International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
Uno de los mecanismos para incidir en la redistribución de los ingresos mediante un sistema de pensiones consiste en incorporar un régimen de financiación no contributivo. En este estudio, en el que se emplean herramientas de modelización matemática, se comparan dos regímenes para la financiación del sistema de pensiones de la Argentina, que se plantearon tras un ejercicio de optimización. Uno de los regímenes incorpora la financiación con cargo a los impuestos y el otro no. Se llega a la conclusión de que el primer régimen es preferible desde el punto de vista de la igualdad y proporciona mayor estabilidad ante los cambios en la tasa de inversión y frente al parámetro de aversión a la desigualdad. El empleo de herramientas de modelización matemática por parte de los responsables de la formulación de políticas, con acceso a datos suficientes y de calidad, permitiría evaluar con fiabilidad en qué medida una reforma paramétrica podría (o no) contribuir a mejorar la distribución de los ingresos.
En este artículo estudiamos la relación entre el gasto social y la pobreza, la desigualdad de ingresos y el crecimiento del PIB. Nuestro principal objetivo es desentrañar estas relaciones en los siguientes regímenes sociales: 1) vejez y sobrevivientes; 2) discapacidad; 3) salud; 4) familia; 5) desempleo y políticas activas del mercado de trabajo; 6)vivienda y otros. A tal efecto, aplicamos modelos de regresión OLS y 2SLS utilizando una serie de datos de panel de 22 Estados miembros de la Unión Europea desde 1990 hasta 2015. Concluimos que el gasto social público total es inversamente proporcional a la pobreza y la desigualdad, pero no al crecimiento del PIB. Los resultados varían sustancialmente entre los diferentes regímenes sociales, lo que permite establecer objetivos de modo más preciso.
En la mayor parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la diferencia de ingresos entre ricos y pobres ha aumentado durante los últimos decenios. En este artículo se analiza en qué medida los impuestos sobre la renta y las transferencias sociales han contribuido a esta tendencia. ¿Ha cambiado con el tiempo el efecto redistributivo de los diferentes programas sociales? Se han utilizado microdatos publicados por el LIS Cross National Data Center (Centro de Datos Transnacional LIS) en Luxemburgo para el período 1982-2014 y se ha estudiado la población total y la población en edad de trabajar. A diferencia de los resultados obtenidos por otros estudios, realizados en particular por la OCDE, no se ha llegado a la conclusión de que la redistribución haya disminuido. Los sistemas fiscales y de prestaciones de alrededor de 2013 lograban reducir de forma más eficaz la desigualdad de ingresos que los sistemas de mediados de los decenios de 1980 y 1990, especialmente en lo que respecta a la población total. Los cambios en los programas sociales no impulsan el aumento de la desigualdad de ingresos en los países objeto de este estudio.
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Si bien la redistribución es consecuencia del efecto simultáneo de los impuestos y las transferencias, sus efectos distributivos en los países de bajos ingresos se han analizado en la mayor parte de los casos por separado. En este artículo se evalúa conjuntamente el efecto distributivo de los impuestos y las transferencias (mediante la protección social), para lo que se utiliza el estudio de caso de Etiopía. Se observa que el programa emblemático de protección social de Etiopía es más eficaz que el impuesto sobre la renta para reducir la pobreza, si bien ninguna de las medidas consigue reducir de manera significativa la desigualdad global. Se advierte asimismo que, actualmente, Etiopía no tiene capacidad para colmar la brecha de la pobreza y que sus ingresos nacionales no son suficientes para financiar plenamente su principal programa de red de protección.
El objetivo de este artículo es determinar, a partir de un modelo de generaciones superpuestas (OLG) de dos períodos, el instrumento de política para la redistribución óptima en términos de bienestar agregado cuando los agentes difieren en función de su situación laboral. Se utilizan cinco características relativas a las políticas: (i) redistribución temprana a la generación joven del sector informal; (ii) redistribución tardía a la generación de edad avanzada del sector informal; (iii) combinación de las redistribuciones temprana y tardía; (iv) redistribución de la actual generación joven del sector formal a la actual generación de edad avanzada del sector formal; y (v) escenario de no redistribución. Se muestra cómo, cuando la oferta de mano de obra es inelástica, la transferencia a los jóvenes es la política de redistribución que mejor funciona. Este resultado es sólido y se mantiene entre los diferentes valores de los parámetros.
La crisis económica mundial ha vuelto a despertar el interés por la política social y el gasto público en los diferentes tipos de prestaciones sociales. A menudo, se utiliza el porcentaje del gasto social público respecto del producto interno bruto (PIB) para evaluar la importancia de los sistemas de protección social desde el punto de vista internacional, pero este tipo de comparaciones, realizadas de forma aislada, dan una imagen incompleta de los esfuerzos realizados por los países en relación con las cuestiones sociales. En el artículo se abordan estos diferentes factores antes de analizar el carácter redistributivo de los sistemas fiscales y de prestaciones de los diferentes países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Se analizan también las tendencias del gasto social y se compara el gasto a finales de 2000 con el de principios del decenio de 1990, cuando se produjo la crisis económica anterior. El artículo finaliza ilustrando el profundo efecto que la reciente crisis económica mundial tuvo en las tendencias del gasto social en los países de la OCDE.
Mediante un inventario de las transferencias locales o no obligatorias proporcionadas en trece pueblos y ciudades francesas, en el presente artículo se ponen en consideración, ante todo, las ventajas que supone reintegrarse a trabajar para los beneficiarios de las prestaciones nacionales, obligatorias y sujetas a la verificación de recursos del ingreso mínimo de inserción (RMI), y del subsidio por progenitor único (API) por tipo de hogar y según datos anteriores a 2009. Las reformas de las prestaciones nacionales obligatorias llevadas a cabo durante la primera década del siglo xxi, en particular, las que afectaron a la bonificación fiscal por empleo (PPE), no lograron asegurar que los beneficiarios de las prestaciones sujetas a la verificación de recursos siempre obtuvieran una mejora económica al reintegrarse a trabajar. En la mayor parte de las localidades y para casi todos los tipos de hogares, aceptar un empleo a tiempo parcial remunerado con el salario mínimo representaba una pérdida de ingresos respecto a los que se hubieran obtenido de seguir acogiéndose a la protección social, y un empleo a tiempo completo no siempre resultaba rentable. Los efectos de las reformas fueron contrarrestados por los efectos de otras medidas, como la concesión generalizada de subsidios de movilidad por parte de los consejos regionales, el desarrollo de tarifas sociales para el teléfono y el servicio público de electricidad y la exención del canon de televisión. A continuación, se simulan los efectos de la introducción del ingreso de solidaridad activa (RSA), que sustituyó al RMI en 2009, y se analiza la forma en que se modificaron las transferencias locales o no obligatorias tras el aumento de las transferencias nacionales obligatorias. Se observa que el RSA elimina los desincentivos económicos de la reintegración al trabajo en lo que respecta a casi todas las localidades y tipos de hogares. En el presente artículo se demuestra que la tasa marginal de imposición del 38 por ciento adoptada por el Gobierno está muy cerca del límite superior compatible con el incentivo de la reintegración al trabajo.
El propósito del presente artículo es ofrecer información detallada sobre la repercusión redistributiva que tendrán los impuestos y los programas de transferencias sociales en veintiocho países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para lo que se utilizan datos informatizados extraídos de la base de microdatos del Luxembourg Income Study (LIS). Se aprecia que, por término medio, la protección social reduce la desigualdad un 35 por ciento. La repercusión de las prestaciones sociales en la redistribución es mayor que la de los impuestos. En lo que respecta a los programas sociales las pensiones públicas presentan la mayor reducción de la desigualdad de ingresos, aunque el modelo varía entre países. En menor medida, la asistencia social y las prestaciones familiares y de invalidez también contribuyen a que las disparidades entre ingresos sean menores.
En este artículo se analizan los desafíos que afronta el Nuevo Sistema del Fondo de Pensiones de la Función Pública en Taiwán, China. Menos de dos décadas después de su puesta en marcha, este nuevo sistema afronta desajustes financieros y es objeto de polémica por la generosidad de las disposiciones que regulan sus prestaciones. En primer lugar, el artículo presenta los diferentes sistemas de seguridad en la vejez existentes en Taiwán y se centra en los trabajadores de la función pública en general. A continuación, el artículo examina los desafíos financieros que afronta el sistema general de pensiones del sector público, incluido el aumento del coste de sus prestaciones para todos los contribuyentes. Por último, el artículo propone una serie de posibles orientaciones que el sistema general del sector público debería considerar al acometer las reformas, entre otras, la reducción del importe de las prestaciones, criterios más restrictivos de elegibilidad o el establecimiento de un nuevo sistema. En este último caso, toda propuesta de un nuevo sistema debe aspirar a realizar el objetivo de lograr solidez financiera a largo plazo y simultáneamente garantizar una ecuanimidad óptima entre todas las partes implicadas, incluidos los contribuyentes.
Una de las funciones de muchos sistemas nacionales de protección social consiste en redistribuir sustancialmente la renta. Sin embargo, la envergadura y las características de los programas de protección social están cambiando. En cierto número de países, se ha producido un cambio hacia regímenes privados de protección social, destinados a sustituir o complementar programas públicos. Basado en el desarrollo de un trabajo anterior, el presente artículo analiza el impacto redistributivo que han tenido sobre la renta los programas públicos de protección social en comparación con los privados. Utilizando datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, hallamos una consistente relación positiva entre los gastos sociales públicos y la redistribución de la renta entre países. En lo que a gastos sociales privados se refiere, hallamos una relación negativa débil, aunque estadísticamente significativa, con el nivel de redistribución. En países donde se ha convenido una cuota mayor de gasto social total para los regímenes privados, se produce una redistribuciónmenor de la renta. Hemos concluido que la elección entre el peso relativo de la provisión pública de protección social y el de la privada afecta el impacto redistributivo del Estado de bienestar.