Los problemas de evasión y fraude en la seguridad social tienen un alto costo social y económico, crean desequilibrios en las cuentas de seguridad social y, en última instancia, provocan daños económicos que son perjudiciales para el funcionamiento y la competitividad de la economía nacional. Tienen además consecuencias políticas, ya que socaban la reputación de las instituciones que administran los programas de seguridad social. Se calcula que la evasión y el fraude causan un déficit de ingresos de entre un 3 y un 5 por ciento en los sistemas de seguridad social, y equivalen a hasta un 2 por ciento del producto interno bruto de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (RAND Europe, 2014). Estas cifras son probablemente más altas en los países con economías menos formales.