International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
Uno de los mecanismos para incidir en la redistribución de los ingresos mediante un sistema de pensiones consiste en incorporar un régimen de financiación no contributivo. En este estudio, en el que se emplean herramientas de modelización matemática, se comparan dos regímenes para la financiación del sistema de pensiones de la Argentina, que se plantearon tras un ejercicio de optimización. Uno de los regímenes incorpora la financiación con cargo a los impuestos y el otro no. Se llega a la conclusión de que el primer régimen es preferible desde el punto de vista de la igualdad y proporciona mayor estabilidad ante los cambios en la tasa de inversión y frente al parámetro de aversión a la desigualdad. El empleo de herramientas de modelización matemática por parte de los responsables de la formulación de políticas, con acceso a datos suficientes y de calidad, permitiría evaluar con fiabilidad en qué medida una reforma paramétrica podría (o no) contribuir a mejorar la distribución de los ingresos.
El Gobierno Real de Camboya estableció recientemente su marco de Política Nacional de Protección Social para fortalecer y extender la seguridad y la asistencia social. Para fundamentar la política de protección social de la salud, se examinan datos provenientes de encuestas socioeconómicas y datos de cobertura administrativa para evaluar el potencial de cobertura de los mecanismos existentes y las brechas actuales, y se comparan tasas de cotización equitativas. En la actualidad, más del 53 por ciento de la población no dispone de ninguna cobertura de protección social de la salud y alrededor del 16 por ciento de la población que tendría acceso a algún tipo de cobertura aún no está afiliada. La labor encaminada a extender la cobertura se centra actualmente en el régimen formal para empleados, que beneficia principalmente a las personas de los hogares de ingresos más altos. Además, la reciente extensión de la cobertura a algunos trabajadores informales ha generado brechas significativas, en particular en el sector informal. Se observa que los gastos directos en atención de salud representan una proporción demasiado alta de los ingresos de las personas de los quintiles inferiores de riqueza, lo que lleva a la conclusión de que estas personas son vulnerables desde el punto de vista financiero. Por último, se demuestra que un enfoque equitativo de las cotizaciones mensuales individuales de atención de salud en los tres quintiles inferiores tiene un potencial de generación de ingresos muy limitado y los costos de recaudación pueden exceder los montos recaudados. Por lo tanto, se recomienda que, a medida que se amplíe la protección social de la salud, se exima a los grupos vulnerables del pago de cotizaciones.
El Gobierno de Camboya ha puesto en marcha iniciativas de reforma ambiciosas para mejorar su sistema de protección social de la salud. En enero de 2018, anunció que el Fondo de Equidad Sanitaria (Health Equity Fund – HEF), financiado conjuntamente por el Gobierno y los donantes para garantizar el copago de los servicios de salud pública de la población pobre, se ampliaría a determinados grupos de trabajadores informales miembros de asociaciones, así como a los jefes de municipios y aldeas. Desde 2017, la Caja Nacional de Seguridad Social de Camboya, ofrece un seguro social de salud a los trabajadores de la economía formal de las empresas que cuentan con ocho o más empleados. En enero de 2018, este seguro se extendió a los funcionarios públicos y al conjunto de los empleados, con independencia del tamaño de la empresa. Sin embargo, en el artículo se destaca que esta ambiciosa reforma no está acompañada de una planificación rigurosa en términos de la financiación, la prestación de servicios, los recursos humanos y las características institucionales. El objetivo de este artículo es, por lo tanto, analizar los principales desafíos y problemas que Camboya debe afrontar en lo que respecta a la generación de recursos, la cobertura de la población, la estrategia de adquisiciones y la gobernanza para llevar a cabo la ambiciosa reforma de su sistema de protección social de la salud.
Los procesos de elaboración y puesta en práctica de políticas públicas en la región de Oriente Medio y Norte de África no se han estudiado suficientemente. Este artículo presenta un estudio de caso sobre la reforma de las políticas públicas para extender la cobertura del seguro de salud en Egipto. Se basa en un análisis temático de estudios (examinados por homólogos o no) y artículos publicados en la prensa escrita entre 2005 y 2015, particularmente en el período 2005-2011. El análisis pone de manifiesto que las iniciativas de reforma fracasaron durante gran parte de este período debido a desacuerdos fundamentales entre los principales actores sobre los objetivos, las propuestas y el proceso político para introducir el cambio. El éxito de las reformas previstas en Egipto puede depender de la importancia que se conceda a las diferentes agendas de estos actores y de la evolución de sus relaciones de poder, en particular si se tienen en cuenta los profundos problemas políticos, sociales y económicos a los que se enfrenta el sistema de salud del país.
Los sistemas de seguridad social, como parte de la labor internacional realizada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) encaminada a ampliar la cobertura de una seguridad social sostenible y adecuada, intentan cada vez más ofrecer respuestas políticas integradas que satisfagan las distintas necesidades de la población a lo largo del ciclo de vida. Para lograr estos objetivos a escala mundial, no solo se debe volver a evaluar el diseño y los objetivos de los regímenes de seguridad social, sino que es necesaria una inversión importante en personal de salud. Sin embargo, se plantea el importante desafío del desajuste, actual y estimado, entre la oferta, la demanda y la necesidad de personal de salud a nivel mundial. Se debe centrar la atención en una serie de cuestiones fundamentales: la necesidad de una inversión mayor y mejor en personal de salud; el reconocimiento de la falta de igualdad de género entre el personal de salud y de la importancia de las políticas que reconocen, valoran y retribuyen de manera apropiada el trabajo de las mujeres en el ámbito de la salud; y que para permitir los cambios necesarios son imprescindibles una voluntad política al más alto nivel y una acción coordinada entre los distintos sectores.
En este artículo se analizan los proceso de reforma de los sistemas de atención de salud en Europa en base al concepto de privatización. Esta noción se entiende desde dos perspectivas. En primer lugar, la privatización puede hacer referencia a la financiación de la atención de salud o a la prestación de servicios de salud. En segundo lugar, la privatización puede “imponerse” a las personas, o “internalizarse” y ser introducida entonces por las personas (pacientes y médicos). Por lo tanto, se pone énfasis en la diversidad que la privatización puede adoptar. Se clasifican los mecanismos de privatización utilizados por diferentes países y se identifican entre las perspectivas presentadas las más comunes en 14 países de la Unión Europea desde la década de 1980. En el artículo se muestra que aun cuando los procesos de privatización estén generalizados, estos adoptan diferentes modelos en cada país.
Mongolia alcanzó con relativa rapidez una amplia cobertura de la población mediante el seguro de salud obligatorio. Los responsables de las políticas y las instancias decisorias consideraron este hecho una cuestión central de las reformas de la financiación del sistema de salud en Mongolia. El seguro de salud aportó muchas novedades en el ámbito de la planificación, la prestación, la financiación y la gestión de los recursos del servicio de salud. Teniendo en cuenta los logros iniciales, el seguro de salud se consideró, desde el punto de vista estratégico, el vehículo para conseguir la cobertura universal. En el artículo se analiza la evolución del seguro de salud de Mongolia en el último decenio, así como las principales dimensiones políticas de la cobertura universal de salud. Además, se examinan diversos enfoques de la reforma, las numerosas enmiendas a las leyes que se han llevado a cabo durante este período y nuevas oportunidades y retos. El examen analítico y las conclusiones alcanzadas indican que Mongolia necesita decisiones políticas basadas en datos y un apoyo político bien fundamentado, con un seguro de salud respaldado por una sólida capacidad institucional y administrativa. Desde un punto de vista más general, en el artículo también se subraya que las metas y los objetivos de las políticas de salud deben lograrse mediante el fortalecimiento de todas las funciones y mecanismos de financiación del sistema de salud, velando por su transparencia y respetando el principio de responsabilidad para con el público. El análisis político, las experiencias, las enseñanzas y las estrategias que se presentan en relación con Mongolia pretenden estimular debates más amplios sobre el desarrollo del seguro de salud y promover la investigación continua centrada en aspectos específicos de la reforma del seguro de salud y de la financiación pública.
A pesar de los avances en la ampliación de la cobertura de la protección social de salud, la mayoría de los países de bajos ingresos aún están lejos de alcanzar la cobertura universal de salud, por lo que es casi seguro que no se cumplan los objetivos clave relacionados con las mejoras de salud, como los fijados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los principales afectados son las poblaciones más vulnerables: los pobres de las zonas urbanas y rurales y los trabajadores de la economía informal y sus familias. Lo más preocupante es que los avances podrían no sólo limitarse sino incluso invertirse si las políticas continúan sin abordar las causas fundamentales de las deficiencias y los déficit de la cobertura de salud. En este artículo se proporcionan pruebas de que dichas causas se hallan tanto dentro como fuera del sector de salud y están estrechamente relacionadas con la pobreza y otras formas de vulnerabilidad. Se argumenta que la única manera de lograr un progreso sostenible hacia la cobertura universal de salud en un plazo de tiempo adecuado es centrarse, de modo simultáneo, en: a) extender la cobertura de salud y mejorar el acceso a la atención médica necesaria; b) proporcionar seguridad de ingresos mediante ayudas a las personas necesitadas; c) abordar las limitaciones o la imposibilidad de participar en la generación de ingresos procedentes del trabajo, y d) aplicar políticas coherentes dentro y entre los sectores sociales, económicos y de salud que establezcan prioridades en la disminución de la pobreza. Dichas políticas pueden aplicarse mejor en el contexto de los pisos de protección social (PPS) nacionales que se centran en el acceso como mínimo a la asistencia médica básica y en proporcionar, al menos, la seguridad básica del ingreso durante el ciclo de vida a todas las personas necesitadas. La aplicación de los PPS puede romper los vínculos mutuos entre la mala salud, la pobreza y otras vulnerabilidades y lograr un progreso sostenible hacia la cobertura universal de salud y otros objetivos de protección social.
Los cimientos del sistema de seguridad social de Suiza se remontan a 1890 cuando se aprobó por referendo la inclusión de un artículo en la Constitución federal que encargaba al ejecutivo la tarea de crear un plan de seguros de enfermedad y accidente. Actualmente, al igual que en otros países europeos, el sistema de la seguridad social local enfrenta dificultades debido a los crecientes costes del sistema sanitario y a los cambios demográficos, que son una carga cada vez mayor tanto para las economías privadas como para las finanzas públicas. El sistema suizo se distingue de los de sus vecinos europeos en el modo de buscar soluciones políticas para afrontar dichas dificultades debido a una larga tradición en la toma de decisiones basada en la democracia directa: a través de los referendos, los ciudadanos son directamente responsables del desarrollo del sistema nacional de seguridad social. Este rasgo único de esta democracia hace que no sólo los suizos estén más dispuestos a aceptar y a identificarse con su sistema de seguridad social, sino que ofrece una saludable base democrática sobre la que construir el consenso para enfrentarse a los retos que ésta tiene por delante.
En el presente artículo se analiza la relación entre la ratificación de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la provisión de prestaciones por desempleo. Las pruebas estadísticas se centran en dos cuestiones relacionadas entre sí: por qué los países ratifican los Convenios de la OIT sobre las prestaciones por desempleo y si la ratificación afecta o no al gasto de los gobiernos en prestaciones por desempleo. Las conclusiones principales son que la democracia, la región, los ingresos y la globalización son los factores que más influyen en por qué los países ratifican los Convenios de la OIT sobre las prestaciones por desempleo. A su vez, la ratificación de los Convenios de la OIT va sistemáticamente acompañada de mayor gasto cuando los países han ratificado más de dos Convenios.
Al observar la convergencia de las políticas y la difusión transnacional de ideas, conocimientos y políticas, se suscitó la cuestión de cómo los países podían aprender unos de otros. Este artículo estudia el papel del aprendizaje transnacional respecto a los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD). Repasamos la generalización de este instrumento político y analizamos la implementación de los GRD en tres países que los han adoptado tardíamente: Alemania, Suiza y los Países Bajos. Los tres casos demuestran que la implementación de este instrumento político exige estudios intensos, cooperación con grupos interesados y ajuste a las necesidades específicas del país. Los países aprendieron de las experiencias ajenas, pero sólo la introducción de un marco reglamentario para la competencia entre las cajas del seguro de enfermedad consiguió que las GRD llegasen a constar en la agenda política. Mientras que Alemania y Suiza hicieron uso de modelos de GRD extranjeros, los Países Bajos desarrollaron un sistema alternativo para clasificar los pacientes según la casuística.
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de quienes no cuentan con una cobertura adecuada de protección social, tanto en países desarrollados como en desarrollo, y ha exacerbado la fragilidad de un contrato social que ya estaba debilitado en muchos países. Un contrato social débil, en el contexto de una crisis excepcional, plantea un verdadero riesgo para la cohesión social. Sin embargo, muchos Estados se han reafirmado como garantes de los derechos al proteger los ingresos y la salud pública. El mantenimiento de estas medidas propiciará la recuperación económica, que, a su vez, ayudará a minimizar los riesgos de debilitamiento de la cohesión social. Sin embargo, esta crisis avanza rápidamente, es intrínsecamente inestable y será larga. La protección social se encuentra en un punto de inflexión. Serán necesarias medidas de política decisivas para fortalecer los sistemas de protección social, incluidos los pisos de protección social, que constituyen una de las piedras angulares de un contrato social revitalizado.