La resiliencia institucional y la necesidad de mantener la continuidad en la operación son conceptos ampliamente reconocidos en la seguridad social como principales características indispensables para poder proveer servicios a la población en caso de desastres naturales o eventos catastróficos imprevistos. Esto se ha manifestado a lo largo de los años en diferentes esfuerzos para robustecer procesos, infraestructura y en general los recursos que las instituciones tienen para poder hacer frente a las diferentes crisis.

Si bien las administraciones de la seguridad social han aplicado gradualmente estrategias digitales a lo largo de los últimos decenios, la crisis de la COVID-19 ha acelerado su proceso de transformación digital. La resiliencia y la escalabilidad de los sistemas digitales para dar respuesta a las necesidades sin precedentes pese a las limitaciones operativas ha tenido un efecto decisivo en la “digitalización por defecto” de las organizaciones. Este artículo se basa en las experiencias de las instituciones de seguridad social de Europa. 

Durante la pandemia de COVID-19, el aumento sin precedentes de la demanda de servicios de seguridad social desbordó los canales de prestación de servicios de las instituciones, tanto presenciales como en línea. El presente artículo aborda la importancia de la gestión de la continuidad de las operaciones en vista de la pandemia, y se basa en las buenas prácticas de las instituciones de seguridad social en Asia y el Pacífico.

La función de recaudación y cobranza de cotizaciones resulta fundamental para los sistemas de seguridad social debido a su impacto en la sostenibilidad de los mismos, así como en los niveles de cobertura de los trabajadores. Así lo expresan las Directrices de la AISS sobre la Recaudación y Cobranza de Cotizaciones (AISS, 2019): “Es necesario el pago oportuno e íntegro de las cotizaciones por o en nombre de los asegurados a fin de que estos perciban las prestaciones a las que tiene derecho por ley”.

Las prestaciones de enfermedad son un componente fundamental de la protección social de la salud. Promueven el derecho humano a la salud y la seguridad social, y previenen el empobrecimiento debido a la pérdida de ingresos durante la enfermedad. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las prestaciones de enfermedad para frenar la propagación de la enfermedad y garantizar la protección de los ingresos de las personas que la contraen. Al mismo tiempo, la pandemia ha sacado a la luz las deficiencias en la cobertura, así como algunas cuestiones fundamentales que hay que abordar para que las prestaciones de enfermedad cumplan su objetivo.

En la región de Asia y el Pacífico vive más del 60 por ciento de la población mundial. La pandemia destruyó millones de empleos y medios de vida. Sus efectos, y las medidas adoptadas por los gobiernos para combatirlos, han sido muy diferentes en los distintos países de la región. Si bien antes de la pandemia, 640 millones de personas vivían en una situación de pobreza multidimensional en la región, es posible que la pandemia haya duplicado esta cifra (CESPAP), BAsD y PNUD, 2021). Al igual que en otras regiones, la COVID-19 pone en peligro años de progreso hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), revirtiendo los avances conseguidos en la reducción de la pobreza (OIT, 2021a, p. 19).

La crisis de la COVID-19 obligó a los países de las Américas a adoptar medidas sin precedentes para proteger a la población, especialmente relativas a la Salud Pública y a la seguridad Social. En particular, frente a la imposibilidad de realizar sus actividades productivas debido de las medidas de confinamiento, los países desarrollaron un amplio conjunto de políticas destinadas a proteger a la población de la pérdida de ingresos debido a la reducción de las actividades económicas. Las medidas han sido variadas, e incluyen principalmente la protección del empleo, la activación de prestaciones de desempleo y la creación de programas sociales para proteger a las poblaciones más alcanzadas por la crisis, tales como los trabajadores independientes e informales.

El acceso efectivo a una protección social adecuada desempeña un papel fundamental en la promoción del desarrollo sostenible, la cohesión social y la resiliencia socioeconómica. Partiendo de esta constatación, a lo largo de los últimos decenios, los gobiernos africanos han reiterado su compromiso con la ampliación del alcance y la extensión de la cobertura de seguridad social a la gran mayoría de la población del continente. Sin embargo, las tasas de cobertura efectivas siguen siendo generalmente bajas y varían de un país a otro, y entre las distintas ramas de la seguridad social, debido al bajo porcentaje de la fuerza de trabajo que forma parte de la economía formal (OIT, 2017).

Saber interpretar los datos es un gran desafío para todas las organizaciones. En un entorno cada vez más dinámico en que se deben tomar decisiones oportunas y acertadas, el análisis de datos se ha convertido en una herramienta cada vez más importante. En particular, en el contexto de la COVID-19, el uso de tecnologías analíticas ha permitido a las instituciones mejorar la evaluación del impacto sanitario y social de la pandemia, así como los procesos de toma de decisiones.

La cobertura sanitaria universal representa una de las prioridades mundiales en materia de salud, y el acceso a los servicios de atención de salud es uno de los componentes más importantes de la seguridad social. La pandemia de COVID 19 ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad de un acceso universal a una atención asequible. Los sistemas de prestación de servicios de salud y sus métodos de financiación tienen importantes repercusiones en las personas que acceden a la cobertura sanitaria y se benefician de ella. Si bien los sistemas nacionales de seguro de enfermedad permiten ofrecer un acceso completo y equitativo a los servicios de atención de salud, en muchos países su implantación conlleva varios retos.

La rehabilitación es una cuestión fundamental para las personas y la seguridad social. Si bien ya había adquirido protagonismo en el contexto de las sociedades que envejecen, la pandemia de COVID-19 ha resaltado aún más la importancia del papel que desempeña la rehabilitación, ya que muchas de las personas que han contraído esta enfermedad necesitan ayuda para volver a una vida personal y profesional normal. Los programas de rehabilitación basados en un enfoque integral, que comprenden servicios de cuidados, asistencia para el regreso al trabajo y prestaciones sociales y que, al mismo tiempo, mejoran la cooperación entre los distintos actores, han demostrado ser los más prometedores para satisfacer de manera eficaz las crecientes necesidades de rehabilitación.

La telemedicina es una disciplina que se basa en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para la prestación de servicios médicos a distancia. A través de la misma, los profesionales de salud pueden llevar adelante actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los usuarios del sistema de salud, especialmente a quienes no pueden acceder a la atención de forma presencial.

Más de un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, la puesta en marcha de medidas para colmar las brechas en la cobertura de la seguridad social tanto nuevas como existentes, debidas a importantes perturbaciones en el mercado de trabajo, sigue ocupando un lugar central en las políticas de los gobiernos para minimizar los efectos negativos de la crisis y proteger los medios de vida de las personas.

Los sistemas de salud de todo el mundo están sometidos a una fuerte presión para contener y reducir la tasa de infección por COVID-19. En muchos países, la pandemia pone de manifiesto las importantes deficiencias y carencias de los sistemas de salud, que afectan a la capacidad de controlar la pandemia, estabilizar la situación sanitara y lograr la recuperación económica. Con el fin de garantizar el derecho a la salud para todos, es fundamental contar con estrategias y soluciones que ayuden a las instituciones de seguridad social a afrontar estos desafíos.

Desde hace más de un año, el brote de COVID-19 desestabiliza las economías y los sistemas de seguridad social de todo el mundo. El presente artículo se centra en las medidas adoptadas para garantizar los medios de subsistencia de las personas cuya relación laboral se ha visto interrumpida.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad, la salud y el bienestar, así como el papel que desempeñan las instituciones de seguridad social para ayudar a sus beneficiarios a atravesar la pandemia. Mediante el fomento de una cultura de la prevención, los gobiernos, los trabajadores, los empleadores y las instituciones de seguridad social contribuyen a construir un entorno de trabajo más seguro, saludable y productivo. Unos recursos humanos sanos refuerzan la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.

El cierre de los centros de cuidado infantil y las escuelas a causa de las medidas de confinamiento adoptadas a raíz de la pandemia de COVID-19 ha supuesto una carga importante para las familias, tanto para los niños como para sus progenitores, y especialmente para las madres. La pandemia ha vuelto a poner de manifiesto que las mujeres se ocupan mayoritariamente del cuidado de los niños y de las tareas domésticas, lo que plantea de nuevo las importantes cuestiones de la igualdad de género, los derechos de las mujeres a la seguridad social y su seguridad financiera y bienestar general (Doucet, Mathieu y McKay, 2020, p. 277).

Los sistemas de protección social han sido una de las herramientas más efectivas para atenuar las repercusiones económicas, sociales y sanitarias de la crisis de la COVID-19. Los gobiernos de todo el mundo han procedido con rapidez a ampliar y adaptar los regímenes existentes y a crear nuevas prestaciones para proteger el empleo, prevenir la pobreza e imponer medidas para proteger la salud. Las instituciones de seguridad social han innovado para responder rápidamente a las necesidades de los gobiernos y de la población, y han suministrado las prestaciones nuevas y existentes en un contexto difícil y sin precedentes.

Los gobiernos europeos han puesto en marcha planes de estímulo económico más amplios para dar respuesta a la segunda ola de COVID-19. En este contexto, se prorrogan las medidas consistentes en el aplazamiento temporal de la recaudación de las cotizaciones a la seguridad social y en la exención de obligaciones o la reducción de las tasas de cotización para algunos grupos de población. Hasta la fecha, 68 países han adoptado al menos una de estas medidas (monitor de la AISS sobre el coronavirus: medidas por país). En una comunicación de abril de 2020, la Comisión Europea respaldó estas medidas y las describió como una “valiosa herramienta para reducir las dificultades de liquidez de las empresas y preservar el empleo” durante la crisis provocada por la COVID-19 (EC, 2020a).

Al comienzo de la crisis de la COVID-19, la respuesta de los gobiernos fue muy importante, tanto en magnitud como en alcance, para amortiguar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Se puso rápidamente en marcha un conjunto de medidas de emergencia, entre las que se encontraban las transferencias de ingresos y las prestaciones por desempleo ad hoc, las ayudas específicas, las pruebas de COVID-19 gratuitas, la atención de salud subvencionada y otros programas de apoyo. En muchos países, los gobiernos se han apoyado en las instituciones de seguridad social para distribuir esas ayudas y prestaciones, en particular entre los grupos más vulnerables, como las personas con ingresos bajos, los trabajadores del sector informal, las mujeres, los migrantes y los jóvenes.