International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
Sobre la base de los datos comunicados por las autoridades de supervisión de las pensiones, en este artículo se examinan las tarifas y las tasas de cotización de 85 regímenes de pensiones de 44 jurisdicciones diferentes, así como sus umbrales legales y su evolución desde 2014. Un dato notable es la disminución de las tasas y de los umbrales. En el artículo se presentan las jurisdicciones por grupos de países que presentan aspectos idénticos o muy similares cubiertos por las tasas de cotización, y se analiza en qué medida los diversos gastos facturados y los costos están cubiertos por las tasas de cotización exigidas a los miembros. Por último, se calculan las tarifas de cada grupo para cuantificar la incidencia de las tasas y las tarifas en los ahorros de pensión. Los regímenes de pensiones profesionales de cotización definida y los planes personales vinculados al empleo tienden a ser mucho más rentables que los regímenes personales sin vínculo directo con el trabajo.
El artículo describe el papel del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSASB), en el establecimiento de normas contables para el sector público y el debido proceso aplicado a tal efecto. El artículo explica el alcance del proyecto actual del IPSASB sobre prestaciones sociales y cómo se compara con el alcance de las prestaciones sociales en las estadísticas de finanzas públicas o en el sistema de cuentas nacionales y los proyectos de prestaciones sociales anteriores al IPSASB. Su alcance va más allá de las pensiones y de la seguridad social ya que también incluye a la asistencia social. Se examinan los principios de contabilidad subyacentes al proyecto actual del IPSASB, que incluyen la definición de pasivo del IPSASB y el papel decisivo que desempeña un "evento pasado" en la definición, y se comparan con algunos enfoques actuariales. A continuación, el artículo describe los eventos pasados potenciales que el IPSASB ha considerado hasta la fecha en el proyecto, y la incidencia que tendrían los pasivos de estos eventos pasados en los estados financieros. Esta comparación hace referencia a las pensiones, en las que la incidencia financiera de diferentes eventos pasados será la más importante. El artículo describe las propuestas del IPSASB en su reciente Proyecto de Norma ED 63, Prestaciones Sociales, y examina la opinión divergente de tres miembros en lo relativo al reconocimiento y la evaluación. El artículo concluye con un análisis de la orientación actual de las Directrices de Práctica Recomendada 1 del IPSASB, Información sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de una entidad, y señala que el IPSASB busca opiniones sobre si cabe seguir trabajando en este ámbito.
Este artículo se basa en el documento de principios del Comité de Seguridad Social de la Asociación Actuarial Internacional (IAA) y contiene comentarios sobre las obligaciones de evaluación y comunicación de los sistemas de jubilación de la seguridad social, así como propuestas de los requisitos de divulgación apropiados, para que las organizaciones nacionales e internacionales las consideren al elaborar normas de divulgación de información sobre los sistemas de jubilación. El artículo argumenta que el método para evaluar y comunicar las obligaciones debe estar en consonancia con el método de financiación de los sistemas de jubilación. En particular, los sistemas de jubilación financiados por el reparto o por la capitalización parcial, deben aplicar un método de grupo abierto para evaluar y comunicar las obligaciones actuariales. Sólo los sistemas de jubilación que aspiran a una capitalización plena deben recurrir a un método de grupo cerrado ya que no son análogos a los grandes planes de pensiones del sector privado. En la mayoría de los sistemas de jubilación financiados por el reparto y por la capitalización parcial, la contabilización de las obligaciones sobre una base de grupo cerrado denotaría enormes pasivos actuariales no capitalizados que el público general podría no entender y que lo incitaría equívocamente a pasar a sistemas de capitalización plena. Las metodologías utilizadas para la elaboración de informes contables y/o estadísticos deberían permitir la evaluación precisa de la sostenibilidad financiera a largo plazo de cualquier sistema de jubilación sin sesgos a favor o en contra de un enfoque de financiación particular. El artículo expresa una preferencia por la evaluación de la sostenibilidad de un sistema de jubilación, más que por la evaluación de su nivel de financiación. Un sistema de jubilación financiado por la capitalización plena en la actualidad puede no ser sostenible, mientras que un sistema financiado en su totalidad por el reparto puede ser sostenible. Cuando exista el requisito de divulgar obligaciones sobre una base de grupo cerrado, la información deberá completarse con un análisis de grupo abierto, conciliaciones y explicaciones apropiadas (es decir, un enfoque de divulgación múltiple).
Este artículo analiza la naturaleza de las políticas de activación innovadoras orientadas al empleador cuyo objetivo es influir en la voluntad de los empleadores de contratar o de formar y orientar a los desempleados. Estas políticas pueden centrarse en las responsabilidades en materia de activación que ofrecen servicios a los empleadores u ofrecen incentivos para incidir en la participación de los empleadores. Los empleadores pueden asumir un papel de clientes o coproductores durante la implementación de las políticas. Los datos empíricos cualitativos de dos ciudades neerlandesas indican que existen varios motivos para que los empleadores participen: contratar a nuevos trabajadores, reducir los costos o ejercer su responsabilidad social. La práctica arroja resultados contradictorios en lo relativo a la participación en el mercado laboral y a la satisfacción del empleador. Se observa que la participación activa de los empleadores en calidad de coproductores aumenta la flexibilidad de sus demandas y resulta en una mayor satisfacción con los resultados. Se están debatiendo las consecuencias de este modelo para la gobernanza de las políticas de activación.
Como parte de su estrategia relativa a la unión económica y fiscal, los gobiernos europeos se comprometieron a mantener una disciplina fiscal, sobre todo mediante el establecimiento de límites a los déficit anuales y a la deuda pública. Posteriormente, cuando trataron de responder a la crisis actual, convinieron en que para lograr una recuperación sostenible era necesario mantener las finanzas públicas bajo control. Se mejoraron las normas relativas a la gestión fiscal. Para poder aplicar estas normas, los gobiernos de numerosos Estados miembros de la Unión Europea aportaron cambios a sus regímenes de pensión o a los fondos que habían establecido específicamente para sufragar los costos del envejecimiento de la población. El propósito no era recortar las prestaciones de jubilación o mejorar la eficacia de los regímenes de pensiones e instituciones pertinentes, sino liberar recursos de forma inmediata. Los regímenes de pensión capitalizados y los fondos de jubilaciones se trataron como «fondos acumulados» que se utilizaban en momentos difíciles. Además, las políticas adoptadas lograron cumplir sus objetivos tan sólo porque el sistema de cuentas nacionales, a partir del cual se valoran los resultados, no reconoce el modo en que la mayor parte de los ingresos fiscales se comparan por medio de futuras obligaciones fiscales.
Este artículo analiza la influencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre otras organizaciones y organismos internacionales que condujo a la aprobación del concepto de piso de protección social (PPS). En 2012 dicho concepto había sido aprobado por las Naciones Unidas como la Iniciativa PPS de la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial en su nueva Estrategia en materia de protección social y trabajo, y por el Grupo de los Veinte (G‐20) en la Cumbre de Cannes. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había acordado trabajar con la OIT para explorar las opciones de crear un espacio fiscal en los países para financiar los PPS. Los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también habían solicitado en 2012 la creación de un fondo mundial para la protección social que permitiera a los países más pobres desarrollar sus pisos. En 2012 se creó una nueva autoridad de coordinación, la Junta interinstitucional de cooperación en materia de protección social (SPIAC‐B), para facilitar la cooperación entre organismos. Este artículo describe y explica cómo llegaron a producirse estos acontecimientos. Se pregunta si la realidad de una mayor cooperación en la gobernanza social mundial en el ámbito de la protección social es tan efectiva como parece o si hay nuevas contradicciones, mandatos que se superponen y compiten y desacuerdos en políticas a escala mundial.
Mediante un inventario de las transferencias locales o no obligatorias proporcionadas en trece pueblos y ciudades francesas, en el presente artículo se ponen en consideración, ante todo, las ventajas que supone reintegrarse a trabajar para los beneficiarios de las prestaciones nacionales, obligatorias y sujetas a la verificación de recursos del ingreso mínimo de inserción (RMI), y del subsidio por progenitor único (API) por tipo de hogar y según datos anteriores a 2009. Las reformas de las prestaciones nacionales obligatorias llevadas a cabo durante la primera década del siglo xxi, en particular, las que afectaron a la bonificación fiscal por empleo (PPE), no lograron asegurar que los beneficiarios de las prestaciones sujetas a la verificación de recursos siempre obtuvieran una mejora económica al reintegrarse a trabajar. En la mayor parte de las localidades y para casi todos los tipos de hogares, aceptar un empleo a tiempo parcial remunerado con el salario mínimo representaba una pérdida de ingresos respecto a los que se hubieran obtenido de seguir acogiéndose a la protección social, y un empleo a tiempo completo no siempre resultaba rentable. Los efectos de las reformas fueron contrarrestados por los efectos de otras medidas, como la concesión generalizada de subsidios de movilidad por parte de los consejos regionales, el desarrollo de tarifas sociales para el teléfono y el servicio público de electricidad y la exención del canon de televisión. A continuación, se simulan los efectos de la introducción del ingreso de solidaridad activa (RSA), que sustituyó al RMI en 2009, y se analiza la forma en que se modificaron las transferencias locales o no obligatorias tras el aumento de las transferencias nacionales obligatorias. Se observa que el RSA elimina los desincentivos económicos de la reintegración al trabajo en lo que respecta a casi todas las localidades y tipos de hogares. En el presente artículo se demuestra que la tasa marginal de imposición del 38 por ciento adoptada por el Gobierno está muy cerca del límite superior compatible con el incentivo de la reintegración al trabajo.
La mayor parte de los países tienen planes de pensiones separados para los empleados del sector público. La carga fiscal futura de estos planes puede ser importante, ya que el gobierno es, por lo general, el mayor empleador, los compromisos de pensiones en el sector público tienden a ser relativamente generosos y los pagos futuros proceden, de modo directo, de los ingresos estatales (según el método de reparto) o se realizan mediante planes por capitalización (fondos de pensiones) que tienden a estar insuficientemente financiados. La valoración y la publicación de información relativa a estos compromisos de pensiones son poco transparentes en algunos países, lo que puede ocultar enormes obligaciones fiscales que podrían pasar a generaciones futuras de trabajadores. Para poder realizar una comparación equitativa entre países en lo relativo a la carga fiscal de sus planes de pensiones del sector público, en este artículo se recomienda utilizar un procedimiento uniforme para valorar y publicar la información sobre las obligaciones de pensión no capitalizadas, que permita mejorar la transparencia y la formulación de las políticas. Se ha realizado una estimación del valor razonable neto de las obligaciones no capitalizadas a finales de 2008 en una muestra de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta carga fiscal también se puede interpretar como la deuda implícita de pensiones en términos de su valor razonable.
Este artículo tiene por objetivo definir directrices básicas para facilitar el eventual diseño de un boletín de información que se enviaría a los cotizantes del sistema estatal de pensiones de España, en caso de adoptarse dicho instrumento. Inspirándonos de la experiencia internacional y de la investigación realizada en este ámbito por Jackson (2005), Larsson, Sundén y Settergren (2008) y Sundén (2009), investigamos el concepto de información individual sobre pensiones y determinamos sus principales características. Luego, describimos en detalle dos modelos de suministro de información individual sobre pensiones, el de los Estados Unidos y el de Suecia, haciendo hincapié en su estructura, en los aspectos mejorables y en sus limitaciones. Por último, presentamos algunas recomendaciones para el diseño del modelo español.
A tenor de las pruebas recopiladas en las encuestas realizadas a las organizaciones de la seguridad social y los organismos de recaudación de cotizaciones, uno de los objetivos principales de este artículo es compartir los conocimientos y las buenas prácticas adquiridas en la recaudación de cotizaciones y el cumplimiento del sistema. Aunque la recaudación de cotizaciones y el grado de cumplimiento del sistema tienen importantes dimensiones de protección social, política y fiscal, este artículo formula estos objetivos como aspectos de una buena gobernanza administrativa. Las pruebas recopiladas sugieren que hay siete factores fundamentales que suelen combinarse para que la recaudación de cotizaciones y el cumplimiento del sistema sean un éxito. Además de mejorar la adecuación de las prestaciones, la salud financiera y el prestigio público de los programas, este buen funcionamiento puede propiciar también una serie de iniciativas nacionales e internacionales para ampliar la cobertura de la protección social. En última instancia, el cumplimiento satisfactorio y el alcance de estos programas pueden venir determinados y condicionados por las condiciones generales de la política nacional, sobre las cuales la mayoría de las organizaciones de seguridad social ejercen una escasa o nula influencia.
Lograr que los empleadores cumplan con sus obligaciones hacia el seguro social es una tarea de gobernanza particularmente difícil para las economías emergentes con marcos reglamentarios frágiles. A partir de las observaciones cualitativas de ocho estudios de caso realizados en Shanghai (China), este artículo explica en detalle cómo los empleadores responden a los intentos del Estado de imponer el cumplimiento de las normas del seguro social. Las percepciones de los empleadores y sus respuestas a las políticas establecidas y a las estructuras reglamentarias dieron lugar a cinco temas: la construcción de una política efectiva, la igualdad de oportunidades, el control de costos, la reputación de la empresa y la contratación y retención de recursos humanos. Además, tres características empresariales afectarían la actitud de cumplimiento: los factores de riesgo, la composición de la mano de obra en función de sus cualificaciones y el tipo de propiedad. Anticipábamos que el tamaño de la empresa afectaría su cumplimiento con las obligaciones del seguro social, pero no se observó ningún modelo claro en ese sentido.
La forma en que los inversores institucionales afrontan las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ASG) en sus prácticas de inversión ha experimentado un gran cambio. Para los inversores públicos y privados, estas cuestiones se han convertido en parte de las prácticas corrientes de inversión que reflejan un mejor entendimiento de los importantes riesgos y oportunidades que representan y que deben ser examinados como parte de sus obligaciones fiduciarias. Algunos criterios ASG requieren un enfoque que va mucho más allá de las orientaciones tradicionales de simple selección que utilizaban los antiguos fondos especializados. Para ilustrarlo, hemos procedido a realizar un análisis detallado de las prácticas de los inversores en materia de cambio climático, que deben incluir una evaluación de riesgos y oportunidades a largo plazo, y de las estrategias que se han acometido para afrontarlos. También argumentamos que, dado que el papel de la política y la regulación es fundamental para modificar los intereses económicos a favor de inversiones encaminadas a reducir las emisiones de carbono, es fundamental entablar un diálogo estructurado entre los inversores y los responsables de la toma de decisiones para garantizar que se movilice el capital institucional necesario para apoyar los objetivos políticos encaminados a limitar el cambio climático, al mismo tiempo que se establece un marco en el que los inversores puedan realizar sus actividades de conformidad con su responsabilidad fiduciaria.
Entre todos los temas que se tratan en el mundo del trabajo, quizás ninguno refleje los principios del tripartidismo y el diálogo social mejor que el de la seguridad social. Por eso es natural preguntarse hasta qué punto han sido eficaces estos instrumentos fundamentales de la buena gobernanza y si se han estado utilizando para afrontar los importantes retos que actualmente están enfrentando los sistemas sociales en muchos países. El proceso de reforma de la seguridad social, especialmente el de la prestación de pensiones, ha ocupado un lugar destacado en el temario de muchos países en los últimos decenios, reflejando la incidencia que han tenido factores como la globalización y el envejecimiento demográfico. Recientemente, han surgido nuevas tensiones como resultado de la crisis financiera y económica mundial. La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) ha tratado de analizar y comprender estas cuestiones, mientras que el Departamento de Diálogo Social y el de Seguridad Social de la OIT han emprendido conjuntamente estudios tanto antes como después de la crisis económica. Las evidencias revelan resultados dispares. En una serie de países con sólidas tradiciones de diálogo social eficaz se ha reiterado su valía. Sin embargo, en otros países, sometidos con frecuencia a las presiones de graves tensiones económicas y demandas urgentes de las instituciones financieras internacionales (IFI) y otros organismos, los gobiernos han actuado, lamentablemente, de forma unilateral, algunas veces con bastante poca atención de las responsabilidades constitucionales. Los autores llegan a la conclusión de que existe tanto la necesidad como la posibilidad de renovar el enfoque a fin de asegurar un grado apropiado de voluntad y compromiso políticos en el proceso del diálogo social tripartito para tratar cuestiones políticas frecuentemente complejas y delicadas en el ámbito de la seguridad social.
Los gobiernos de muchos países están redefiniendo sus políticas y estrategias con miras a atender las profundas y crecientes necesidades de sus ciudadanos. Puesto que la eficacia de las nuevas políticas y estrategias depende exclusivamente de su aplicación, una buena gobernanza en la administración de la seguridad social es indispensable para alcanzar los resultados apetecidos. El artículo se centra en la práctica de una buena gobernanza en dos esferas de autoridad: a) la institución de la seguridad social, y b) el gobierno nacional. Con respecto a la institución de la seguridad social, estudiamos un marco genérico de gobernanza destinado a ofrecer un panorama general de los aspectos que intervienen en la aplicación de un programa de la seguridad social. El estudio se amplía hasta la esfera nacional con la finalidad de centrarse en la gobernanza de un sistema de la seguridad social. Desde este punto de vista, el presente artículo pone de relieve el papel fundamental que desempeñan los gobiernos en cuanto a la fijación de los objetivos generales del régimen de la seguridad social del país. Aboga por la designación de una autoridad nacional en materia de seguridad social que garantice la coherencia en la aplicación y el desarrollo de los diversos programas que comprende dicho régimen. Conviene llegar a una mayor sincronización entre la política de la seguridad social y las políticas de empleo y del mercado del trabajo con la que se estimule la sinergia y la eficacia de ambas en aras de facilitar el acceso a las oportunidades de trabajo en los diversos sectores de la economía formal, que es un factor clave para atajar la pobreza, poner freno a la exclusión social y favorecer un mayor acceso de las personas sin recursos a formas más integrales de protección social. La buena gobernanza garantizará mejor la contribución sostenible y duradera de la seguridad social al crecimiento y el desarrollo económicos.
En este artículo se analizan los desafíos que afronta el Nuevo Sistema del Fondo de Pensiones de la Función Pública en Taiwán, China. Menos de dos décadas después de su puesta en marcha, este nuevo sistema afronta desajustes financieros y es objeto de polémica por la generosidad de las disposiciones que regulan sus prestaciones. En primer lugar, el artículo presenta los diferentes sistemas de seguridad en la vejez existentes en Taiwán y se centra en los trabajadores de la función pública en general. A continuación, el artículo examina los desafíos financieros que afronta el sistema general de pensiones del sector público, incluido el aumento del coste de sus prestaciones para todos los contribuyentes. Por último, el artículo propone una serie de posibles orientaciones que el sistema general del sector público debería considerar al acometer las reformas, entre otras, la reducción del importe de las prestaciones, criterios más restrictivos de elegibilidad o el establecimiento de un nuevo sistema. En este último caso, toda propuesta de un nuevo sistema debe aspirar a realizar el objetivo de lograr solidez financiera a largo plazo y simultáneamente garantizar una ecuanimidad óptima entre todas las partes implicadas, incluidos los contribuyentes.