentos distintos, con mayor o menor rapidez y, con frecuencia, en respuesta a necesidades muy diferentes. Sin embargo, en la actualidad, todos los países se enfrentan a una verdad universal: en una época de cambios tecnológicos y sociales constantes, las organizaciones de seguridad social deben ser realmente capaces de adaptarse y de ofrecer un nuevo tipo de servicio. Cada sistema de seguridad social se enfrenta a esta ardua tarea de manera distinta, en lo que constituye una experiencia social de gran envergadura sobre el modo en que los organismos de seguridad social pueden brindar un servicio proactivo y personalizado que satisfaga las necesidades en constante evolución de los ciudadanos. No se conocen los resultados de esta experiencia. El objetivo de este artículo es iniciar el debate sobre qué aspectos funcionan y cuáles no y, en particular, sobre el modo en que los organismos pueden medir sus avances en la adopción de nuevos sistemas más alejados del modelo transaccional tradicional. Los desafíos a los cuales se enfrentan son enormes, debido al envejecimiento de la población y a la disminución de los presupuestos de la seguridad social. Al mismo tiempo, solo el aumento vertiginoso de las expectativas de los afiliados iguala el ritmo del cambio digital. Con todo, también se presentan grandes oportunidades. La tecnología avanzada, la automatización y las nuevas alianzas entre los organismos del sector público, garantizan unos servicios mucho más eficaces y personalizados para todos. La tecnología es solo una parte de esta ecuación. Con el fin de redefinir su misión, los organismos de seguridad social deberán contratar a nuevos trabajadores con otros tipos de competencias. Los trabajadores actuales por su parte deberán adaptarse y asumir su nueva función. Nada de esto es sencillo. Los objetivos iniciales de las organizaciones de seguridad social, fueran cuales fueran, han cambiado de forma irreversible. Sin embargo, con la combinación adecuada de talento y tecnología, los organismos pueden aspirar a un nuevo modelo lo suficientemente flexible para hacer frente a las crisis económicas y sociales y lo suficientemente sólido para afrontar los desafíos que se planteen en el futuro.
El presente artículo ofrece una visión crítica de las reformas del Gobierno del Reino Unido relativas a las prestaciones previstas en el marco del denominado Crédito Universal. Se dice que el Crédito Universal está destinado a fracasar a causa de la política que especifica el modo de prestar estos servicios (digitalizados por omisión). Los autores afirman que se ha permitido que el concepto de producción en serie se infiltre de manera discreta pero ubicua en la gestión de los medios por los que el Gobierno pretende conseguir el objetivo de la política de valorización del trabajo. Siguiendo el método Vanguard de Seddon, se analiza un ejemplo práctico de cómo unas autoridades locales concibieron un mejor servicio de los subsidios a la vivienda. Los resultados de este servicio incluyen la posibilidad de tratar un 50 por ciento más de solicitudes con menos recursos en la mitad del plazo oficial. Por último, el artículo destaca la necesidad de desarrollar una política mayormente basada en pruebas.
La prevención del riesgo de exclusión social se ha convertido en una cuestión fundamental en la Unión Europea (UE) debido a los recortes sociales que ha impuesto la explosión de la deuda de los Estados miembros. Esta cuestión se sitúa en la encrucijada entre las políticas de empleo y de formación y las reformas orientadas a adaptar los sistemas de protección social a la nueva realidad del contexto socioeconómico (envejecimiento de la población, inestabilidad familiar, desempleo masivo, precariedad del empleo, pobreza en el trabajo y desigualdades sociales persistentes y crecientes). En el presente artículo se pretende mostrar que la promoción de la protección social dentro de un enfoque de inversión social representa un modo excelente de conciliar los objetivos de igualdad de oportunidades a lo largo del ciclo de vida, de rendimiento económico sostenible (mejora de la competitividad estructural) y de aumento de la cohesión social en favor del bienestar colectivo. En el presente artículo se atribuye especial atención a la necesidad de promover el derecho universal e individual a la movilidad y a la formación durante toda la vida. Estos derechos constituirían nuevas garantías sociales, que compensarían las exigencias relacionadas con la flexibilidad del mercado de trabajo. Se destaca también la importancia de incorporar estos derechos en toda la UE con un nivel mínimo de protección social ampliado. De este modo, se podría proporcionar una protección permanente contra el riesgo de exclusión en la UE, favorecer la integración económica y social que se pretende lograr mediante la Estrategia de Lisboa revisada (2003‐2005) y aumentar la confianza y la esperanza de los ciudadanos europeos.
Los consistentes programas de seguridad social que promueven la seguridad colectiva y personal pueden realizar una importante contribución a la prevención de la inseguridad social porque actúan como estabilizadores automáticos integrados y aportan beneficios sociales, políticos y económicos a toda la sociedad. Por el contrario, los sistemas frágiles ejercen un efecto desestabilizador que reduce su eficacia preventiva. Las distintas contribuciones de los sistemas de seguridad social a la prevención de la inseguridad social y económica han perdido intensidad en muchos países. Los motivos del relativo descuido de la prevención se consideran junto a los cambios que han debilitado los elementos de prevención del sistema. El contexto estructural en el que deben operar las políticas de seguridad social, en particular la calidad y la cantidad del empleo, así como la interacción con otros programas públicos, obviamente, ejerce grandes repercusiones en su capacidad de prevención. Los regímenes aún pueden alcanzar muchos logros si prestan más atención a los elementos necesarios para prevenir la inseguridad. Se presentan proposiciones para reforzar la prevención dentro de los programas de seguridad social a fin de promover un debate más amplio de estas cuestiones para que la prevención se considere nuevamente un objetivo central.
La mayor parte de los países tienen planes de pensiones separados para los empleados del sector público. La carga fiscal futura de estos planes puede ser importante, ya que el gobierno es, por lo general, el mayor empleador, los compromisos de pensiones en el sector público tienden a ser relativamente generosos y los pagos futuros proceden, de modo directo, de los ingresos estatales (según el método de reparto) o se realizan mediante planes por capitalización (fondos de pensiones) que tienden a estar insuficientemente financiados. La valoración y la publicación de información relativa a estos compromisos de pensiones son poco transparentes en algunos países, lo que puede ocultar enormes obligaciones fiscales que podrían pasar a generaciones futuras de trabajadores. Para poder realizar una comparación equitativa entre países en lo relativo a la carga fiscal de sus planes de pensiones del sector público, en este artículo se recomienda utilizar un procedimiento uniforme para valorar y publicar la información sobre las obligaciones de pensión no capitalizadas, que permita mejorar la transparencia y la formulación de las políticas. Se ha realizado una estimación del valor razonable neto de las obligaciones no capitalizadas a finales de 2008 en una muestra de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta carga fiscal también se puede interpretar como la deuda implícita de pensiones en términos de su valor razonable.
Este artículo tiene por objetivo definir directrices básicas para facilitar el eventual diseño de un boletín de información que se enviaría a los cotizantes del sistema estatal de pensiones de España, en caso de adoptarse dicho instrumento. Inspirándonos de la experiencia internacional y de la investigación realizada en este ámbito por Jackson (2005), Larsson, Sundén y Settergren (2008) y Sundén (2009), investigamos el concepto de información individual sobre pensiones y determinamos sus principales características. Luego, describimos en detalle dos modelos de suministro de información individual sobre pensiones, el de los Estados Unidos y el de Suecia, haciendo hincapié en su estructura, en los aspectos mejorables y en sus limitaciones. Por último, presentamos algunas recomendaciones para el diseño del modelo español.