International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
En muchos países europeos se da cada vez más importancia a las políticas de mercado de trabajo en las que los empleadores participan activamente en la reinserción de los desempleados. Estas políticas orientadas al empleador se centran en la demanda de fuerza de trabajo de las empresas y tratan de influir en su voluntad de contratar, formar y orientar a grupos de desempleados, a menudo desfavorecidos. Utilizando datos de un estudio cualitativo basado en entrevistas realizadas en el marco de un programa destinado a empleadores de una ciudad sueca de tamaño medio, el presente artículo tiene como objetivo recoger información sobre cómo se utilizan estas políticas para alentar a los empleadores a contratar a trabajadores desempleados y sobre las diferencias entre los empleos creados en este contexto y los empleos ordinarios.. En el artículo se sostiene que la creación de puestos de trabajo mediante nuevos acuerdos que fomenten la división del empleo y que permitan liberar al personal de plantilla de las tareas no cualificadas, puede incitar a los empleadores a contratar a desempleados, si dichos acuerdos están relacionados con otras medidas. Por otra parte, el artículo también pone de manifiesto que esta nueva división del trabajo, en la que los participantes en el programa realizan principalmente tareas no cualificadas, es difícil de poner en práctica, ya que los nuevos empleados ejecutan cada vez más tareas ordinarias.
La prevención del riesgo de exclusión social se ha convertido en una cuestión fundamental en la Unión Europea (UE) debido a los recortes sociales que ha impuesto la explosión de la deuda de los Estados miembros. Esta cuestión se sitúa en la encrucijada entre las políticas de empleo y de formación y las reformas orientadas a adaptar los sistemas de protección social a la nueva realidad del contexto socioeconómico (envejecimiento de la población, inestabilidad familiar, desempleo masivo, precariedad del empleo, pobreza en el trabajo y desigualdades sociales persistentes y crecientes). En el presente artículo se pretende mostrar que la promoción de la protección social dentro de un enfoque de inversión social representa un modo excelente de conciliar los objetivos de igualdad de oportunidades a lo largo del ciclo de vida, de rendimiento económico sostenible (mejora de la competitividad estructural) y de aumento de la cohesión social en favor del bienestar colectivo. En el presente artículo se atribuye especial atención a la necesidad de promover el derecho universal e individual a la movilidad y a la formación durante toda la vida. Estos derechos constituirían nuevas garantías sociales, que compensarían las exigencias relacionadas con la flexibilidad del mercado de trabajo. Se destaca también la importancia de incorporar estos derechos en toda la UE con un nivel mínimo de protección social ampliado. De este modo, se podría proporcionar una protección permanente contra el riesgo de exclusión en la UE, favorecer la integración económica y social que se pretende lograr mediante la Estrategia de Lisboa revisada (2003‐2005) y aumentar la confianza y la esperanza de los ciudadanos europeos.
Los consistentes programas de seguridad social que promueven la seguridad colectiva y personal pueden realizar una importante contribución a la prevención de la inseguridad social porque actúan como estabilizadores automáticos integrados y aportan beneficios sociales, políticos y económicos a toda la sociedad. Por el contrario, los sistemas frágiles ejercen un efecto desestabilizador que reduce su eficacia preventiva. Las distintas contribuciones de los sistemas de seguridad social a la prevención de la inseguridad social y económica han perdido intensidad en muchos países. Los motivos del relativo descuido de la prevención se consideran junto a los cambios que han debilitado los elementos de prevención del sistema. El contexto estructural en el que deben operar las políticas de seguridad social, en particular la calidad y la cantidad del empleo, así como la interacción con otros programas públicos, obviamente, ejerce grandes repercusiones en su capacidad de prevención. Los regímenes aún pueden alcanzar muchos logros si prestan más atención a los elementos necesarios para prevenir la inseguridad. Se presentan proposiciones para reforzar la prevención dentro de los programas de seguridad social a fin de promover un debate más amplio de estas cuestiones para que la prevención se considere nuevamente un objetivo central.
La mayor parte de los países tienen planes de pensiones separados para los empleados del sector público. La carga fiscal futura de estos planes puede ser importante, ya que el gobierno es, por lo general, el mayor empleador, los compromisos de pensiones en el sector público tienden a ser relativamente generosos y los pagos futuros proceden, de modo directo, de los ingresos estatales (según el método de reparto) o se realizan mediante planes por capitalización (fondos de pensiones) que tienden a estar insuficientemente financiados. La valoración y la publicación de información relativa a estos compromisos de pensiones son poco transparentes en algunos países, lo que puede ocultar enormes obligaciones fiscales que podrían pasar a generaciones futuras de trabajadores. Para poder realizar una comparación equitativa entre países en lo relativo a la carga fiscal de sus planes de pensiones del sector público, en este artículo se recomienda utilizar un procedimiento uniforme para valorar y publicar la información sobre las obligaciones de pensión no capitalizadas, que permita mejorar la transparencia y la formulación de las políticas. Se ha realizado una estimación del valor razonable neto de las obligaciones no capitalizadas a finales de 2008 en una muestra de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta carga fiscal también se puede interpretar como la deuda implícita de pensiones en términos de su valor razonable.
Los gobiernos de muchos países están redefiniendo sus políticas y estrategias con miras a atender las profundas y crecientes necesidades de sus ciudadanos. Puesto que la eficacia de las nuevas políticas y estrategias depende exclusivamente de su aplicación, una buena gobernanza en la administración de la seguridad social es indispensable para alcanzar los resultados apetecidos. El artículo se centra en la práctica de una buena gobernanza en dos esferas de autoridad: a) la institución de la seguridad social, y b) el gobierno nacional. Con respecto a la institución de la seguridad social, estudiamos un marco genérico de gobernanza destinado a ofrecer un panorama general de los aspectos que intervienen en la aplicación de un programa de la seguridad social. El estudio se amplía hasta la esfera nacional con la finalidad de centrarse en la gobernanza de un sistema de la seguridad social. Desde este punto de vista, el presente artículo pone de relieve el papel fundamental que desempeñan los gobiernos en cuanto a la fijación de los objetivos generales del régimen de la seguridad social del país. Aboga por la designación de una autoridad nacional en materia de seguridad social que garantice la coherencia en la aplicación y el desarrollo de los diversos programas que comprende dicho régimen. Conviene llegar a una mayor sincronización entre la política de la seguridad social y las políticas de empleo y del mercado del trabajo con la que se estimule la sinergia y la eficacia de ambas en aras de facilitar el acceso a las oportunidades de trabajo en los diversos sectores de la economía formal, que es un factor clave para atajar la pobreza, poner freno a la exclusión social y favorecer un mayor acceso de las personas sin recursos a formas más integrales de protección social. La buena gobernanza garantizará mejor la contribución sostenible y duradera de la seguridad social al crecimiento y el desarrollo económicos.