International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
A partir del estudio de caso del programa de prestaciones LEAP de Ghana, se examina cómo los administradores, el personal que presta los servicios y los beneficiarios perciben y responden a los dilemas relativos a la ejecución. La investigación se centra en la prestación LEAP dirigida a quienes proveen cuidados a los niños, que está condicionada a que estos asistan a la escuela, se sometan a exámenes médicos y se vacunen. Uno de los dilemas éticos es el relativo a si debe sancionarse el incumplimiento de las condiciones, puesto que ello podría empeorar la situación de pobreza de los cuidadores y los niños. También se plantean otros dilemas, en particular, si deben asignarse recursos administrativos para definir, supervisar, sancionar y excluir a los beneficiarios; cómo debe repartirse el gasto para ofrecer las prestaciones monetarias y garantizar unos servicios de salud y educación de calidad suficiente; la cuestión de si los fondos disponibles deben distribuirse a un gran número de beneficiarios, pero en cuantías más reducidas, a fin de incentivar a un gran número de cuidadores a que lleven a sus hijos a la escuela, o si deben concentrarse en un público más reducido para intensificar la ayuda a los más pobres; y la cuestión de si los fondos serían menores si la prestación mínima no fuera una transferencia monetaria condicionada. Se examina la probabilidad de que se planteen dilemas similares en otros países de ingresos bajos y medianos donde se proporcionan transferencias monetarias condicionadas similares, y se estudia si algunos de esos dilemas también están presentes en las prestaciones mínimas “en vigor” en los países de renta alta.
En muchos países europeos se da cada vez más importancia a las políticas de mercado de trabajo en las que los empleadores participan activamente en la reinserción de los desempleados. Estas políticas orientadas al empleador se centran en la demanda de fuerza de trabajo de las empresas y tratan de influir en su voluntad de contratar, formar y orientar a grupos de desempleados, a menudo desfavorecidos. Utilizando datos de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas en el marco de un programa destinado a empleadores de una ciudad sueca de tamaño medio, el presente artículo tiene como objetivo recoger información sobre cómo se utilizan estas políticas para alentar a los empleadores a contratar a trabajadores desempleados y sobre las diferencias entre los empleos creados en este contexto y los empleos ordinarios.. En el artículo se sostiene que la creación de puestos de trabajo mediante nuevos acuerdos que fomenten la división del empleo y que permitan liberar al personal de plantilla de las tareas no cualificadas, puede incitar a los empleadores a contratar a desempleados, si dichos acuerdos están relacionados con otras medidas. Por otra parte, el artículo también pone de manifiesto que esta nueva división del trabajo, en la que los participantes en el programa realizan principalmente tareas no cualificadas, es difícil de poner en práctica, ya que los nuevos empleados ejecutan cada vez más tareas ordinarias.
Los Estados Unidos se encuentran en una encrucijada en relación con las políticas en favor de la familia y las mujeres. Actualmente, los Estados Unidos otorgan a los hijos, los padres y las madres una ayuda básica en forma de licencia parental no remunerada, ventajas fiscales en relación con los hijos y un cuidado infantil público limitado. Por el contrario, los demás Estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) proporcionan más medios a las familias, al concederles licencias parentales remuneradas y al realizar inversiones integrales en los niños. Los beneficios que puede ofrecer el fortalecimiento de estas políticas en los Estados Unidos son considerables. Las licencias parentales pagadas y el cuidado de los hijos subvencionado, permiten a un número mayor de mujeres a conseguir trabajo y a conservarlo, contribuyen al crecimiento económico, otorgan a los hijos beneficios tanto en términos de salud como de conocimientos, y proporcionan opciones a los padres para definir su estrategia de vida profesional. No cabe duda de que los Estados Unidos se han quedado rezagados respecto del resto de países de la OCDE en lo referente a muchos indicadores sociales y económicos por no invertir adecuadamente en los hijos, los padres y las madres. Teniendo en cuenta las grandes ventajas que aportan estas ayudas familiares, el presente artículo se centra en las cuestiones relacionadas con la conciliación del trabajo y las responsabilidades de cuidado de las familias con hijos pequeños y, en particular, en las políticas en materia de permisos parentales remunerados en la OCDE y los Estados Unidos.
Si bien, se considera en general que la protección social tiene efectos positivos en los hijos, sobre todo en materia de alimentación, educación y salud, se sabe mucho menos acerca de los efectos que tiene en el cuidado de los mismos. En este artículo se analizan las repercusiones de un programa de transferencias monetarias sociales en favor de los hogares pobres de Ghana, denominado Mejora de los medios de subsistencia para luchar contra la pobreza (LEAP), en el bienestar de los hijos, la calidad del cuidado que se les presta y la forma en que se previene su separación de los padres. El artículo se basa en la opinión de personas que se benefician del programa y otras que no, en un contexto de vulnerabilidad y de familias numerosas, y en el que los hijos son a menudo acogidos por familiares. Las conclusiones del análisis indican que las prestaciones monetarias pueden mejorar los aspectos materiales y no materiales del bienestar de los hijos, así como la calidad de los cuidados que reciben, y que pueden evitar que se les separe de sus padres. Sin embargo, no todos los hijos se benefician por igual de estas prestaciones, ya que los hijos no biológicos están peor tratados. El gran tamaño de las familias, sumado a las deficiencias y los problemas de la puesta en marcha del programa, en particular la baja cuantía de las transferencias, el tope aplicado al número máximo de miembros del hogar que pueden percibir las prestaciones y la escasa sensibilización y seguimiento, menoscaban la función positiva que pueden desempeñar las transferencias monetarias.
Contextualizando la situación de los huérfanos en la región del África Meridional y basándose en la investigación cuantitativa y cualitativa, el presente artículo analiza las opciones de cuidados y las políticas de protección social para los huérfanos en Mozambique, focalizándose en los niños que se encuentran en los centros de apoyo a los huérfanos. En la búsqueda orientada a brindar nuevas perspectivas y una mayor comprensión de las experiencias de los niños que reciben cuidados y de la protección social de que éstos disponen, la investigación pone de relieve la mayor probabilidad de que los niños huérfanos que viven en instituciones informales de cuidados experimenten abusos, abandono y malos tratos respecto de aquellos que viven en instituciones de cuidados no gubernamentales. La investigación pone el acento en que se requiere una selección más cuidadosa de las familias adoptivas que acogen a los niños. Las recomendaciones incluyen la necesidad de centrarse en el desarrollo de capacidades y en unas reformas institucionales dirigidas a implementar políticas de protección social para los niños huérfanos, como parte de un piso de protección social general. La supervisión y la evaluación de las organizaciones que brindan cuidados a los niños huérfanos se consideran una prioridad.
Este artículo evalúa con qué eficiencia las pensiones y el seguro de enfermedad previenen los problemas de salud de las personas mayores en los países en desarrollo. Hasta hace poco los programas de protección social no prestaban la atención suficiente a la prevención de los riesgos de enfermedad y, en su lugar, se centraban en la reducción de la pobreza a través de transferencias monetarias. El artículo señala que existen pocas pruebas fiables de que el pago de pensiones a las personas mayores mejore su salud y que los responsables de políticas no deberían dar por sentados estos efectos. Más adelante aborda el efecto que ejerce la cobertura de los regímenes de seguro de enfermedad en la situación sanitaria de las personas mayores, con particular referencia a la hipertensión. A partir de datos de la Organización Mundial de la Salud recientemente disponibles sobre Ghana, México y Sudáfrica se desprende que las personas mayores con un seguro de enfermedad tienen probabilidades ligeramente superiores de estar al tanto de afecciones como la hipertensión y son más propensos a su tratamiento. No obstante, aseguradas o no, la gran mayoría de las personas mayores con hipertensión no se somete a un tratamiento eficaz. Las observaciones muestran que los principales obstáculos para el tratamiento tienen que ver con la conciencia que las personas puedan tener de su propio estado de salud junto con la accesibilidad al suministro de servicios y no tanto con cuestiones financieras. Por consiguiente, la capacidad de las pensiones o del seguro de enfermedad de mejorar la situación sanitaria de las personas mayores en dichos países, en particular en las zonas rurales, depende en gran parte de la educación sanitaria, de los exámenes médicos y de la prestación adecuada de servicios de salud. Estas medidas deben considerarse parte integrante —y no complementaria— de las estrategias corrientes de protección social. Sin embargo, en la práctica, la protección social y la promoción de la salud siguen tratándose como esferas casi totalmente separadas. Esto genera importantes barreras institucionales para el proyecto de medidas mixtas.
La mayor parte de los países tienen planes de pensiones separados para los empleados del sector público. La carga fiscal futura de estos planes puede ser importante, ya que el gobierno es, por lo general, el mayor empleador, los compromisos de pensiones en el sector público tienden a ser relativamente generosos y los pagos futuros proceden, de modo directo, de los ingresos estatales (según el método de reparto) o se realizan mediante planes por capitalización (fondos de pensiones) que tienden a estar insuficientemente financiados. La valoración y la publicación de información relativa a estos compromisos de pensiones son poco transparentes en algunos países, lo que puede ocultar enormes obligaciones fiscales que podrían pasar a generaciones futuras de trabajadores. Para poder realizar una comparación equitativa entre países en lo relativo a la carga fiscal de sus planes de pensiones del sector público, en este artículo se recomienda utilizar un procedimiento uniforme para valorar y publicar la información sobre las obligaciones de pensión no capitalizadas, que permita mejorar la transparencia y la formulación de las políticas. Se ha realizado una estimación del valor razonable neto de las obligaciones no capitalizadas a finales de 2008 en una muestra de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta carga fiscal también se puede interpretar como la deuda implícita de pensiones en términos de su valor razonable.
En el presente artículo se estudia una muestra de programas llevados a cabo por empleadores en el África subsahariana que complementan los esfuerzos del Gobierno para prevenir y tratar la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Algunos de estos programas proporcionan formación a los trabajadores en el marco de la empresa, pruebas voluntarias de detección del VIH y tratamiento antirretroviral. Otros utilizan nuevas formas de seguros de salud basados en el empleo, que incluyen un conjunto de medidas para el tratamiento del VIH. Además, algunas empresas utilizan el lugar de trabajo como plataforma desde la cual emprender actividades en comunidades vecinas para llegar a cónyuges, niños, trabajadores sexuales, estudiantes de educación secundaria y otros. Hay datos recientes que sugieren que los programas llevados a cabo por empleadores consiguen preservar la salud de una gran parte de los trabajadores con VIH a los que atienden. Además, permite a las empresas evitar las pérdidas de productividad y los costos de rotación del personal relacionados con el VIH. Al mismo tiempo, aligeran la carga que soportan los organismos gubernamentales que tienen que enfrentarse a una demanda de tratamiento que supera con mucho su capacidad. En el artículo se identifican algunas características de los programas de este tipo que han tenido éxito, como el atractivo de los modelos sociales, que moviliza a los líderes de la comunidad y a modelos a imitar para luchar contra la estigmatización, cambiar las percepciones y promover el cambio en las pautas de conducta, y la vinculación colateral, que aumenta el alcance de los programas de lucha contra el VIH en el lugar de trabajo y los relaciona con asuntos que preocupan a la comunidad: por ejemplo, el abuso de alcohol, la malaria y la violencia doméstica. Mirando al futuro, se evalúa la posibilidad de ampliar los programas llevados a cabo por empleadores, así como las limitaciones debidas a que el empleo en el sector formal supone un porcentaje pequeño en las economías del África subsahariana. También se sugieren algunas medidas con las que los gobiernos, las asociaciones de empleadores, los sindicatos y las organizaciones internacionales podrían fomentar el desarrollo de este tipo de programas y ampliar su alcance.