International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
En este artículo se examinan varias cuestiones administrativas en el marco de la protección social descentralizada en China, en concreto, cuáles son los principales obstáculos para extender la cobertura del seguro social a los trabajadores de la economía informal. En los dos últimos decenios, China ha logrado avances notables hacia la protección social universal desde que estableció este objetivo como prioridad en sus políticas nacionales. Sin embargo, la afiliación de los trabajadores de la economía informal al seguro social sigue siendo muy baja. En este artículo se examina la aplicación de la definición del concepto de informalidad de la Organización Internacional del Trabajo en el contexto chino y se ofrece una visión general de los seguros de pensiones y de salud existentes en el país asiático. Asimismo, se analizan los efectos de las relaciones fiscales intergubernamentales y de la protección social descentralizada de China en el sistema gubernamental de múltiples niveles. En el artículo se pone de relieve que, en un sistema de seguro social administrado de manera descentralizada, muchos trabajadores del sector informal deciden abandonar dicho sistema debido a las bajas prestaciones que reciben a cambio de los altos costos que supone el cumplimiento de las obligaciones, lo que da lugar a una cobertura desigual del seguro social para los trabajadores de la economía informal.
La mano de obra del sector informal crece en todos los países del mundo. Las transformaciones a escala mundial que han experimentado la estructura del empleo y los centros de trabajo se traducen en que, para muchos trabajadores empobrecidos el trabajo supone una fuente de riesgos y perjuicios para su salud. Sin embargo, los trabajadores del sector informal carecen de acceso a los mecanismos de protección social laboral. Afrontan riesgos elevados debido al trabajo que hacen, pero tienen pocas o ninguna vía de acceso a algún tipo de protección social digna ya sea de carácter formal o informal. Los programas de seguridad social centrados en los ciudadanos, tales como las transferencias de dinero en efectivo, no prestan suficiente atención a las necesidades de los adultos aptos para el trabajo. Además, la disciplina y la práctica del modelo tradicional de salud y seguridad en el trabajo (SST), que es un elemento necesario de la seguridad social laboral en general, no cubre los puestos de trabajo en el sector informal. En particular, los trabajadores informales más pobres no gozan de una buena posición para hacer uso de posibles intervenciones preventivas, ya que éstas les pueden acarrear una pérdida de ingresos a corto plazo. Una estrategia más integradora exigirá introducir cambios en los acuerdos institucionales por los que se rige la SST, y en su elaboración deberían participar especialmente las autoridades locales y las organizaciones de trabajadores informales que estén creando redes sectoriales con proyección internacional. A este respecto, se presentan ejemplos prometedores de reformas negociadas e integradoras en materia de políticas en SST. El mayor reto es crear una SST más amplia en la que los trabajadores informales estén incluidos como trabajadores, en vez de como ciudadanos vulnerables, que reúnen los requisitos únicamente para programas de protección social de lucha contra la pobreza, y en la que se aborden explícitamente medidas preventivas.
Mediante un inventario de las transferencias locales o no obligatorias proporcionadas en trece pueblos y ciudades francesas, en el presente artículo se ponen en consideración, ante todo, las ventajas que supone reintegrarse a trabajar para los beneficiarios de las prestaciones nacionales, obligatorias y sujetas a la verificación de recursos del ingreso mínimo de inserción (RMI), y del subsidio por progenitor único (API) por tipo de hogar y según datos anteriores a 2009. Las reformas de las prestaciones nacionales obligatorias llevadas a cabo durante la primera década del siglo xxi, en particular, las que afectaron a la bonificación fiscal por empleo (PPE), no lograron asegurar que los beneficiarios de las prestaciones sujetas a la verificación de recursos siempre obtuvieran una mejora económica al reintegrarse a trabajar. En la mayor parte de las localidades y para casi todos los tipos de hogares, aceptar un empleo a tiempo parcial remunerado con el salario mínimo representaba una pérdida de ingresos respecto a los que se hubieran obtenido de seguir acogiéndose a la protección social, y un empleo a tiempo completo no siempre resultaba rentable. Los efectos de las reformas fueron contrarrestados por los efectos de otras medidas, como la concesión generalizada de subsidios de movilidad por parte de los consejos regionales, el desarrollo de tarifas sociales para el teléfono y el servicio público de electricidad y la exención del canon de televisión. A continuación, se simulan los efectos de la introducción del ingreso de solidaridad activa (RSA), que sustituyó al RMI en 2009, y se analiza la forma en que se modificaron las transferencias locales o no obligatorias tras el aumento de las transferencias nacionales obligatorias. Se observa que el RSA elimina los desincentivos económicos de la reintegración al trabajo en lo que respecta a casi todas las localidades y tipos de hogares. En el presente artículo se demuestra que la tasa marginal de imposición del 38 por ciento adoptada por el Gobierno está muy cerca del límite superior compatible con el incentivo de la reintegración al trabajo.
En este artículo se analizan los desafíos que afronta el Nuevo Sistema del Fondo de Pensiones de la Función Pública en Taiwán, China. Menos de dos décadas después de su puesta en marcha, este nuevo sistema afronta desajustes financieros y es objeto de polémica por la generosidad de las disposiciones que regulan sus prestaciones. En primer lugar, el artículo presenta los diferentes sistemas de seguridad en la vejez existentes en Taiwán y se centra en los trabajadores de la función pública en general. A continuación, el artículo examina los desafíos financieros que afronta el sistema general de pensiones del sector público, incluido el aumento del coste de sus prestaciones para todos los contribuyentes. Por último, el artículo propone una serie de posibles orientaciones que el sistema general del sector público debería considerar al acometer las reformas, entre otras, la reducción del importe de las prestaciones, criterios más restrictivos de elegibilidad o el establecimiento de un nuevo sistema. En este último caso, toda propuesta de un nuevo sistema debe aspirar a realizar el objetivo de lograr solidez financiera a largo plazo y simultáneamente garantizar una ecuanimidad óptima entre todas las partes implicadas, incluidos los contribuyentes.