La crisis de la COVID-19 obligó a los países de las Américas a adoptar medidas sin precedentes para proteger a la población, especialmente relativas a la Salud Pública y a la seguridad Social. En particular, frente a la imposibilidad de realizar sus actividades productivas debido de las medidas de confinamiento, los países desarrollaron un amplio conjunto de políticas destinadas a proteger a la población de la pérdida de ingresos debido a la reducción de las actividades económicas. Las medidas han sido variadas, e incluyen principalmente la protección del empleo, la activación de prestaciones de desempleo y la creación de programas sociales para proteger a las poblaciones más alcanzadas por la crisis, tales como los trabajadores independientes e informales.

Effective access to adequate social protection plays a crucial role in promoting sustainable development, social cohesion and socioeconomic resilience. In recognition of this, African governments have expressed a renewed commitment to expand the scope and extend social security coverage to the vast majority of the population on the continent during the last decades. However, effective coverage rates remain generally low and vary within countries and across branches of social security due to low labour participation in the formal economy (ILO, 2017).

Saber interpretar los datos es un gran desafío para todas las organizaciones. En un entorno cada vez más dinámico en que se deben tomar decisiones oportunas y acertadas, el análisis de datos se ha convertido en una herramienta cada vez más importante. En particular, en el contexto de la COVID-19, el uso de tecnologías analíticas ha permitido a las instituciones mejorar la evaluación del impacto sanitario y social de la pandemia, así como los procesos de toma de decisiones.

La cobertura sanitaria universal representa una de las prioridades mundiales en materia de salud, y el acceso a los servicios de atención de salud es uno de los componentes más importantes de la seguridad social. La pandemia de COVID 19 ha puesto de manifiesto una vez más la necesidad de un acceso universal a una atención asequible. Los sistemas de prestación de servicios de salud y sus métodos de financiación tienen importantes repercusiones en las personas que acceden a la cobertura sanitaria y se benefician de ella. Si bien los sistemas nacionales de seguro de enfermedad permiten ofrecer un acceso completo y equitativo a los servicios de atención de salud, en muchos países su implantación conlleva varios retos.

La rehabilitación es una cuestión fundamental para las personas y la seguridad social. Si bien ya había adquirido protagonismo en el contexto de las sociedades que envejecen, la pandemia de COVID-19 ha resaltado aún más la importancia del papel que desempeña la rehabilitación, ya que muchas de las personas que han contraído esta enfermedad necesitan ayuda para volver a una vida personal y profesional normal. Los programas de rehabilitación basados en un enfoque integral, que comprenden servicios de cuidados, asistencia para el regreso al trabajo y prestaciones sociales y que, al mismo tiempo, mejoran la cooperación entre los distintos actores, han demostrado ser los más prometedores para satisfacer de manera eficaz las crecientes necesidades de rehabilitación.

La telemedicina es una disciplina que se basa en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para la prestación de servicios médicos a distancia. A través de la misma, los profesionales de salud pueden llevar adelante actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los usuarios del sistema de salud, especialmente a quienes no pueden acceder a la atención de forma presencial.

Más de un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, la puesta en marcha de medidas para colmar las brechas en la cobertura de la seguridad social tanto nuevas como existentes, debidas a importantes perturbaciones en el mercado de trabajo, sigue ocupando un lugar central en las políticas de los gobiernos para minimizar los efectos negativos de la crisis y proteger los medios de vida de las personas.

Los sistemas de salud de todo el mundo están sometidos a una fuerte presión para contener y reducir la tasa de infección por COVID-19. En muchos países, la pandemia pone de manifiesto las importantes deficiencias y carencias de los sistemas de salud, que afectan a la capacidad de controlar la pandemia, estabilizar la situación sanitara y lograr la recuperación económica. Con el fin de garantizar el derecho a la salud para todos, es fundamental contar con estrategias y soluciones que ayuden a las instituciones de seguridad social a afrontar estos desafíos.

Desde hace más de un año, el brote de COVID-19 desestabiliza las economías y los sistemas de seguridad social de todo el mundo. El presente artículo se centra en las medidas adoptadas para garantizar los medios de subsistencia de las personas cuya relación laboral se ha visto interrumpida.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad, la salud y el bienestar, así como el papel que desempeñan las instituciones de seguridad social para ayudar a sus beneficiarios a atravesar la pandemia. Mediante el fomento de una cultura de la prevención, los gobiernos, los trabajadores, los empleadores y las instituciones de seguridad social contribuyen a construir un entorno de trabajo más seguro, saludable y productivo. Unos recursos humanos sanos refuerzan la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social.

El cierre de los centros de cuidado infantil y las escuelas a causa de las medidas de confinamiento adoptadas a raíz de la pandemia de COVID-19 ha supuesto una carga importante para las familias, tanto para los niños como para sus progenitores, y especialmente para las madres. La pandemia ha vuelto a poner de manifiesto que las mujeres se ocupan mayoritariamente del cuidado de los niños y de las tareas domésticas, lo que plantea de nuevo las importantes cuestiones de la igualdad de género, los derechos de las mujeres a la seguridad social y su seguridad financiera y bienestar general (Doucet, Mathieu y McKay, 2020, p. 277).

Los sistemas de protección social han sido una de las herramientas más efectivas para atenuar las repercusiones económicas, sociales y sanitarias de la crisis de la COVID-19. Los gobiernos de todo el mundo han procedido con rapidez a ampliar y adaptar los regímenes existentes y a crear nuevas prestaciones para proteger el empleo, prevenir la pobreza e imponer medidas para proteger la salud. Las instituciones de seguridad social han innovado para responder rápidamente a las necesidades de los gobiernos y de la población, y han suministrado las prestaciones nuevas y existentes en un contexto difícil y sin precedentes.

Los gobiernos europeos han puesto en marcha planes de estímulo económico más amplios para dar respuesta a la segunda ola de COVID-19. En este contexto, se prorrogan las medidas consistentes en el aplazamiento temporal de la recaudación de las cotizaciones a la seguridad social y en la exención de obligaciones o la reducción de las tasas de cotización para algunos grupos de población. Hasta la fecha, 68 países han adoptado al menos una de estas medidas (monitor de la AISS sobre el coronavirus: medidas por país). En una comunicación de abril de 2020, la Comisión Europea respaldó estas medidas y las describió como una “valiosa herramienta para reducir las dificultades de liquidez de las empresas y preservar el empleo” durante la crisis provocada por la COVID-19 (EC, 2020a).

Al comienzo de la crisis de la COVID-19, la respuesta de los gobiernos fue muy importante, tanto en magnitud como en alcance, para amortiguar los efectos sanitarios, sociales y económicos de la pandemia. Se puso rápidamente en marcha un conjunto de medidas de emergencia, entre las que se encontraban las transferencias de ingresos y las prestaciones por desempleo ad hoc, las ayudas específicas, las pruebas de COVID-19 gratuitas, la atención de salud subvencionada y otros programas de apoyo. En muchos países, los gobiernos se han apoyado en las instituciones de seguridad social para distribuir esas ayudas y prestaciones, en particular entre los grupos más vulnerables, como las personas con ingresos bajos, los trabajadores del sector informal, las mujeres, los migrantes y los jóvenes.

En todo el mundo, la pandemia de la COVID-19 revela las deficiencias de la cobertura de seguridad social. Los efectos de la crisis son particularmente graves en los países de ingresos bajos y medios, donde muchos trabajadores, en especial los del sector informal, no tienen acceso a ningún tipo de protección social. La crisis ha llevado a los gobiernos a establecer nuevas prestaciones de seguridad social con carácter de emergencia dirigidas a los grupos sin cobertura y a adoptar medidas rápidas de ampliación de los regímenes de seguridad social existentes para proteger a los grupos de población que están cubiertos, pero se consideran particularmente vulnerables.

En Europa, debido a la segunda ola del coronavirus, se han vuelto a introducir medidas de distanciamiento físico, restricciones de la actividad económica, el teletrabajo, toques de queda y confinamientos desde el mes de septiembre. Sin saber a ciencia cierta cuánto durará la crisis sanitaria y qué efectos colaterales tendrá en la economía, los gobiernos han evaluado de nuevo la situación de las prestaciones y medidas de seguridad social introducidas desde el inicio de la pandemia.

La pandemia de COVID-19 ha transformado drásticamente las modalidades de trabajo. El teletrabajo se ha adoptado o extendido en todo el mundo para reducir el riesgo de infección en el lugar de trabajo. Esta decisión también ha afectado a los trabajadores fronterizos de la Unión Europea (UE). Dado que suelen trabajar en un país y residir en otro, el hecho de trabajar desde casa puede influir en la legislación nacional de seguridad social que les es aplicable.

Italia fue uno de los países más afectados por la COVID-19 durante el primer semestre de 2020. Además del confinamiento general que se impuso a partir del 10 de marzo, se adoptaron medidas de seguridad social de amplio alcance para atenuar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis del coronavirus.  En marzo y abril se adoptaron dos decretos iniciales (“Decreto Cura Italia” y "Decreto Liquidez") que contenían medidas de emergencia, y, en mayo, entró en vigor un decreto ("Decreto de Relanzamiento") para apoyar la recuperación económica.

Los regímenes de desempleo parcial, también llamados en ocasiones regímenes de trabajo de jornada reducida, son uno de los principales mecanismos para reducir tanto el nivel de desaceleración económica brusca como sus repercusiones sociales y del mercado de trabajo. Tal y como indicó la AISS en marzo, estos regímenes, que permiten a los empleadores reducir de manera flexible los horarios de trabajo y la pérdida de ingresos se compensa con un seguro de desempleo, se ampliaron o se aplicaron por primera vez a gran escala poco después de la irrupción de la crisis del coronavirus. En muchos casos, resultaron  una medida esencial para amortiguar la crisis económica derivada de las restricciones impuestas por el confinamiento.