Universal health coverage (UHC) is a global health priority and access to health care services is one of the most important components of social security. The COVID-19 pandemic has once again highlighted the need for universal access to affordable care. Health care service delivery systems and financing methods have important repercussions for people in accessing and benefitting from health coverage. While national health insurance systems enable comprehensive and equitable access to health-care services in many countries, implementing them involves several challenges.

La rehabilitación es una cuestión fundamental para las personas y la seguridad social. Si bien ya había adquirido protagonismo en el contexto de las sociedades que envejecen, la pandemia de COVID-19 ha resaltado aún más la importancia del papel que desempeña la rehabilitación, ya que muchas de las personas que han contraído esta enfermedad necesitan ayuda para volver a una vida personal y profesional normal. Los programas de rehabilitación basados en un enfoque integral, que comprenden servicios de cuidados, asistencia para el regreso al trabajo y prestaciones sociales y que, al mismo tiempo, mejoran la cooperación entre los distintos actores, han demostrado ser los más prometedores para satisfacer de manera eficaz las crecientes necesidades de rehabilitación.

La telemedicina es una disciplina que se basa en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para la prestación de servicios médicos a distancia. A través de la misma, los profesionales de salud pueden llevar adelante actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los usuarios del sistema de salud, especialmente a quienes no pueden acceder a la atención de forma presencial.

Más de un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, la puesta en marcha de medidas para colmar las brechas en la cobertura de la seguridad social tanto nuevas como existentes, debidas a importantes perturbaciones en el mercado de trabajo, sigue ocupando un lugar central en las políticas de los gobiernos para minimizar los efectos negativos de la crisis y proteger los medios de vida de las personas.

Los sistemas de salud de todo el mundo están sometidos a una fuerte presión para contener y reducir la tasa de infección por COVID-19. En muchos países, la pandemia pone de manifiesto las importantes deficiencias y carencias de los sistemas de salud, que afectan a la capacidad de controlar la pandemia, estabilizar la situación sanitara y lograr la recuperación económica. Con el fin de garantizar el derecho a la salud para todos, es fundamental contar con estrategias y soluciones que ayuden a las instituciones de seguridad social a afrontar estos desafíos.

Desde hace más de un año, el brote de COVID-19 desestabiliza las economías y los sistemas de seguridad social de todo el mundo. El presente artículo se centra en las medidas adoptadas para garantizar los medios de subsistencia de las personas cuya relación laboral se ha visto interrumpida.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad, la salud y el bienestar, así como el papel que desempeñan las instituciones de seguridad social para ayudar a sus beneficiarios a atravesar la pandemia. Mediante el fomento de una cultura de la prevención, los gobiernos, los trabajadores, los empleadores y las instituciones de seguridad social contribuyen a construir un entorno de trabajo más seguro, saludable y productivo. Unos recursos humanos sanos refuerzan la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.

El cierre de los centros de cuidado infantil y las escuelas a causa de las medidas de confinamiento adoptadas a raíz de la pandemia de COVID-19 ha supuesto una carga importante para las familias, tanto para los niños como para sus progenitores, y especialmente para las madres. La pandemia ha vuelto a poner de manifiesto que las mujeres se ocupan mayoritariamente del cuidado de los niños y de las tareas domésticas, lo que plantea de nuevo las importantes cuestiones de la igualdad de género, los derechos de las mujeres a la seguridad social y su seguridad financiera y bienestar general (Doucet, Mathieu y McKay, 2020, p. 277).

Los sistemas de protección social han sido una de las herramientas más efectivas para atenuar las repercusiones económicas, sociales y sanitarias de la crisis de la COVID-19. Los gobiernos de todo el mundo han procedido con rapidez a ampliar y adaptar los regímenes existentes y a crear nuevas prestaciones para proteger el empleo, prevenir la pobreza e imponer medidas para proteger la salud. Las instituciones de seguridad social han innovado para responder rápidamente a las necesidades de los gobiernos y de la población, y han suministrado las prestaciones nuevas y existentes en un contexto difícil y sin precedentes.

Los gobiernos europeos han puesto en marcha planes de estímulo económico más amplios para dar respuesta a la segunda ola de COVID-19. En este contexto, se prorrogan las medidas consistentes en el aplazamiento temporal de la recaudación de las cotizaciones a la seguridad social y en la exención de obligaciones o la reducción de las tasas de cotización para algunos grupos de población. Hasta la fecha, 68 países han adoptado al menos una de estas medidas (monitor de la AISS sobre el coronavirus: medidas por país). En una comunicación de abril de 2020, la Comisión Europea respaldó estas medidas y las describió como una “valiosa herramienta para reducir las dificultades de liquidez de las empresas y preservar el empleo” durante la crisis provocada por la COVID-19 (EC, 2020a).

Al comienzo de la crisis de la COVID-19, la respuesta de los gobiernos fue muy importante, tanto en magnitud como en alcance, para amortiguar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Se puso rápidamente en marcha un conjunto de medidas de emergencia, entre las que se encontraban las transferencias de ingresos y las prestaciones por desempleo ad hoc, las ayudas específicas, las pruebas de COVID-19 gratuitas, la atención de salud subvencionada y otros programas de apoyo. En muchos países, los gobiernos se han apoyado en las instituciones de seguridad social para distribuir esas ayudas y prestaciones, en particular entre los grupos más vulnerables, como las personas con ingresos bajos, los trabajadores del sector informal, las mujeres, los migrantes y los jóvenes.

En todo el mundo, la pandemia de la COVID-19 revela las deficiencias de la cobertura de seguridad social. Los efectos de la crisis son particularmente graves en los países de ingresos bajos y medios, donde muchos trabajadores, en especial los del sector informal, no tienen acceso a ningún tipo de protección social. La crisis ha llevado a los gobiernos a establecer nuevas prestaciones de seguridad social con carácter de emergencia dirigidas a los grupos sin cobertura y a adoptar medidas rápidas de ampliación de los regímenes de seguridad social existentes para proteger a los grupos de población que están cubiertos, pero se consideran particularmente vulnerables.

En Europa, debido a la segunda ola del coronavirus, se han vuelto a introducir medidas de distanciamiento físico, restricciones de la actividad económica, el teletrabajo, toques de queda y confinamientos desde el mes de septiembre. Sin saber a ciencia cierta cuánto durará la crisis sanitaria y qué efectos colaterales tendrá en la economía, los gobiernos han evaluado de nuevo la situación de las prestaciones y medidas de seguridad social introducidas desde el inicio de la pandemia.

La pandemia de COVID-19 ha transformado drásticamente las modalidades de trabajo. El teletrabajo se ha adoptado o extendido en todo el mundo para reducir el riesgo de infección en el lugar de trabajo. Esta decisión también ha afectado a los trabajadores fronterizos de la Unión Europea (UE). Dado que suelen trabajar en un país y residir en otro, el hecho de trabajar desde casa puede influir en la legislación nacional de seguridad social que les es aplicable.

Italia fue uno de los países más afectados por la COVID-19 durante el primer semestre de 2020. Además del confinamiento general que se impuso a partir del 10 de marzo, se adoptaron medidas de seguridad social de amplio alcance para atenuar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis del coronavirus.  En marzo y abril se adoptaron dos decretos iniciales (“Decreto Cura Italia” y "Decreto Liquidez") que contenían medidas de emergencia, y, en mayo, entró en vigor un decreto ("Decreto de Relanzamiento") para apoyar la recuperación económica.

Los regímenes de desempleo parcial, también llamados en ocasiones regímenes de trabajo de jornada reducida, son uno de los principales mecanismos para reducir tanto el nivel de desaceleración económica brusca como sus repercusiones sociales y del mercado de trabajo. Tal y como indicó la AISS en marzo, estos regímenes, que permiten a los empleadores reducir de manera flexible los horarios de trabajo y la pérdida de ingresos se compensa con un seguro de desempleo, se ampliaron o se aplicaron por primera vez a gran escala poco después de la irrupción de la crisis del coronavirus. En muchos casos, resultaron  una medida esencial para amortiguar la crisis económica derivada de las restricciones impuestas por el confinamiento.

Para mitigar los efectos sociales de la crisis de la COVID-19, un número significativo de países ha adoptado medidas para poner en marcha transferencias monetarias temporales destinadas a los grupos de población en situación o en riesgo de pobreza. Estas medidas han respondido a las necesidades específicas de estos grupos vulnerables, que se ven afectados directamente por una reducción de las oportunidades de empleo o de sus ingresos. Además de apoyar a las familias de bajos ingresos, a los niños, a los trabajadores del sector informal y a las personas de edad avanzada sin ingresos o con bajas pensiones, también se ha pretendido mantener el consumo interno mediante una serie de programas de transferencias monetarias.

Los países del África del Norte reaccionaron con rapidez a la propagación del coronavirus. Declararon el estado de emergencia nacional, se impuso el confinamiento general y se cerraron las fronteras a partir de la aparición de los primeros casos de personas infectadas. También se pusieron en funcionamiento sistemas para realizar pruebas y supervisar sistemáticamente los casos confirmados. Además, se reforzaron y reconfiguraron los centros de salud y los hospitales a fin de mejorar la atención a los pacientes de COVID-19. Todo ello ha generado resultados satisfactorios en lo que se refiere al control de la propagación de la pandemia.

La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente a los trabajadores migrantes en todo el mundo, que son particularmente vulnerables debido a la insuficiencia de la cobertura de protección social. Es menester que los países de origen, de tránsito y de destino les presten ayuda. Si bien el tipo de apoyo específico depende de varios factores, la mayoría de los trabajadores migrantes, cualesquiera sean su situación migratoria y su condición jurídica, necesitan acceso a algún tipo de red de seguridad para atenuar la incidencia de la crisis. Varios gobiernos e instituciones de seguridad social han adoptado medidas para que los sistemas de seguridad social incluyan a los trabajadores migrantes en sus respuestas a la crisis. En un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) se presentan estas medidas.

Malta ha adoptado medidas tempranas para luchar contra la pandemia de COVID-19 y aplanar la curva de contagios. La preparación, el distanciamiento físico y la cuarentena, combinados con un extenso programa de pruebas de detección y rastreo de contactos, han permitido que Malta contenga la propagación del coronavirus.

Además de estas medidas de salud pública, Malta ha adoptado una serie de medidas de seguridad social para atenuar las consecuencias económicas y sociales, mantener a flote la economía, proteger los empleos y ayudar a los trabajadores y a las personas vulnerables.

Las medidas de seguridad social han desempeñado un papel fundamental en la atenuación de las repercusiones sanitarias, sociales y económicas de la COVID-19 en Francia. Cuando se declaró la emergencia sanitaria el 16 de marzo, se puso en marcha un conjunto amplio de medidas de seguridad social.

En la República Argentina se adoptaron  una serie de medidas muy importantes para dar respuesta a la crisis del COVID-19. Dentro de las mismas, se destacan los refuerzos económicos a las prestaciones de la seguridad social, un fortalecimiento de los canales de atención virtual de las instituciones y la puesta en marcha de medidas que contribuyen al sostenimiento del trabajo formal. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de dicho país, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Secretaría de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) cumplen un rol central en este esquema.