International Social Security Review, publicada por primera vez en 1948, es la principal publicación internacional trimestral del mundo en el ámbito de la seguridad social.
Con la promulgación del instrumento legislativo núm. 72 (2019), Zambia extiende la cobertura de las pensiones a los trabajadores de la economía informal. En este artículo se facilita información sobre las experiencias y perspectivas de los trabajadores domésticos y de los conductores de autobuses y taxis en relación con la cobertura del sistema de pensiones de Zambia. Se emplean datos generados a partir de entrevistas y grupos de discusión. El análisis demuestra que los sistemas de pensiones, diseñados normalmente para las personas empleadas de la economía formal, no son compatibles con los valores, las creencias y las necesidades de los trabajadores informales, y que la cobertura de las pensiones no es una prioridad para ellos. Como forma de innovación social, mejorar el acceso a las pensiones ha supuesto un beneficio relativo y ha carecido de incentivos para atraer a los trabajadores informales. En este artículo se propone un marco centrado en los miembros para iniciar la extensión de la cobertura de seguridad social a los trabajadores de la economía informal.
Mediante un inventario de las transferencias locales o no obligatorias proporcionadas en trece pueblos y ciudades francesas, en el presente artículo se ponen en consideración, ante todo, las ventajas que supone reintegrarse a trabajar para los beneficiarios de las prestaciones nacionales, obligatorias y sujetas a la verificación de recursos del ingreso mínimo de inserción (RMI), y del subsidio por progenitor único (API) por tipo de hogar y según datos anteriores a 2009. Las reformas de las prestaciones nacionales obligatorias llevadas a cabo durante la primera década del siglo xxi, en particular, las que afectaron a la bonificación fiscal por empleo (PPE), no lograron asegurar que los beneficiarios de las prestaciones sujetas a la verificación de recursos siempre obtuvieran una mejora económica al reintegrarse a trabajar. En la mayor parte de las localidades y para casi todos los tipos de hogares, aceptar un empleo a tiempo parcial remunerado con el salario mínimo representaba una pérdida de ingresos respecto a los que se hubieran obtenido de seguir acogiéndose a la protección social, y un empleo a tiempo completo no siempre resultaba rentable. Los efectos de las reformas fueron contrarrestados por los efectos de otras medidas, como la concesión generalizada de subsidios de movilidad por parte de los consejos regionales, el desarrollo de tarifas sociales para el teléfono y el servicio público de electricidad y la exención del canon de televisión. A continuación, se simulan los efectos de la introducción del ingreso de solidaridad activa (RSA), que sustituyó al RMI en 2009, y se analiza la forma en que se modificaron las transferencias locales o no obligatorias tras el aumento de las transferencias nacionales obligatorias. Se observa que el RSA elimina los desincentivos económicos de la reintegración al trabajo en lo que respecta a casi todas las localidades y tipos de hogares. En el presente artículo se demuestra que la tasa marginal de imposición del 38 por ciento adoptada por el Gobierno está muy cerca del límite superior compatible con el incentivo de la reintegración al trabajo.
En este artículo se analizan los desafíos que afronta el Nuevo Sistema del Fondo de Pensiones de la Función Pública en Taiwán, China. Menos de dos décadas después de su puesta en marcha, este nuevo sistema afronta desajustes financieros y es objeto de polémica por la generosidad de las disposiciones que regulan sus prestaciones. En primer lugar, el artículo presenta los diferentes sistemas de seguridad en la vejez existentes en Taiwán y se centra en los trabajadores de la función pública en general. A continuación, el artículo examina los desafíos financieros que afronta el sistema general de pensiones del sector público, incluido el aumento del coste de sus prestaciones para todos los contribuyentes. Por último, el artículo propone una serie de posibles orientaciones que el sistema general del sector público debería considerar al acometer las reformas, entre otras, la reducción del importe de las prestaciones, criterios más restrictivos de elegibilidad o el establecimiento de un nuevo sistema. En este último caso, toda propuesta de un nuevo sistema debe aspirar a realizar el objetivo de lograr solidez financiera a largo plazo y simultáneamente garantizar una ecuanimidad óptima entre todas las partes implicadas, incluidos los contribuyentes.